Un fallo judicial le da aire a López y pone contra las cuerdas al candidato de Cambiemos en Necochea

Un fallo judicial le da aire a López y pone contra las cuerdas al candidato de Cambiemos en Necochea

La implementación de una tasa portuaria, mediante la cual la municipalidad de Necochea recupera la inversión que le significa mantener y reparar caminos afectados por el intenso tráfico de camiones que se dirigen al puerto local, ha sido desde siempre un parteaguas de la política del distrito.

 

La historia marca que el gravamen se implementó en 2015 y que estuvo vigente hasta fines de 2017, pero las empresas se negaron sistemáticamente a abonarla. En 2018, tras enormes presiones desde la Provincia y la Nación, la el Gobierno municipal, a cargo de Facundo López, dirigente cercano a Sergio Massa, dejó de incluirla en la ordenanza fiscal e impositiva, pero no renunció a cobrar los montos adeudados.

La tasa implica unos 33 centavos de dólar por tonelada exportada. Algo así como 190 pesos al tipo de cambio actual. Las exportadoras se negaron a abonarlas hasta que la justicia intervino para confirmar su legalidad y embargó las cuentas de 28 empresas, la mayoría multinacionales de envergadura. Frente a ese marco, dos de esas firmas pagaron voluntariamente en las últimas horas.

La decisión de la Justicia significa un fuerte impulso para las arcas municipales, a las que ingresarían unos 200 millones de pesos, pero además implica una victoria política del intendente Facundo López, que se candidatea a la reelección por el Frente de Todos. Del otro lado, su contendiente, Arturo Rojas, recibe todo el impacto, ya que es el presidente del consorcio portuario.

El intendente lo celebró como un hecho “histórico” y lo enmarcó en la discusión del “modelo de país, provincia y municipio que queremos”. “Estas son las acciones que nos definen y que le demuestran a los vecinos de qué lado estamos”, agregó, en un mensaje que viralizó a través del whatsapp.

En diálogo con INFOCIELO, consideró que se trata, además, de una cuestión de “equidad tributaria” y que apunta a que “el que más tiene pueda contribuir con más aportes”. “Si al vecino le pedimos que pague ABL, al comerciante y a la pyme la tasa de seguridad e higiene, ¿por qué el puerto no puede contribuir?”, se preguntó, y adelantó que el aval judicial da un marco indicado para “volver a implementar” la tasa, en la próxima ordenanza fiscal impositiva.

Del otro lado, Rojas –que ganó las PASO de Cambiemos y fue, a la vez el candidato más votado en agosto- acusó el impacto y se llamó a silencio. INFOCIELO intentó contactarlo pero no logró una declaración sobre el tema.

Su posición es compleja: por un lado, fue su propio espacio, el partido FE, que integra la alianza Cambiemos, quien propuso e impulsó la creación de la tasa. Luego abogó por su derogación. Por su rol institucional, debe reunirse semanalmente en el directorio del Consorcio del Puerto –un organismo que recauda en dólares- y verse las caras con los representantes de las firmas que ahora deben millones en concepto de tasas adeudadas.

Ahora debe elegir entre defender el derecho a cobrar una tasa de parte del municipio que quiere gobernar o mantener su alianza con el sector exportador, que le permitió hacer campaña con promesas extravagantes, como la de pavimentar calles y accesos de la ciudad, algo que legalmente no está habilitado a hacer sin acordar previamente con el Municipio.

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