Por Lucio Di Giuseppe

Con el envión obtenido tras las victorias legislativas en las sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei afina un paquete de reformas electorales de alto voltaje. El grueso del proyecto surge de los capítulos de la Ley Bases que la Casa Rosada tuvo que entregar en su negociación con la oposición hace dos años.

 La reforma electoral de Javier Milei

Al frente de la task force que puntea artículo por artículo la letra chica del proyecto está la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, espada jurídica del asesor estrella Santiago Caputo, que cuenta con la asistencia de los equipos electorales de La Libertad Avanza. Si bien trascendió que Karina Milei está al tanto de los avances y aportó definiciones, los equipos que responden a Lule Menem casi no tuvieron contacto con las reformas. La interna entre dos de los vértices del triángulo de hierro está apagada, pero sigue ahí, latente.

El deadline autoimpuesto por el Gobierno es marzo. Acostumbrados a aprovechar cada instancia para ponerla al servicio del relato, el objetivo es que la enmienda electoral forme parte de los anuncios que el Presidente formule en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, dará el puntapié inicial a la segunda etapa de su gestión. La Casa Rosada va por todo: desde el financiamiento de los partidos políticos hasta la cantidad de bancas por provincia en la Cámara de Diputados, el proyecto mete mano en temas de alto impacto. No parece posible que la iniciativa tenga luz verde sin modificaciones.

Las PASO, ¡afuera!

Entre las modificaciones que analiza la iniciativa libertaria figura un tercer intento por eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La supresión de las PASO estuvo incluída en el primer proyecto de la Ley Bases, cuando no fue aprobada, y luego se quiso sumar en la Ley de Fortalecimiento Electoral, pero sólo se lograron mayorías para suspenderlas en 2025. Ahora, el Ejecutivo quiere que la tercera sea la vencida y va por su eliminación permanente, en pos de “bajar el gasto electoral” y “fortalecer la vida interna de los partidos”.

Justamente, otro de los cambios tiene que ver con el régimen de partidos políticos. El Gobierno quiere elevar la cantidad de afiliaciones exigidas para constituir un sello de orden nacional en un distrito. Hoy es del 5% del padrón. También busca aumentar la cantidad de distritos en los que es necesario tener un partido para poder crear un sello nacional, un requisito fijado hoy en cinco distritos.

María Ibarzábal Murphy.

El proyecto también mete mano en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, en busca de emular el modelo estadounidense. Así las cosas, se habla de elevar los topes de donación individual y de ablandar los requisitos para permitir el aporte de personas jurídicas. La Casa Rosada pretende además incrementar el tope de gastos que puede realizar un partido político y, de la mano de esa idea, eliminar los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que asigna la Dirección Nacional Electoral.

Uninominalidad, otro intento

La Cámara de Diputados es el ámbito donde se planean las modificaciones más audaces y, por consiguiente, las que requieren un consenso más complejo de reunir. En su borrador de reforma electoral, la Casa Rosada vuelve a la carga con la uninominalidad. Al igual que en la Ley Bases, propone dividir las provincias en circunscripciones, tantas como bancas tenga el distrito. En ese modelo, al estilo estadounidense, cada circunscripción elige un representante.

La clave del sistema uninominal está en el diseño de las circunscripciones. La tentación del gerrymandering -moldear una división que beneficie a una fuerza política- está a la vuelta de la esquina. Por ahora, no hay precisiones, aunque el proyecto de Ley Bases aporta pistas: en ese texto, el gobierno libertario pretendía que la división la hiciera el Poder Ejecutivo con el Censo 2022 como insumo. Además, imponía un requisito de igualdad poblacional entre circunscripciones con un tope de 3% de diferencia entre una y otra.

Barajar y dar de nuevo en Diputados

La uninominalidad va de la mano de la idea de recalibrar la cantidad de bancas que le corresponde a cada provincia en la cámara baja. Hoy, la ley otorga un escaño cada 161 mil habitantes -o fracción no menor a 80 mil- y todos los distritos tienen un mínimo de cinco bancas. Son reglas establecidas por el decreto del dictador Reynaldo Bignone que convocó a elecciones en 1983. La Casa Rosada quiere bajar el mínimo -se habla de solo dos escaños por distrito- y elevar la fórmula -en el proyecto de Ley Bases había propuesto una banca cada 180 mil habitantes o fracción no menor a 90 mil-.

De esta manera, las provincias más pobladas ganarían representación en Diputados en desmedro de las más chicas. Por ejemplo, Buenos Aires se acrecentaría en unos 30 escaños; Córdoba, en 4; y Santa Fe, Salta y Mendoza sumarían una banca. Del otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería la que más perdería -entre 8 y 10 asientos-; seguida por Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que quedarían con el mínimo de dos escaños.