La importación de alimentos que se producen en el país dejaron en crisis a actividades centrales de las provincias. La importancia de establecer un régimen de promoción de las economías regionales.
Hoy, los argentinos consumimos peras de China, naranjas de Egipto, cerdo de Brasil y tomates chilenos. Las economías regionales argentinas atraviesan una crisis inédita originada en la decisión del Gobierno nacional de abrir indiscriminadamente las importaciones de alimentos que produce nuestro país.
Esta situación apremia a los productores de las economías regionales, en su gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, que ven con preocupación cómo solo en el primer trimestre de 2025 las importaciones de alimentos se duplicaron.
Hace unos meses, los productores bananeros de Salta debieron regalar la cosecha que no pudieron vender a raíz del ingreso de bananas desde Brasil y Bolivia, lo que afectó principalmente a pequeños productores de comunidades originarias. La importación de cítricos, particularmente el limón, tuvo consecuencias catastróficas para Salta. Lo mismo ocurre en la región de Cuyo, donde productores de tomate regalaron su cosecha porque los enlatadores compraron el tomate extranjero un 20% más barato.
Argentina es el segundo productor global de peras, por ello, la noticia de mayor impacto fue la llegada de un cargamento de 1597 cajas de peras frescas desde la China, con la marca de la compañía Botu Dongfang Fruit, que puso en jaque al sector frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esto empeoró la situación ya crítica de los pequeños productores valletanos, históricamente presionados a vender su producción a bajo precio a las grandes exportadoras.
El trabajo en crisis
Estas políticas debilitan aún más la situación de los trabajadores rurales, que ven peligrar su único medio de subsistencia. Se trata de un sector históricamente vulnerable, que venía soportando los efectos de la flexibilización y el deterioro de sus derechos impuestos por la reforma al régimen de trabajo agrario implementada en la ley Bases.
Es obligación de todo legislador proponer alternativas de solución a los conflictos sociales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos sociales y culturales ciudadanos, dentro de los que se enmarcan la política productiva y la política alimentaria: en ambas las economías regionales tienen un rol central.
Es urgente instrumentar acciones que impulsen el desarrollo del entramado productivo nacional y promuevan el agregado de valor en las exportaciones y la generación de arraigo. Además, es necesario el diseño de un ordenamiento territorial que genere un marco de planificación y desarrollo para las economías regionales; que promueva el poblamiento del territorio, la soberanía alimentaria y la incorporación a los mercados globales a través de productos con valor agregado.
El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y el establecimiento de un régimen de promoción impositiva basado en la incorporación de nuevas tecnologías que permitan trascender la primarización de la producción agroalimentaria son cruciales para alcanzar el desarrollo productivo y la generación de empleo. Este es el reclamo histórico del sector.
Como senadora nacional he trabajado para sancionar una ley que defina y establezca un régimen de promoción de las economías regionales, una deuda pendiente en el ordenamiento jurídico argentino. Estas medidas pueden sentar las bases para implementar políticas públicas de desarrollo integral que garanticen el abastecimiento interno de alimentos y la apertura a nuevos mercados internacionales. Este proyecto propone la articulación público privada en el diseño de las políticas sectoriales en pos de un desarrollo virtuoso del entramado productivo argentino.
En suma, la importación de alimentos no se tradujo, ni lo hará, en la baja de precios, sino en la preeminencia del modelo extractivo y en la destrucción de nuestra producción de alimentos, un sector estratégico que ningún país serio permite que se afecte.
La articulación público privada es fundamental para alcanzar un modelo de desarrollo federal e integral que proyecte a nuestro país como un actor global trascendente en el nuevo contexto internacional donde la producción de alimentos tendrá cada vez más relevancia.
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