La Casa Rosada se arma para enfrentar a partir de esta semana una contienda clave: el intento opositor de quitarle el manejo discrecional de recursos tributarios y, así, comenzar a minarle el vínculo con los gobernadores. Después de los últimos traspiés legislativos, el arco no oficialista buscará el miércoles avanzar en la modificación del reparto del Impuesto al Cheque en favor de las provincias, lo que obligaría al Estado nacional a ceder más de 11.500 millones de pesos anuales.

El plan del Gobierno para contrarrestar la cruzada anti-K consta de tres pasos, según confiaron a este diario funcionarios y legisladores oficialistas: 1) no ceder y denunciar el afán de "desfinanciar" a la Nación; 2) negociar con cada mandatario las deudas provinciales; y 3) una tibia promesa de debatir una nueva ley de coparticipación para agitar la bandera del "federalismo", un tema que abre grietas entre los gobernadores. Como recurso de última instancia, Cristina Fernández vetará una norma que cambie la matriz del gravamen a los créditos y débitos bancarios, sancionada en 2001.

"No nos parece correcto modificar, entre gallos y medianoche, un ingreso que está contemplado en el ejercicio 2010", explicó a Crítica de la Argentina el ministro del Interior, Florencio Randazzo. En la misma línea, el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque oficialista, consideró que no es "serio" cambiar un tributo en forma aislada y propuso un debate más amplio sobre los "niveles de coparticipación".

Más que nunca, por estas horas, Néstor Kirchner, en diálogo permanente con los gobernadores, advierte sobre los "riesgos" de respaldar la propuesta opositora. A cambio, como ha venido ocurriendo, ofrece arreglar, una por una, las necesidades de financiamiento de cada jurisdicción. Un ejemplo actual es el de Corrientes. Hay encomiables esfuerzos por encolumnar con el oficialismo a los senadores Josefina Meabe y Eugenio "Nito" Artaza, justo cuando el mandatario radical Ricardo Colombi está cerrando un Programa de Acuerdo Financiero con la Nación. El cómico de revista intenta un fino equilibrio entre los intereses de su partido y de su gobernador.

"A quien haya que ayudar, ayudaremos. Pero lo vamos a manejar nosotros, no la oposición", reconoció a este diario una fuente oficial. El otro argumento para enrolar voluntades es el flujo de fondos extracoparticipables enviados al interior, que representan el grueso de los recursos recibidos por las provincias. Ese concepto incluye los planes de vivienda y de infraestructura en general. "La cuenta es fácil. Si quieren mayor coparticipación por el Impuesto al Cheque, entonces que se hagan cargo de las obras. Ningún gobernador, sobre todo de los más complicados económicamente, prefiere eso", graficó un legislador kirchnerista que suele monitorear los temas económicos en el Congreso.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo ensayará un discurso "federalista" para contrarrestar los dardos que vendrán desde la oposición. Así, recordarán que la Presidenta, vía un decreto de necesidad y urgencia, creó el año pasado el Fondo Solidario, por el que se coparticipa parte de las retenciones de la soja. En total, se distribuyeron casi 7.000 millones de pesos, una cifra que este año –si se cumple con la expectativa de cosecha récord– se acercará bastante al monto que involucra la modificación de la Ley 25.413.

En el Senado, la discusión promete ser complicada. Pichetto ya envió una alerta roja a Balcarce 50. En la última reunión de la bancada, varios legisladores propios manifestaron preocupación por quedar como "antiprovincia". Según revelaron a este diario fuentes del Frente para la Victoria, entre los que pusieron reparos están el jujeño Guillermo Jenefes, el mendocino Rolando Bermejo y el sanjuanino César Gioja.

Pasado mañana habrá reunión de labor parlamentaria para acordar los temas de la sesión del día siguiente. Envalentonado con la media victoria del miércoles pasado, el oficialismo pedirá tratar el pliego de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. La oposición hará lo propio con el Impuesto al Cheque, causa para la que estima tiene la mayoría especial de 37 votos para darle la media sanción.

Para el conglomerado no oficialista, ganar la pulseada del cheque es simbólica: creen que es el primer paso para corroer el esquema de dependencia de los gobernadores a Olivos. El dictamen que la oposición pretende aprobar establece que la recaudación por el gravamen debe ir 54% a las provincias y 42% a la Nación.

Esta propuesta es respaldada por la UCR, el PS, la Coalición Cívica y el PJ disidente, incluido el pampeano Carlos Verna, quien se ha erigido en árbitro de todas las peleas al definirse como convenientemente "autónomo".

De aprobarse en la Cámara alta, el proyecto seguirá su trámite en Diputados, donde la situación es más adversa para el Gobierno. El santafesino Agustín Rossi, conductor del bloque K, apuntará a las contradicciones ajenas, según anticipó a este diario: "Por un lado, dicen que no utilicemos reservas para pagar deuda, que saquemos de los recursos corrientes. Pero, por otro, quieren recortar la recaudación del Estado nacional".