La presidenta Cristina Fernández marcó, con la implementación de la Asignación Universal por Hijo, beneficio destinado a las familias sin cobertura social -una medida complementaria a la estatización del sistema jubilatorio-, el cariz de su Gobierno: distribución de los recursos entre miles de padres y madres que no sólo hace visible al Estado ante quienes necesitan de él, sino que también establece obligaciones. Cada beneficiario debe garantizar que su hijo, sus hijos, concurran al colegio y su salud sea atendida. Una inversión, triple propósito.

Y como lo anunció en su plataforma electoral de 2007, la Presidenta avanzó y llevó al Congreso Nacional el proyecto para reemplazar la ley de Radiodifusión instaurada por la dictadura y darle al país la ley de Comunicación Audiovisual.

Una ley de la democracia que llegó tras 25 años de “cajoneo” de los más de 30 proyectos elaborados y presentados ante sucesivos diputados y senadores. La lucha contra los monopolios a favor de la multiplicidad de voces y de actores comunicacionales volvió a ser tema de análisis y conversación entre nosotros, como cuando Cleto Cobos emitió su voto “no positivo” contra la resolución 125 que establecía beneficios claros frente al manejo monopólico de los pooles de siembra y los acaudalados de la soja. De la misma manera actuó con Papel Prensa, una empresa con participación estatal pero controlada históricamente por los grandes diarios argentinos -grandes por su poder económico-. Las denuncias sobre la apropiación de la empresa, la declaración de interés público de la elaboración de papel para la prensa gráfica establecieron un sentido de igualdad entre aquellos poderosos medios y las pequeñas empresas del interior del país que ahora pueden comprar ese insumo fundamental en igualdad de condiciones.

Al tiempo que los representantes del ahora denominado “Peronismo Federal” pregonaban que “hay temas más importantes sobre los que discutir”, el Gobierno nacional ponía en escena otra medida destinada a establecer igualdades: el mal llamado matrimonio gay se convirtió en ley a fuerza de convicción y sentido de inclusión. El matrimonio igualitario derribó una barrera de discriminación y censura. El kirchnerismo, nuevamente, se hizo eco del trabajo de las organizaciones sociales que durante tanto tiempo lucharon contra las imposiciones de la iglesia y de esa moral que, como en otros temas sensibles, intentaron desviar la mirada a “esos otros temas más importantes sobre los que discutir”.

Los predicadores del fracaso, dirigentes que nacieron al amparo del más rancio menemismo o comenzaron a volar gracias a las alas de los monopolios económicos, pronosticaron que a partir de 2003 caerían las siete plagas sobre la Argentina, que el país, debido a las políticas instauradas, quedaría “aislado del mundo”. La crisis económica internacional de 2009 les dio una bofetada de la que aún no reaccionan. El modelo kirchnerista, que ya nada le debe al Fondo Monetario Internacional, que rechazó sus constantes mandatos -aquellos que llegaban con la enunciación del “coraje necesario para hacer el ajuste que se debe”- y que acaba de iniciar el último tramo del desendeudamiento luego del default declarado por Adolfo Rodríguez Saá tras la renuncia de Fernando de la Rúa y “del que depositó dólares recibirá dólares” de Eduardo Duhalde, cierra este año nuevamente con un crecimiento del 9% del Producto Bruto Interno, con récords de ventas de automóviles nuevos y usados, ganancias empresarias por encima de los cálculos más optimistas, y con paritarias salariales que rondaron en promedio un 30% de aumento para millones de trabajadores argentinos.

Es verdad: la deuda interna aún no ha sido completamente saldada. Aún miles de argentinos pelean por ser incluidos en el mercado del trabajo, miles aún están bajo la línea de pobreza y padecen las consecuencias de las políticas neoliberales de la década del ‘90. Miles de habitantes todavía luchan por recuperar el dominio de sus tierras, legado ancestral de los pueblos originarios, vejados y asesinados por fuerzas policiales de provincias del noreste o del sur. Un sistema represivo, valga decirlo también, que se antepone con las directivas dadas por el Gobierno nacional a las fuerzas de seguridad que de él dependen.

El año 2002 cerró con el índice de desocupación más alto de la década: 21,5%, porcentaje que representaba a 3.000.000 de argentinos; este año concluye con un 7,5%; es decir que durante el gobierno kirchnerista casi 2.000.000 lograron insertarse en el marcado laboral. La explicación se puede encontrar en que desde aquella época a la actualidad, la inversión en infraestructura social creció en forma proporcional a la necesidad. Este año, el Gobierno nacional construyó, por ejemplo, más de 1.000 escuelas en todo el país. Y, desde 2003, lleva realizadas 302.000 viviendas y otras 123.000 estarán terminadas en el año que se inicia. A ello se suman los nuevos hospitales y centros sanitarios, los cientos de miles de kilómetros de rutas y autopistas (como por ejemplo la que une Córdoba y Rosario, inaugurada recientemente). Las medidas incluyen un relevamiento territorial que permitirá restablecer la titularidad de la tierra a los descendientes de los pueblos originarios propietarios de las mismas; relevamiento que abarca a Chubut y que está en manos de la Universidad Nacional de la Patagonia de Comodoro.

Esos predicadores del fracaso, también, sufrieron un golpe de realidad. Fue tras la muerte de Néstor Kirchner. La imagen que le devolvieron las calles fue como el efecto de un viejo rollo de fotografía al revelarse: todo lo que trataron de tapar de pronto se les hizo visible. Miles de argentinos, sobre todo jóvenes, salieron a despedir al hombre que les devolvió la esperanza. El dolor se hizo carne en los cuerpos de aquellos que lentamente observaron que un país diferente es posible, que el “pingüino” que les marcó el camino había dejado su vida en probarlo. Esa “revelación”, además, puso en el centro de la imagen el rol fundamental que Kirchner tuvo en el proceso de integración de los países de América Latina y de la conformación y actuación de la Unasur. Las palabras de Lula Da Silva recordando su visión sobre los problemas de la región y la manera de resolverlos, el agradecimiento de Colombia y Venezuela por haber evitado un enfrentamiento bélico y el de Rafael Correa por su rápida intervención ante el intento de golpe de Estado que sufrió. Todo como un film que les recordó a aquellos que hablaron del aislacionismo que Argentina construyó políticas para regresar a Latinoamérica y dejar de naufragar en buques rentados con destino a imperios de Europa o Estados Unidos.

Los herederos del menemismo-duhaldismo que ahora detentan cargos electivos y que intentan llegar a la Presidencia miraron con sorna al gobernador que desde la década del ’90 definía a la Patagonia como “el patio trasero de la Argentina” por las políticas implementadas por el gobierno central. A partir de 2003, los recursos del Estado Nacional comenzaron a llegar a la región con la aplicación de planes sociales o a través de grandes obras de infraestructura como la autovía entre Comodoro y Rada Tilly y su continuación a Caleta Olivia; la que unirá Trelew con Puerto Madryn; o las miles de viviendas construidas a través del Plan Federal y la atención de los barrios con los planes de mejoramiento, entre otros. Nada fue igual: hoy Chubut, por ejemplo, termina el año con un índice de desempleo del 5,2% y Santa Cruz con el 1,4%, para nada perecido a los derivados de la crisis de 1998 cuando el barril de crudo no cotizaba más allá de los 9 dólares y las empresas petroleras decidían dejar en manos del mercado el futuro de los habitantes de la región.

“El patio trasero de la Argentina” se convirtió, en estos últimos siete años, en un lugar de trabajo, crecimiento y progreso. Ya lo demuestran las cifras del censo: Santa Cruz fue la provincia de mayor crecimiento del país y Chubut ocupó el tercer lugar. Los poco más de 700.000 habitantes de los dos estados detentan el mayor índice de consumo de la Argentina y encabezan el ránking de los trabajadores mejor pagados con sueldos promedios que superan los 3.000 pesos.

La explotación petrolera marca sus destinos. Más en Chubut que en Santa Cruz, que ha sabido diversificar su economía y buscar alternativas de crecimiento. La construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa son un ejemplo como también el impulso a la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado, o los proyectos sobre energía eólica y turismo en marcha. Los patagónicos que transitamos por caminos y pueblos de Santa Cruz somos testigos de la transformación que han experimentado desde el inicio de los ’90: el abandono y el atraso que mostraban a fines de 1980 contrasta con el inmensurable cambio logrado en infraestructura, desarrollo económico, social y turístico de la actualidad.

Por otra parte, la explotación petrolera marca caminos diferenciados en nuestras provincias: mientras en Chubut la renegociación de contratos con las operadoras se realiza en silencio, Daniel Peralta impulsó en Santa Cruz una ley que establece un marco regulatorio y las propuestas se analizan a la luz de la Cámara de Diputados con una clara intervención del Estado en las acciones futuras de los concesionarios. Chubut es la provincia de mayor producción petrolera de la Argentina. Son casi 50 millones de barriles los que se extrajeron este año, la mayoría de Comodoro y también de Sarmiento y Río Mayo. Pese a los ingresos que ese volumen de extracción significan para el Estado provincial y municipal, sin contar partidas excedentes Comodoro tendrá el año próximo un presupuesto con déficit: las autoridades han calculado unos 471 millones de pesos de recursos y erogaciones por 483 millones. Ese déficit se traduce, tal vez, en el estado en que se encuentran las principales calles de la ciudad o, pese a los esfuerzos gubernamentales, en la deficiencia en la generación de tierras para viviendas -a fines del año pasado se estimaba que eran 500 las familias que ocupaban terrenos, un número que fue incrementándose este año. Embarcados en su carrera electoral, los dirigentes deberían poner atención en las demandas sobre este aspecto. Y no descuidar un reclamo que aparecerá en la agenda política: un proyecto urbanístico que tenga en cuenta a esas familias y no sólo a los emprendedores inmobiliarios que ven oportunidades en cientos de sectores céntricos y costeros.

Comodoro merece una compensación por el abandono ambiental que sufre cotidianamente. Los dirigentes deberían ya haber convocado a equipos técnicos y darle tratamiento a esta problemática que, entre otras consecuencias, impide el desarrollo habitacional de miles de jóvenes que intentan hacer una vida independiente en el barrio en el que nacieron.

Los próximos gobernadores de nuestras provincias (Chubut y Santa Cruz) tendrán que tener la capacidad para gestionar, junto a los intendentes que los acompañen, para posicionar a sus Estados en un gran proyecto de reconversión productiva que nos asegure un futuro a todos los habitantes. Las ciudades de la Cuenca del Golfo San Jorge merecen un reconocimiento histórico y económico por tantos años de entrega y de acumulación de pasivo ambiental.