El duro plan de ajuste aprobado el viernes pasado por Roma, que establece recortes por 64.700 millones de dólares en dos años, fue bien recibido por la Comisión Europea (CE), el ejecutivo colegiado de la UE. "Ahora es necesario buscar el consenso más amplio sobre las reformas, para asegurar su rápida aprobación en el Parlamento", afirmó ayer un vocero de la UE.

La Comisión, según agregó al funcionario, espera conocer "los detalles del paquete de medidas aprobado, así como mayores informaciones sobre las iniciativas para expresar una valoración política más adecuada".

El presidente de la UE, Herman van Rompuy, afirmó en un comunicado que las medidas decididas por el gobierno de Berlusconi "resultan cruciales no sólo para Italia, sino para toda zona euro" y las definió como "oportunas y rigurosas".

Antes de obtener el visto bueno de la CE, el primer ministro italiano había conseguido en las últimas 48 horas el apoyo clave tanto de la canciller alemana, Angela Merkel, como del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, con los que habló por teléfono.

Merkel se reunirá mañana en París con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para intentar elaborar propuestas comunes sobre la reforma de la gobernabilidad de la zona euro, en momentos en que ambos países tienen ideas diferentes para intentar encontrar soluciones de fondo y evitar una posible desaparición de la eurozona. En una clara muestra de las algunas de las diferencias que podrían surgir durante la cumbre, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schauble, advirtió ayer que no habrá "una salvación a cualquier precio" para los países en problemas.

A pesar del consenso en el alto nivel europeo que obtuvo el ajuste italiano, las severas medidas anunciadas por el gobierno para lograr equilibrar las cuentas públicas en 2014 siguen despertando fuertes críticas en Italia, incluso dentro de la misma mayoría oficialista.

Los opositores aseguran que las medidas -que incluyen recortes del gasto, despidos y alzas de impuestos, entre ellos el "gravamen solidario" para los contribuyentes de ingresos altos-, estrangularán la economía italiana, que está estancada, y según los pronósticos cerrará el año con un crecimiento de apenas el 1%. Para los próximos tres años, se prevé un alza adicional del 5% del impuesto a los contribuyentes, con ingresos superiores a los 128.250 dólares, y del 10% para los que ganen 213.700 dólares.

El ministro para la Simplificación Legislativa, Roberto Calderoli, advirtió ayer: "El texto del plan puede ser modificado sólo si no se cambian sus cifras. Hay que tener en cuenta que, si lo desmontamos, el riesgo que se corre es sencillamente el default económico del país".

Antonio Di Pietro, ex fiscal anticorrupción y actual líder de Italia de los Valores (IV), recordó que su partido propuso algunas medidas en la misma línea pero que en el Parlamento tanto el oficialista Partido del Pueblo de la Libertad (PDL) como el opositor PD (Partido Democrático) se negaron a votarlas.

Dentro del mismo PDL, un grupo de nueve legisladores, liderados por el ex ministro Antonio Martino, emitieron un comunicado en el que definen como "decepcionante" el plan presentado el viernes por Berlusconi y el ministro de Economía, Giulio Tremonti.

En este contexto, el mayor sindicato de Italia amenazó ayer con convocar a una huelga general en protesta contra el plan de austeridad. Susanna Camusso, que encabeza el sindicato CGIL, censuró las medidas dirigidas a la liberalización del mercado laboral en Italia y contra el sistema de pensiones. Dijo que una huelga es la única alternativa para "cambiar la inequidad de este plan de austeridad".