Así, mientras el Congreso Nacional trata los proyectos de ley que envió horas atrás para “democratizar a la justicia”, como lo definió, la Jefa de Estado ratificó su decisión de avanzar en ese camino: “por eso digo que es tan necesaria una reforma en la Justicia", insistió, “para que garantice los derechos de todos, y no solo aquellos que tienen presión de lobby o que pueden tener la plata para un buen estudio de abogados”.

Desde el otro lado de la orilla, las voces del arco opositor se hicieron sentir con fuerza y repudiaron la iniciativa más allá de las justificaciones esgrimidas por el oficialismo.

En este contexto, dirigentes políticos opositores -entre los que figuraron Hermes Binner (FAP), Mauricio Macri (Pro), Mario Barletta (UCR) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), entre otros- acordaron un duro documento de crítica al proyecto, al que ven como un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano de la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos.

El texto manifiesta que “esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad”.

Por último, el que también hizo uso de la palabra fue el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien denunció que la movida K apunta a la “domesticación” de los magistrados, mientras advirtió que puede tener un impacto negativo en las finanzas al generar una nueva “salida de capitales” por “falta de reglas de juego” sostenidas.