La Corte Suprema de Justicia firmó un histórico fallo que puede apurar las decisiones para que el río Atuel llegue a nuestra provincia: definió que tramitará su competencia originaria (es decir que se abocará a definir la problemática judicial sin más trámite) y emplazó a las provincias de Mendoza y La Pampa y al Estado Nacional a que den explicaciones sobre el asunto.

La resolución que se conoció este miércoles es histórica no sólo para nuestra provincia sino en lo que hace al ámbito de la justicia ambiental. “Es una suerte de nuevo caso Riachuelo”, comparó el abogado Andrés Gil Domínguez en diálogo con El Diario, al confirmar la decisión del máximo organismo judicial del país.

Gil Domínguez motorizó esa causa junto a su colega Miguel Palazzani, pese a que el gobierno provincial ignoró la causa y se desinteresó por ese expediente que avanzó en la Corte y que el máximo organismo tramitará, de acuerdo a lo resuelto en estas horas.

El fallo lleva las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.

En síntesis, el fallo declara que la Corte va a tramitar la causa en su competencia originaria. Corre traslado por 60 días a Mendoza para que conteste sobre la demanda, que apunta al daño ambiental generado por la provincia cuyana. También se cita para que comparezcan al Estado Nacional y a la Provincia de La Pampa (con el mismo plazo).

Mendoza, La Pampa y el Estado Nacional tendrán que informar sobre numerosas cuestiones que hacen a la realización de las obras, el financiamiento de esos emprendimientos, la celebración de convenios entre provincias y el financiamiento por parte del Estado federal respecto de soluciones concretas y específicas para que el río Atuel corra por la provincia de La Pampa.

Entre los interrogantes que le formula a Mendoza, se incluye si el convenio que se firmó el 7 de agosto de 2008 fue ratificado por Legislatura, o cuáles fueron las gestiones realizadas a tal fin. También hace consultas puntuales sobre obras de impemeabilización o en los canales marginales del Atuel, con el concreto objetivo de que se destine agua a La Pampa. En todos los casos la Corte exige la presentación de informes ambientales, diseño de redes y otras precisiones concretas que demuestren la voluntad de avanzar en una decisión.

A La Pampa se le pregunta si existe la autorización legislativa para que la Provincia realice inversiones en territorio mendocino. Y al Estado Nacional se le pregunta –entre otras cosas– si ha otorgado financiamiento a las provincias para que se concreten las obras previstas en el convenio de 2008.

Por otro lado, la Corte rechazó la medida cautelar solicitada en el mismo expediente, que buscaba que mientras se define la cuestión de fondo el Atuel corra por La Pampa. En ese sentido, el máximo organismo determinó que podría ser una decisión prematura al menos hasta escuchar la posición oficial de Mendoza.