Las palabras del miércoles del diputado radical Carlos Bruno encendieron las alarmas alrededor del procurador general Mario Bongianino, quien está suspendido en sus funciones y debe afrontar un juicio político por mal desempeño en la investigación por la desaparición de Sofía Viale, la niña de 12 años que fue encontrada sin vida en General Pico el 5 de noviembre.

¿Qué dijo Bruno? Que había que seguir "muy de cerca el comportamiento de los diputados de la Sala Juzgadora" para "ver si están los 16 votos" para destituir a Bongianino, en alusión a que el PJ podría pronunciarse en contra de ese final. Además recordó que la Sala Acusadora -que él integra- le dio curso a la denuncia por unanimidad.

"Las declaraciones de Bruno preocupan porque se dan de cabeza con la Constitución que él juró cuando asumió como legislador -dijo ayer Francisco Marull, uno de los abogados de Bongianino-. Esperemos que todos diputados, no sólo los del justicialismo, aborden el juicio político pensando previamente que es absolutamente posible que Bongianino no sea responsable de las imputaciones que pesan en su contra. Pretendemos que escuchen las pruebas que presentaremos, y que la Sala Acusadora no nos permitió producir, y recién después resuelvan. Pero que lo hagan con la imparcialidad que marca la Constitución. Porque si no fuera así, todo pierde sentido, ni siquiera habría que seguir adelante con el proceso".

Marull, que en la defensa del procurador es acompañado por el abogado piquense Ricardo Daniel Rodríguez Salto, insistió una y otra vez con ese pensamiento. "Cuando digo que los diputados tienen que abordan el juicio desde esa perspectiva, hablo de todos. De los del PJ, los del Frepam, los de Comunidad Organizada y el del PRO. En caso contrario, sus conductas no serían responsables. Solamente pedimos que saquen conclusiones después de ver y escuchar las pruebas".

Testimonios.

"Comprendo que se trata de un juicio político, pero también que es un juicio y, como tal, debe preservarse el derecho a la defensa -remarcó el defensor-. ¿Cómo? Escuchando los argumentos defensivos porque hay pruebas suficientes para que se convenzan de que Bongianino no es responsable ni jurídica ni políticamente de ninguna de las acusaciones".

- ¿Cuáles son las pruebas que les rechazaron y van a volver a pedir?

- Prefiero no hablar demasiado de eso para que no se lo entienda como una presión. Son las mismas que nos denegó la Sala Acusadora. Se trata de testimonios sobre el rol que cumple el procurador en un sistema (penal) novedoso como el pampeano. Pensamos que servirán de mucho para esclarecer el tema.

Más adelante, Marull retomó la idea inicial y expresó que "la imparcialidad es plantearse a priori que Bongianino no es responsable. Los diputados deben actuar como los jueces, pensando que el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Por último, el abogado destacó que su defendido redactó "un manual de procedimientos para los fiscales" y que, en este caso, deben "conjugarse y ponderarse dos principios al mismo tiempo, los de la verticalidad y la autonomía. El procurador es la cabeza del Ministerio Público Fiscal y como tal fija cuál es la política criminal y baja línea en cuanto a cuestiones generales. Pero también debe respetar la autonomía de los fiscales. No puede decirles, por ejemplo, si tienen o no que acusar porque esa es una responsabilidad de ellos en cada una de las causas en las que intervienen".

La semana próxima la Sala Juzgadora se reunirá por primera vez para que los 24 diputados que la componen presten juramento y la presidenta de la Sala Acusadora, la vernista Patricia Lavín ratifique la denuncia en contra de Bongianino. Si bien el PJ y el Frepam emitieron dictámenes diferentes, en la mayoría de las imputaciones coincidieron, por lo que en estas horas están trabajando en la redacción única de la acusación.

El lunes se reúne la Sala Juzgadora por Bongianino

Las más diversas especulaciones se formulan en torno a la suerte que correría el procurador general. El 4 de marzo es el plazo estipulado para que la Sala Juzgadora decida si continúa o no en su puesto.

El próximo lunes 21 se reunirá la Sala Juzgadora del proceso al procurador general, Mario Bongianino, que dispondrá hasta el 4 de marzo para dictaminar si decide su destitución o rechaza los cargos por los que enfrenta el juicio político.

El primer encuentro se producirá a partir de las 11.30, y en la oportunidad se tomará juramento a los 24 integrantes de la Sala Juzgadora, esto es los que no tomaron parte de la Sala Acusadora contra el jefe de los fiscales que hoy está suspendido en su cargo.

La primera en prestar juramento será la presidenta del cuerpo, Fernanda Alonso, enseguida el diputado que se desempeñará como secretario de la Sala, Mariano Fernández; y luego por orden alfabético los otros 22 legisladores: César Ballari, Mariana Baudino, Martín Berhongaray, Martín Borthiry, Darío Casado, Luciano Di Nápoli, Alfonso Echeveste, Pedro Etchalús, Claudia Giorgis, Carmen Bertone, Darío Hernández, María Silvia Larreta, Daniel Lovera, Juan Pablo Morisoli, Alejandro Odasso, Juan Carlos Olivero, Hugo Pérez, Sergio Pregno, Alfredo Robledo, Delma Sánchez, Luis Solana, y Miguel Angel Tanos.

El 4 de marzo.

La fecha del dictamen -el plazo ya empezó a correr- se toma considerando los días hábiles, por lo que los feriados lo llevan al 4 de marzo. Para la destitución de Bongianino se necesitan los dos tercios de los votos, con lo que el número mínimo de sufragios nominales es 16.

Como se informara, Patricia Lavín, quien fue presidenta de la Sala Acusadora, actuará como fiscal y será la encargada de formular la acusación contra el funcionario judicial.

Bongianino recibió en la Sala Acusadora durísimas acusaciones por sus presuntas omisiones en la investigación del caso de la pequeña Sofía Viale, desaparecida durante 66 días en General Pico y posteriormente hallada muerta. Se le atribuye al procurador incumplimientos de sus deberes al no revisar la actuación de los fiscales de General Pico; aún cuando durante su testimonio trató de desvincularse señalando expresamente que él no era el jefe de los fiscales.

Los seis diputados que integraban la sala, los justicialistas Patricia Lavín, Marina Cahais y Alfredo Schanton votaron por mantener la acusación y que el proceso continúe en la Juzgadora, y de la misma manera se expresaron Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) y los frepamistas Carlos Bruno y Lidia Duperoú.

Dudas.

Por su parte el ministro de Gobierno y Justicia, César Rodríguez, fue salvado en la Acusadora, aunque quedaron dudas porque los diputados vernistas -que disponían de la posibilidad de mantenerlo bajo proceso- sí pidieron que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas investigue al jefe y subjefe de la Policía provincial, Ricardo Baudaux y Juan Domingo Pérez. Los dos son subordinados del propio Rodríguez.

Al día siguiente de conocerse la decisión de ir contra Bongianino y salvar a Rodríguez, el bloque del Frepam en pleno alertó sobre alguna estratagema justicialista para que la Sala Acusadora también determine la continuidad de Bongianino en el cargo de procurador general. "Hay que estar atentos", dijeron los diputados de la oposición.

Antes de la decisión de la Sala Acusadora, hubo fuertes versiones de algún acuerdo entre el vernismo e integrantes del Gobierno provincial para no mantener la acusación al ministro. Eso fue lo que ocurrió, aunque nadie se hace cargo de que ese acuerdo existió.

"Tuvo la protección que no tuvieron Sofía y su familia".

En tanto expresó el repudio por el voto de la mayoría justicialista en la Sala Acusadora de juicio político, que dejó a salvo de responsabilidades al ministro de Gobierno y Justicia, César Rodríguez, el comité provincia de la Unión Cívica Radical manifestó que aunque un juicio político "juzga responsabilidades políticas, en este caso no se hizo".

En un comunicado que lleva la firma de Daniel Kroneberger (presidente), Hugo Pérez, Mauro Pildain; Fernando Perelló; Félix Villatoro; Pedro Salas; Luis Casenave y Mariano Salomón, la UCR sostiene que "el rechazo por parte de la mayoría justicialista al pedido de juicio político contra el ministro de Gobierno, por su responsabilidad en el Caso Sofía, debe provocar el repudio por parte de la sociedad pampeana que reclama justicia y seguridad".

Agrega que ese voto "genera la imposibilidad de continuar para averiguar la responsabilidad del poder político en un caso que generó conmoción y tristeza en la comunidad. El Bloque del Frepam sostuvo la posición correcta de continuar con el juicio político, respondiendo no sólo a una demanda social evidente sino a la obligación de que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos", opinaron los firmantes.

Impunidad al poder político.

En otro párrafo concluyen en que "lamentablemente, bajo la seguridad que el tiempo calma los ánimos, era hora de dar impunidad al poder político. El gobierno provincial desde el gobernador para abajo jamás se hizo responsable ni estuvo a la altura de las circunstancias, ni durante la investigación y búsqueda ni posteriormente cuando otra víctima; Micaela, posibilitó el descubrimiento del macabro y trágico destino de Sofía".

Agregan que "con la decisión tomada por la mayoría oficialista somos testigos de un acuerdo no encontrado en otras materias, un acuerdo que establece que el poder político no debe rendirle cuentas de sus actos ni a la familia de Sofía, ni a los vecinos de General Pico ni a la sociedad pampeana en general".

Renuncia que no llegó.

Y siguen: "Lamentamos y rechazamos que este haya sido el final. Quizás no podíamos esperar otra cosa, aunque ante una tragedia de semejante magnitud abrigábamos la esperanza que, al menos, el gobierno iba a hacerse cargo y se abriría un camino de reflexión y discusión que nos permita a todos reconciliarnos con un Estado que debe preocuparse por hacer lo elemental: proveer justicia, seguridad, tranquilidad y convivencia social. Nada de esto ha ocurrido", juzgaron.

Razona el radicalismo diciendo que "el gobernador debió actuar en su momento solicitando la renuncia al ministro responsable del área de Justicia y Seguridad, pero no lo hizo. Prefirió enviar otro poderoso mensaje: mientras Sofía era sepultada en General Pico él se encontraba inaugurando el autódromo provincial".

Por otra parte refieren que por "motu propio el ministro debió renunciar. Y debería hacerlo, para revertir la sensación de injusticia y desprotección generada. Un juicio político precisamente lo que juzga son responsabilidades políticas. Pues no se ha hecho, se ha decidido dar protección, la protección que no tuvo Sofía y su familia y la que no tienen las innumerables víctimas de la inseguridad y la violencia social", concluyeron.