Sobre el mes de octubre pasado, el ex subsecretario de Coordinación Financiera del Chubut, hoy presidente a cargo del Banco del Chubut, Oscar Antonena, estuvo en la ciudad de Nueva York, donde mantuvo una serie de encuentros con inversores de cara a la colocación de un bono a largo plazo en nombre del Gobierno del Chubut y de la gestión del gobernador Martín Buzzi que serviría para financiar obras de infraestructura consideradas estratégicas. Bajo ese paraguas, se logró la aprobación de la búsqueda de financiamiento a partir de las leyes oportunamente aprobadas por la Legislatura, denominadas “Programa Global de Endeudamiento”, que habilitaron a buscar fondos de corto, mediano y largo plazo, con una disponibilidad de tomar hasta 200 millones de dólares en los diversos mercados, con la garantía de las regalías hidrocarburíferas.

El verdadero aluvión de demanda que recibió la colocación de bonos de Chubut resultó todo un síntoma de las expectativas de los inversores. La provincia salió a buscar 50 millones a través de un nuevo título ajustado a la evolución del tipo de cambio oficial y la demanda superó todas las expectativas.

Pese a que se trata de un producto a largo plazo para lo que es el mercado local (vence en seis años), hubo pedidos de compra por 318 millones de dólares, cuando habían salido a buscar sólo 50 millones de dólares. Al final, terminaron colocando el equivalente a 220 millones de dólares.

Con fecha de vencimiento en octubre de 2019, el bono se enmarcó en el programa de emisión de títulos de deuda pública destinados a financiar proyectos de infraestructura en materia de hidrocarburos, salud y educación. La colocación estuvo a cargo de la firma Puente, BNP Paribas y Banco del Chubut.

El problema es que el dinero fue tomado de una sola vez, en lugar de por tramos según las inversiones previstas, por lo cual los intereses generados por día rondan el millón de pesos de dineros “inactivos”. Poco y nada se entendió sobre porque se realizó la operación de ese modo, hasta que se produjo el enroque de funcionarios y en todo caso el cambio de gabinete con los nuevos asesores al comando. La estrategia sería hacer uso ahora de esos fondos para gastos corrientes.

Cabe recordar que en ese momento, Antonena el que consiguió la plata y ahora dispondrá de ella, dijo a través de los medios masivos que “tenemos que desterrar la idea de que endeudarse es mala palabra. Obtener préstamos, si lo hacemos con responsabilidad, planificación y con criterio a la hora de asignar los fondos, es una herramienta muy útil para llevar a cabo obras relevantes. En este caso, lo que estamos es pensando en las alternativas que nos van a servir para financiar cuestiones muy de fondo, que le van a cambiar la cara a la matriz productiva y social de la provincia”. Qué opina ahora sobre la onerosa erogación de intereses que pagan con dineros públicos todos los chubutenses, no se sabe exactamente. Tampoco que opinan los legisladores que aprobaron el endeudamiento sin prever el modo, y sin evaluar su posible desviamiento de destino.

El “curro” de intereses excesivos y operaciones con “doble discurso” no es exclusiva de Chubut, aunque parecería que somos candidatos al verso. Esta semana el Frente Renovador salió al cruce de este tipo de operaciones. Están convencidos que la firma de Tomasevich cobró comisiones excesivas y pedirán que se constituya una Comisión Investigadora en la Legislatura provincial para investigar estas operaciones.

En sus distintas ramas del negocio financiero, Puente se especializó en administrar fondos y tiene un acuerdo especial conTempleton, que concentra una masa multimillonaria y está dirigido en EE.UU. por el mítico Mark Mobius, famoso por descubrir a los mercados emergentes. Algo de ese olfato parece haberse transmitido al propio Tomasevich, que bautizó como “Sub Soberano” a una nueva actividad, que consiste en organizar la emisión de deuda de distintas provincias y últimamente, hasta de municipios.

Dicen que la financiera Puente encontró un nicho de negocios interesantes ofreciéndole a provincias ahorcadas e inexpertas financieramente colocarle deuda. Uno de sus productos estrella son los bonos dólar link, obligaciones pesificadas que siguen la cotización del dólar, el que compró Martín Buzzi.

Entre sus principales clientes figura la provincia de Buenos Aires y la administración porteña de Mauricio Macri, y otras provincias, como Chubut.

Tanto es la documentación sobre la avivada que legisladores bonaerenses podrían presentar una denuncia en la Unidad de Información Financiera, el organismo anti lavado que preside kirchnerista platense José Sbatella, durante los días venideros.

En eso ya está trabajando el legislador electo y ex ministro de Economía bonaerense, Jorge Sarghini, que detectó un dato contundente: la provincia de Buenos Aires duplicó en los últimos años su deuda en dólares. Tanto en esa provincia como en las demás, este tipo de operaciones político-financieras resultaría un excelente negocio para unos pocos, que gobiernan “exitosamente” a costa del endeudamiento de las arcas públicas que termina condicionando el destino y las posibilidades de los gobernados.

En nuestra provincia, la historia de tomar deuda para pasar el momento, no es nueva. Los especialistas recuerdan como uno de los primeros antecedentes el “trágico” bono que emitió el ex gobernador radical, Carlos Maestro, que además de significar un endeudamiento que en el 2003 era de 1.200 millones de pesos, tenía la característica terrible que los montos por regalías petroleras, eran depositados por las empresas directamente a una financiera llamada Argenbur SA, que luego de cobrarse la cuota del préstamo, le entregaba a la provincia “el vuelto” más o menos a los 20 a 30 días de haberlas percibido.

En el primer período del gobierno de Mario Das Neves no se necesitó emitir deuda, aunque existía lo que se llama “deuda de caja”, algo así como un amontonamiento especulativo de pagos listos para liquidar, pero sobre los cuales se buscaba la mejor oportunidad para pagarlos. Además por ese entonces, los ingresos eran buenos, y Chubut tenía el ´mismo grupo sanguíneo´ que el gobierno nacional, circunstancias que ayudaban a la disponibilidad de caja.

Cuando comenzaron a abrirse brechas políticas y a producirse ´gastos´ de más, se recurrió a emitir un bono que fue autorizado por 300 millones de dòlares, de la cual se emitió una primera serie de 150 millones de dólares, de los cuales 50 millones de dólares fueron de inversores nacionales y 100 millones de dólares del exterior. Cuando Chubut quiso ingresar estos últimos, el Ministerio de Economía de Nación, con Amado Boudou como titular de esa cartera, le aplicó una norma que obligaba a quienes traían fondos del exterior a congelar en cuentas del Banco Central de la República Argentina el 30% durante 365 días.

Ese bono en realidad no fue endeudamiento en el sentido lato de la palabra. En realidad lo que se hizo fue un tipo de cesión de crédito de regalías futuras que pagaba PAE, y no sobre el total de las regalías sino se cedió el 3% adicional de los años siguientes, con lo que prácticamente se igualaba lo que ingresaba con lo que debía pagarse mensualmente. Dicen los asesores pasados que si la administración financiera hubiera seguido con igual criterio que hasta 2011, Chubut podría haber pagado ese primer tramo del bono sin enterarse y sin sentir ningún apriete en la caja.

El segundo tramo del bono estaba autorizado para emitir, y quedaba a disposición del nuevo gobierno para salir al mercado y fue tomado por la gestión Buzzi luego del conflicto en cerro Dragón, bajo argumento de necesitar financiación a corto y mediano plazo. Un año después, otra vez la actual gestión volvió a tomar deuda, esta vez por el triple de lo que se salió a buscar. Los intereses que se están pagando son una erogación impensada para la situación de caja que afronta Chubut.