Es de diciembre de 2009, pero no salió en el Boletín Oficial para evitar un escándalo.
Así lo confirmó Clarín que tuvo ayer acceso exclusivo a la resolución 464 del Ministerio de Economía, que autoriza esta intromisión a la privacidad de los calificados empleados de carrera del palacio de Hacienda.
La orden tiene fecha del 30 de diciembre del 2009, pero se puso en marcha en los últimos meses con la creación de “grupo especial” para controlar a los funcionarios. Se llama “Grupo de Internet del proyecto de informática del Ministerio de Economía”.
La difusión que hizo Clarín de la medida secreta generó una fuerte repercusión en el Palacio de Hacienda. Los empleados se sienten atemorizados y amedrentados por parte del ministro Boudou, ya que son obligados a aceptar por escrito la violación de su intimidad.
Pero también se generó un fuerte rechazo político tras la publicación de este diario: los principales dirigentes de la oposición condenaron las prácticas del ministro y anticiparon su decisión de acudir a la Justicia y al Congreso. En el primer caso, para denunciar penalmente a Boudou. Y en el segundo, para exigirle que se presente ante los legisladores para informar sobre las razones de la controvertida medida (ver La oposición ...).
La polémica también llega hasta la Justicia , ya que hay al menos dos corrientes contrapuestas sobre las atribuciones que puede tener un empleador sobre la correspondencia privada de un empleado. Algunos ponen a la privacidad como un derecho prioritario de las personas y otros lo relegan a un segundo plano.
La intromisión en los correos electrónicos y archivos personales está reglamentada en un texto de sólo 9 artículos, pero que se complementa con cuatro anexos .
En total t iene 20 carillas y justifica la decisión de aplicar un régimen para “regularizar y ordenar” el sistema de computación del palacio de Hacienda. Con ese justificativo se estableció un sistema de intromisión informativo en la vida de los funcionarios para detectar filtraciones y controlar acciones privadas de determinados funcionarios de carrera que no comparten la visión de Boudou y son críticos del equipo económico.
El artículo clave de la resolución es el 5, el cual “establece la Política de Uso Aceptable de Correo Electrónico y Uso de Claves ( ….) conforme los lineamientos que como Anexo III forma parte integrante de la presente medida”. Ese anexo lo faculta a vigilar el correo y abrir los archivos de los funcionarios. También dispone controlar las claves de acceso y prohíbe usar cuentas personales de correo para eludir el control. Tiene cuatro carillas, entre los folios 246 y 249. Se llama “Política de Uso Aceptable de Correo Electrónico, uso de Claves de Acceso a redes Internas y Sistema e Instalación de Hardware o Software” (ver facsímil) El documento lleva sólo la firma de Amado Boudou. El seguimiento al personal se hace a través de un “Comité “ de control, que se organizó con la contratación de 60 personas por parte de Amado Boudou.
La Resolución 464 tiene un total de 20 carillas, de las cuales la mayoría son los Anexos. Justamente, el anexo III es el que contiene precisiones sobre el control de los mails, los archivos personales y la asignación de claves de acceso a Internet. Este facsímil muestra los dos primeros folios del anexo con los títulos de cada capítulo.
La oposición critica y acude a la Justicia
Referentes de la oposición cuestionaron con dureza a Amado Boudou a partir de lo revelado ayer por Clarín, y desde la Coalición Cívica adelantaron que harán una presentación para que la Justicia lo investigue por presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Juan Carlos Morán, diputado del espacio liderado por Elisa Carrió, hará la presentación ante la Justicia Penal Federal. “Es absolutamente repudiable más allá de que, viniendo de un Gobierno que pincha los teléfonos de los periodistas que no son adictos y de los legisladores opositores, no nos sorprende”, aseguró. Pedirán que se investigue si la resolución viola el artículo 19 de la Constitución y el artículo 248 del Código Penal, que establece de un mes a dos años de prisión y el doble de inhabilitación para “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales”.
Para Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical en la Cámara baja, se trata de un hecho “funesto”: “Los correos electrónicos están equiparados a la correspondencia privada, que tiene expresa protección constitucional. Cabe esperar que, si se ha adoptado una decisión de esa índole, sea rectificada inmediatamente”. Juan Tunessi, diputado de la UCR, adelantó que presentará un pedido de informes “para dilucidar el avasallamiento de los derechos individuales”.
Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal, pidió su renuncia: “Es un delito, y demuestra la inseguridad del ministro. En un gobierno que se llama democrático, debería renunciar inmediatamente”. También lo cuestionó Claudio Lozano, de Proyecto Sur, que había tenido un cruce con Boudou por la detención de uno de sus colaboradores, Roberto Larrosa: “Esto ratifica sus métodos de carácter policial, por su inseguridad en el manejo de gestión y en lo relativo a sus negocios, como el canje, el uso de los fondos previsionales y la compra de autos”.
Antecedentes
Clarín publicó ayer en forma exclusiva que el ministro de Economía, Amado Boudou, había firmado una resolución por la cual se atribuía la facultad de espiar el correo electrónico de empleados y funcionarios.
La difusión de la noticia generó un rechazo inmediato en distintos sectores políticos y sociales, ya que se considera que la medida representa una violación de la intimidad de las personas.
El Ministerio de Economía ningún funcionario accedió a emitir una opinión oficial sobre el tema, pese a la gran cantidad de consultas periodísticas que recibió ayer.
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