Si bien las elecciones generales de octubre definieron cargos electivos, es evidente que  lo que había en juego era mucho más grande. En la República Argentina, la Justicia danza al ritmo del poder político de turno. Por este motivo, días después incluso de las PASO de agosto donde la diferencia fue apabullante a favor del Frente de Todos, ya comenzaron los guiños hacia el peronismo. De a poco comenzaron a salir los fallos favorables a los futuros gobernantes y al mismo tiempo crecía la preocupación en los referentes del oficialismo, que avizoraban un aluvión de causas en su contra. Y claro, el riesgo latente de terminar tras las rejas.

Al margen de las especulaciones, el flamante presidente electo, Alberto Fernández, echó por tierra el temor de una cacería de brujas. Pero sobran ejemplos a lo largo de la historia del cambio en el Poder Judicial al ritmo de las modificaciones en el Ejecutivo. En ese sentido, todo parece indicar que la mira de la Justicia apunta a dos funcionarios del actual gobierno del Presidente Mauricio Macri: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. El primero tiene varias investigaciones en marcha por distintas causas, mientras que el caso de quien lidera la OA es justamente por no realizar su trabajo con idoneidad.

En este sentido, dos semanas antes de los comicios generales que ratificaron la victoria de Todos, Dietrich fue denunciado penalmente por la abogada Stella Maris Ageitos bajo la carátula de “comisión y/o tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la nueva concesión del Puerto de Buenos Aires”. En definitiva, la acusación sostiene una serie de irregularidades para beneficiar a un viejo conocido, Nicolás Caputo, por los próximos 50 años.

Además, el ministro es investigado en la llamada causa de los peajes, donde quienes son investigados por los peajes y certificados de obras por un monto de 30 mil millones de pesos. En la renovación de licencias se favoreció a la empresa AUSOL SA, de estrechos vínculos con Macri. Pero las sospechas también recaen sobre la obra del Paseo del Bajo, un emblema de la gestión Cambiemos, donde la empresa IECSA, que era propiedad del primo presidencial Ángelo Calcaterra, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra por el que presupuestó $3.183 millones, pero el Gobierno terminó abonando $4.480 millones.

El caso de Laura Alonso

La titular de la Oficina Anticorrupción está apuntada por la Justicia por negarse a brindar información sobre su gestión. De hecho, la Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó a la dependencia por negarse a brindar información a la Auditoría General de la Nación en reiteradas oportunidades.

No obstante, las sospechas en torno al desempeño de Laura Alonso al frente de la OA vienen de larga data. Sucede que durante su mandato hizo caso omiso a las distintas denuncias en contra de funcionarios del gobierno nacional. Incluso, llegó a admitir que no era querellante en las causas para que no duden de su imparcialidad.

La situación de Alonso la pone en la mira de un presunto encubrimiento, puesto que ante reiteradas presentaciones de conflictos de intereses, la titular de la Oficina Anticorrupción no tomó cartas en el asunto.  Pero además, porque esta actitud contrasta fuerte con la posición tomada frente a los funcionarios del gobierno anterior.

Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda que el propio presidente Mauricio Macri mantiene con el Correo Argentino S.A sobre la que quiso concretar una quita de 70 mil millones de pesos. Por este caso ya fue denunciada. Como respuesta a la acusación esgrimió en su momento que “para investigar al Presidente están la Justicia y el Congreso”. Pero también está apuntada en la misma causa en la que citaron a indagatoria al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber encabezado esa cartera cuando todavía tenía acciones de la petrolera Shell, a la que debía controlar. Allí, sospechan que Alonso encubrió la situación desde su inacción.