Con su permanencia en la plaza Belgrano e inmediaciones de la Casa de Gobierno, miembros de la Red de Organizaciones Sociales, coordinados por la imputada, resisten con argumentos endebles y procedimientos desgastados la decisión del Gobierno de la Provincia de transparentar y clarificar los cuantiosos recursos públicos asignados a este sector. A tal efecto, Gerardo Morales implementó el denominado “Plan de Regulación y Transparencia”, por el cual convocó a las cooperativas de trabajo, de viviendas y ONG’s a actualizar los datos obrantes en sus respectivos legajos, trámite que les permitirá practicar un mejor control y, al mismo tiempo, echar luz sobre los procedimientos de adjudicación y ejecución de programas de obras públicas.

Para la legisladora del Frente Cambia Jujuy, la imputación “es una decisión acertada” y amplió sus conceptos señalando que “la justicia tenía que actuar y lo hizo a través de esta medida contundente”.

Consideró que la forma de protesta elegida por la Red de Organizaciones Sociales “no tiene sentido” y argumentó tal apreciación indicando que “el gobernador Morales hizo pública su vocación de recibir y dialogar a todas las organizaciones sociales y sus trabajadores, instándolos a regularizar su situación”.

Burgos aseguró que “de ahora en adelante la ley encaminará el gobierno y la provincia que queremos”, para luego aseverar que “los derechos tienen que ser respetados dentro de la sociedad, sin distinciones, puesto que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, ante la ley somos todos iguales”.

Por otra parte, no dudó en calificar de “extraordinario” el hecho de que “la Justicia ante una situación de esta naturaleza proceda con coherencia, patentizando que los poderes del Estado están presentes en la vida de los jujeños”.

“En el caso de la Justicia, demostrando que tiene que ser un poder totalmente independiente, resolviendo la imputación de Milagro Sala”, completó.

La diputada por Jujuy fue enfática al remarcar que en esta acción judicial “no hay persecución de ninguna índole” y que “simplemente está primando la ley, contemplándose los derechos de los muchos empresarios y comerciantes damnificados por la ocupación indebida de los espacios públicos y de los ciudadanos comunes que no pueden transitar con normalidad”.

Por último, destacó que en el escenario planteado “hay devolución de derecho, a partir de la aplicación de la ley, situación que hacía mucho tiempo no se cumplía en Jujuy”.