Tras la desactivación de la campaña destituyente contra la presidenta Dilma Rousseff, expresada el domingo en importantes actos de protesta que, sin embargo, fueron significativamente menores que otras manifestaciones previas, el juez Luis Roberto Barroso, uno de los más prestigiosos miembros del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), cuestionó duramente a los partidos políticos y a los medios que impulsan un juicio político (impeachment) contra la mandataria. Mientras, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó los atentados contra locales del Partido de los Trabajadores (PT) y, tras definirlos como "actos inadmisibles en una democracia", señaló la llamativa ausencia de la justicia, que no investiga esos hechos "ni siquiera de oficio".

"Debemos tener cuidado para no comprometer el patrimonio institucional abreviando un gobierno porque se tornó impopular, El mercado minorista de la política no puede derrotar a las instituciones", señaló Barroso después de que el conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) reclamara el inicio de un juicio político contra la presidenta. "Claro que si hubiera algo que desde el punto de vista institucional permitiera cambiar esta opinión (y justificara el impeachment), la vida del país seguiría su curso" aunque Rousseff fuera procesada, agregó el magistrado. Barroso exaltó los valores de la democracia y el valor de la defensa de las instituciones durante una conferencia pública ofrecida el lunes de noche en San Pablo, el principal bastión golpista.

Lula, a su turno, se refirió al ataque que sufrió la sede del PT en San Pablo después del acto del domingo, y dijo que, junto con los atentados anteriores, esta quinta acción contra una sede partidaria fue otro "intento de intimidación inadmisible en una democracia". El ex presidente reclamó que "las autoridades investiguen y juzguen". El 30 de julio la sede paulista del Instituto Lula sufrió un ataque explosivo. Una oficina del PT en la localidad de Jundiaí, a unos 100 kilómetros de San Pablo, también fue atacada en marzo, al cierre de un acto similar al del domingo.

En otra señal de que el gobierno pasó al menos provisoriamente el temporal, Rousseff salió dura ayer a cuestionar al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, líder del PSDB, y consideró que "en un acto de oportunismo quiso volver a darle vida al pedido de impeachment", relativizado por una participación ciudadana significativamente menor a lo esperado por los impulsores del juicio político. Cardoso había asumido el lunes el discurso del neogolpismo destituyente, que admite la legalidad de los gobiernos progresistas de la región pero dice que son "populistas e ilegítimos".

Ante el silencio institucional del PSDB, ayer el senador opositor José Serra, un frustrado ex candidato presidencial, retomó el discurso destituyente. El lunes había hablado en los mismos términos, pero su opinión quedó opacada por la de Cardoso. En su nueva aparición Serra sorprendió al afirmar lo que siempre negó, que "el PT era una reserva moral que ahora ya no es".

En este contexto, las entidades empresariales se lanzaron abiertamente al ruedo y, tras definirse como enemigas del juicio político, anunciaron la preparación de un documento político, junto con la conservadora Orden de Abogados de Brasil, en el que proponen un pacto de gobernabilidad para "permitir" que la presidenta supere la impasse política agravada por la proclama destituyente de la derecha. Las poderosas Confederación Nacional de la Industria y Confederación Nacional de la Agricultura ultimaban la redacción del texto de un documento al que llamarían "Pacto de gobernabilidad y contra el impeachment".

El anticipo fue del servicio de noticias online del diario Valor Económico. Según el portal, la propuesta será presentada hoy. "El momento demanda responsabilidad, diálogo y acción para preservar la estabilidad institucional", diría el pronunciamiento de los empresarios paulistas y cariocas. El documento también sugeriría que Rousseff formule algún tipo de autocrítica sobre su segunda gestión, iniciada en enero pasado. 

Angela Merkel vuela a Brasil

En medio de la crisis política que enfrenta su gobierno, la presidenta brasileña Dilma Rousseff recibirá hoy a la canciller alemana Angela Merkel, en una visita de "consulta de gobierno", un formato de relacionamiento diplomático que, fuera de Europa, Alemania sólo mantiene con China, India, Rusia e Israel.

El gobierno alemán aseguró que los asuntos internos de un país –por la crisis que vive Brasil– no cambian la agenda de Merkel, que estará en Brasilia sólo 23 horas. "Las consultas de gobierno son la expresión de que dos países tienen una estrecha relación o quieren estrecharla aun más (...), no es algo que se deje a un lado por sucesos de política interna", dijo el vocero de Merkel, Steffen Seibert, al ser preguntado sobre si sigue siendo una buena idea reunirse con Rousseff. "Claro que lo es", agregó Seibert.

Brasil es actualmente el socio sudamericano más importante de Alemania, con un volumen de intercambio cercano a los 20 mil millones de euros anuales (22.074 millones de dólares). Allí están radicadas cerca de 1400 empresas alemanas.