El juicio oral y público contra Gutiérrez, actual asesor letrado de la Dirección Provincial de Transporte, se desarrolló la semana pasada durante tres audiencias. La imputación que pesaba contra él, de acuerdo al requerimiento fiscal, era que fue partícipe primario de la defraudación que ejecutó su esposa, Flavia Lorena Peñalva, ya que sin su colaboración la mujer no habría podido cobrar en el Banco de La Pampa 267 cheques de ese organismo por 624.260,42 pesos entre 1999 y 2003.

Hace un año, cuando ella fue condenada a 3 años y 8 meses de cárcel -luego el Tribunal de Impugnación Penal redujo la pena a tres años y evitó que volviera a prisión- por los delitos de fraude agravado, falsificación de instrumento privado y falsificación de cheques oficiales; su hermana Marta Mariana recibió 3 años en suspenso como partícipe primaria. En ese momento ambas quedaron como las únicas responsables del desfalco porque los otros imputados -familiares de ambas- ya habían quedado desvinculados del caso. Gutiérrez, en cambio, zafó de ser juzgado aquella vez porque había presentado un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia.

Ahora, durante el juicio, se le imputó que cobró un cheque del IPAV y que recibió transferencias de su mujer a sus cuentas bancarias por 13.000 pesos entre 2002 y 2003. El dijo que "no tuve nada que ver" y hasta juró por sus hijos que desconocía las maniobras defraudatoria que había realizado su esposa.

El fiscal Fernando Rivarola planteó en el alegato que la conducta de Gutiérrez no debía analizarse aisladamente, sino conjuntamente a la de Peñalva y sus familiares. Dijo que "no existe ninguna documentación respaldatoria" de que el cheque se usó para pagarle al estudio jurídico porteño Zorraquín, como declaró el imputado, y consideró que "no tiene ningún sustento" su argumento de que las transferencias de su mujer a sus cuentas bancarias fueron devoluciones de préstamos que él le había otorgado a su familia política, especialmente a su suegro.

"Es muy llamativo que haya transferencias de Peñalva (a Gutiérrez) casi inmediatamente (después) de recibir los cheques" otorgados como préstamos. "¿Para qué les prestaba el dinero si prácticamente se lo devolvían en forma inmediata?", planteó Rivarola.

La fiscalía sostuvo que Gutiérrez tuvo una participación primaria porque si no le hubiera prestado sus cuentas a su cónyuge, ésta no podría haber cometido el fraude. Agregó que hubo un ardid y que actuó con dolo para perjudicar al Estado pampeano. Pidió que sea condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva -por lo que la pena no sería excarcelable-, más la inhabilitación y una multa de 90.000 pesos ya que "actuó con ánimo de lucro". Estableció esa suma porque adujo que quedó probado que en año de convertibilidad usó 23.000 pesos para mejorar su vivienda, realizar viajes al exterior, comprar automotores y reparar la casa de su suegro.

Leandro Alvarez, abogado querellante en nombre del IPAV, adhirió al alegato del fiscal, y acotó que la participación de Gutiérrez fue imprescindible porque en la época del corralito si no hubiera prestado sus cuentas bancarias, Peñalva no podría haber utilizado dinero en efectivo.

Críticas y nulidad.

La defensora del imputado, Vanesa Ranocchia, apuntó en tres direcciones. Cuestionó fuertemente a los dos denunciantes, el ex tesorero del IPAV, Walter Raúl García, y la ex jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez ("ellos decidieron qué iban a investigar y qué iban a denunciar" e "hicieron una selección previa de la documental"); pidió la nulidad de la acusación fiscal por "falta de fundamentación suficiente y adecuada, porque lo que es nula y arbitraria"; y remarcó en varias ocasiones la inocencia de su cliente y socio porque "ya quedó establecido que Peñalva pudo cometer la defraudación absolutamente sola".

Con relación al cheque, Ranocchia expresó que "cobrarlo de por sí no es un delito" y agregó que llamativamente fue el único calificado de dudoso por el IPAV entre más de 250. Acotó que fue emitido correctamente porque Peñalva lo confeccionó, pero un empleado habilitado lo firmó.

"En la libreta de cheques aparece un único destinatario, el estudio Zorraquín. Darle el carácter de dudoso fue únicamente por no haberse encontrado la documentación respaldatoria, aunque los mismos denunciantes aclararon que en muchos casos los cheques no tenían ese respaldo; aunque cuando obtenían los cartulares en el banco deducían a qué pertenecían al observar quién los había cobrado", acotó la defensora. En ese contexto aseveró que "quedó demostrado el desorden, la desidia y la desprolijidad" del área contable de la Tesorería de Vivienda.

Más adelante, al referirse a las transferencias, Ranocchia consideró que es "absolutamente aleatorio" que un depósito apareciera al día siguiente de haber facilitado un cheque por un valor similar, y pidió identificar claramente esos movimientos y no formular una acusación genérica.

La defensa detalló que Gutiérrez recibió 21 transferencia entre 2002 y 2003. Veinte salieron de la caja de ahorro de Peñalva y la restante, por 900 pesos, de la de su hermana Marta. El total del dinero transferido fue 13.030 pesos. "El dio una explicación coherente de cada una de ellas, pero preguntarle ahora porqué le prestó 200 pesos a su suegro, tres años antes, es poco serio", fundamentó.

Rannochia argumentó que "no sé cuál fue el aporte" del imputado en el fraude y, tras preguntarse qué hubiera pasado si él no hubiera estado en escena, se respondió que el delito igual se hubiera cometido y se hubiera seguido cometiendo.

"Flavia Peñalva hizo 222 transferencias, sin embargo las otros personas que las recibieron no tuvieron el mismo trato que Gutiérrez. Nadie fue imputado de una participación primaria. Pareciera que debió conocer el accionar delicitivo de su esposa sólo por ser su marido. No resiste el menor análisis querer establecer sospechas por el hecho de recibir transferencias desde la cuenta de su mujer", concluyó la defensora.

La última palabra

Al final de la audiencia, el presidente del tribunal, Enrique Fazzini, le dio a Gutiérrez la última palabra. El imputado expresó que confía en la justicia y que lo que dijo su defensora de cómo había pasado los últimos años de su vida era verdad, en referencia al descrédito social y las sospechas de sus colegas, entre otras cosas. Además desmintió al fiscal de que haya sido visto en el Banco de La Pampa cobrando cheques del IPAV con Peñalva. Un detalle: al inicio, Fazzini había pedido brevedad. Ranocchia manifestó que "hace siete años que estamos esperando para demostrar la inocencia".