QUITO.- Fiel a su estilo combativo, en sus seis años de "revolución ciudadana", el presidente Rafael Correa mantuvo relaciones tirantes con todos los sectores del establishment ecuatoriano. Un sello de su gobierno que probablemente se repetirá en los próximos cuatro años, luego de su abrumadora victoria electoral en las elecciones del domingo pasado.

En 2007, cuando Correa asumió la presidencia con la intención de acabar con la "larga noche neoliberal", sus principales enemigos eran los empresarios, una relación que sigue tensa hasta hoy, según dijeron a LA NACION distintas cámaras empresariales.

Luego, el adversario del presidente fue la Iglesia, que boicoteó el referéndum de mayo de 2011, aunque ahora los ánimos se calmaron.

Pero el enemigo acérrimo y declarado de Correa es la prensa. Esa batalla personal del presidente se profundizará con la probable aprobación de la ley de comunicación, que se votará en una Asamblea Nacional donde tendrá la mayoría gracias a las elecciones el domingo.

"La relación de los empresarios con Correa empeoró en los últimos años y el panorama no se ve favorable para el próximo mandato. El gobierno no tiene otro interés que manejar un discurso de división", dijo a LA NACION Blasco Peñaherrera, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador.

Según Peñaherrera, y de acuerdo con los empresarios consultados por este diario, no habrá muchas sorpresas en cuanto al rumbo económico que tomará el gobierno. Continuará la injerencia del Estado en la economía, y el gasto público y el consumo serán las prioridades de Correa.

"Desearíamos que haya un cambio de 180 grados, que el gobierno ofrezca seguridad jurídica, que comience a depender más de la actividad privada que del gasto fiscal, que mejoren las reservas del país y que haya una integración comercial con el mundo", dijo Peñaherrera.

En la misma línea se expresó Pablo Dávila Jaramillo, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Según el empresario, lo más urgente "es suscribir acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa y mejorar las condiciones de acceso de los productos ecuatorianos".

La declaración de anteayer de Correa de que no firmará tratados de libre comercio ni con Washington ni con la Unión Europea (UE) inquietó a muchos empresarios, ya que en julio vencerán las preferencias arancelarias que tiene Ecuador con Estados Unidos y en diciembre, los acuerdos comerciales con Bruselas.

Para los próximos años, Eduardo Peña Hurtado, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, augura "nuevas tensiones con el gobierno". Aunque según su opinión, la relación mejoró un poco con respecto a 2007. "Creo que se debería cambiar la poca participación de la empresa privada en la economía para que haya más generación de empleo", sostuvo.

La Iglesia

La Iglesia, por su parte, bajó el tono del conflicto con Correa. Durante la campaña electoral, sólo hizo un llamado para que los ciudadanos "voten a conciencia". Una actitud muy distinta de la que mantuvo en 2011, cuando levantó la voz contra el referéndum de Correa porque, según decía, era favorable al aborto, al matrimonio entre homosexuales y concentraba el poder en el presidente.

"Luego de ese referéndum hubo un pronunciamiento público de parte del señor presidente de que Ecuador nunca permitiría el aborto ni la tergiversación del matrimonio. Con esa palabra hemos descansado todo ese tiempo", dijo monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Correa también moderó su discurso, en comparación con hace dos años cuando se refería a los curas como "aquellos arrogantes que quieren dar órdenes y catequesis".

Ahora, libra su cruzada contra los medios, una guerra que continuará en los próximos años. "En los medios se sabe que vendrán tiempos aún más difíciles. Se reducirán aún más espacios de expresión del pensamiento crítico, que no están en la academia, sino en los medios privados", opinó Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Anteayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, anunció que la semana que viene se va a votar la ley de comunicación, trabada desde hace tres años en el organismo. Los medios consideran que la ley vulnera la libertad de expresión porque crearía un consejo integrado por miembros del gobierno para sancionar a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones..