Según pudo saber PERFIL, el funcionario se comunicó esta semana con los gobernadores de dos provincias y los presionó para que controlen con mayor efectividad los precios de los comestibles. La respuesta, en todos los casos fue la misma: los mandatarios provinciales aseguraron que “no hay muchos que puedan hacer” para controlar los aumentos en las góndolas, más allá de las claras señales que se intentan transmitir por medio de las inspecciones de AFIP.

“No hay una ley que permita sanciones en ese sentido”, dicen fuentes de Economía.

Ese vacío legal, explicaron, buscaría ser cubierto con una especie de Ley de Precios Máximos, que podría tomar forma con la modificación del inciso vigente de la ley de Abastecimiento elaborada en el año 1975.

Esa norma le brindaría a Moreno una herramienta jurídica mucho más contundente para poder controlar y sancionar a las empresas que no cumplan con los precios máximos o acordados.

En forma paralela, en el territorio bonaerense el debate en torno a la inflación se canaliza, por el momento, en el ámbito legislativo.

Los senadores del Frente para la Victoria reclamarán al gobernador Daniel Scioli que “continúe con la aplicación y la difusión de las políticas de acuerdos de precios (…) y promueva acciones de aplicación local en todos los municipios”.

La propuesta, impulsada por Luciano Martini, Cristina Fioramonti y Patricio García, entre otros, destaca que “resulta sumamente necesario que las oficinas de Información al Consumidor Municipales funcionen de manera coordinada con la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de la Producción, para poder aplicar de manera clara y concisa el acuerdo al que arribó el Gobierno nacional con las cadenas de supermercados y electrodomésticos”.

En suma, el comunicado de los legisladores –que no menciona la palabra “inflación”– busca que la administración sciolista contribuya promoviendo la aplicación de estos acuerdos entre la Nación y las grandes cadenas en los 135 municipios bonaerenses.