El Gobierno anunció la eliminación de subsidios a áreas de Belgrano, Recoleta, Palermo y San Isidro. Y que en enero deberán justificar si quieren mantenerlo en la zona norte de la Capital y el conurbano.
La quita de subsidios implicará subas en las boletas de gas de 300%, de 200% para el agua y de 150 a 300% en la luz. Para intentar sanear las cuentas fiscales, el Gobierno había dado el primer paso al eliminar los subsidios para bancos, casinos, financieras, hipódromos, aeropuertos y telefónicas. Hace dos semanas, las autoridades habían anunciado que 232 mil vecinos de Puerto Madero, Barrio Parque y countries tenían que pagar la tarifa plena de los servicios. Ayer, los funcionarios dieron a conocer qué otros barrios dejarán de recibir subsidios y también confirmaron las zonas de Capital Federal y la Provincia que tendrán que completar una declaración jurada desde el 1° de enero. Entre las quitas totales de los subsidios y las renuncias voluntarias, el Gobierno logrará ahorrarse 4.847,3 millones de pesos durante 2012.
Menos subsidios en Capital
Desde el 1° de enero, los vecinos de Belgrano R (4.292 hogares), el corredor Libertador (1.655), los que viven alrededor de la Plaza San Martín y en la zona del tradicional edificio Kavanagh (1.966), Recoleta (7.297) y las Torres Catalinas (3.539) tendrán que pagar la tarifa plena por el servicio de agua, luz y gas. En la misma situación se encontrarán las torres que tienen Salón de Usos Múltiples, pileta o gimnasio y que están ubicados en Retiro, o en una determinada zona de Núñez, Belgrano, Recoleta y Palermo.
Según las estimaciones del Gobierno, esta medida afectará a 20.611 domicilios y el Estado se ahorrará 111,8 millones de pesos anuales. De Vido aclaró que las personas que vivan en estas zonas, pero que cobren la jubilación mínima, tengan alguna discapacidad o sean beneficiarias de planes sociales, están en condiciones de pedir el mantenimiento del beneficio.
Recortes en la Provincia
El Gobierno también decidió que las personas que viven en La Horqueta, las Barrancas de San Isidro y Punta Chica (Victoria) tendrán que pagar la tarifa plena de sus servicios desde el 1° de enero. Según los números oficiales, en estas zonas hay 5.836 hogares y el ahorro previsto es de 25,1 millones de pesos.
Declaraciones juradas
De Vido también anunció que desde el 1° de enero una porción de los vecinos porteños y bonaerenses comenzarán a recibir una declaración jurada en la que deberán contestar si les parece que “merecen” seguir recibiendo subsidios o no. “Van a tener que poner datos ciertos porque esos datos no van a ser tomados como una verdad absoluta, sino que van a ser verificados”, aclaró el funcionario. Las personas que no respondan en los primeros 30 días, recibirán una carta documento. Si después de los dos avisos los usuarios no respondieron, pagarán el 100% por el servicio de agua, luz y gas. El Gobierno se basó en la escala que usa el Gobierno porteño a la hora de aplicar el impuesto del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para determinar qué vecinos recibirán esta declaración, dijeron, aunque la medida también se extiende al Gran Buenos Aires.
Según este criterio, desde el primer día hábil del año que viene comenzarán a llegar las cartas a los domicilios de Retiro y a una porción de los vecinos de Núñez, Belgrano, Recoleta y Palermo. También enviarán 16.908 declaraciones a los que vivan en una parte San Isidro y de Vicente López. El Gobierno podría ahorrarse, como máximo, 154 millones de pesos anuales si todas estas personas aceptan renunciar a los subsidios.
Puja con Mauricio Macri
De Vido y Boudou también anunciaron una reducción de los subsidios para el Gobierno porteño desde el 1° de enero. Fue en medio de críticas a la administración de Mauricio Macri, que sólo se empardaron con los comentarios despectivos sobre los medios.
Según los ministros, los organismos de la Ciudad de Buenos Aires, el Alumbrado Público y las Autopistas porteñas tendrán que pagar la tarifa plena de sus servicios. Con esta medida, la Nación especula con ahorrarse 230,5 millones de pesos anuales. Boudou justificó esta decisión a partir de los incrementos que se registraron en el ABL. “No es razonable que si un Gobierno cobra un aumento a los usuarios siga manteniendo el subsidio del Gobierno nacional, (sería) un enriquecimiento sin causa”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda.



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