El gobernador Maximiliano Pullaro declaró ayer como testigo en el juicio oral y público que tiene como acusados a dos ex jefes policiales cuando él fue ministro de Seguridad (2015-2019), Rafael Grau y Omar Odriozola, sospechados de comandar una red de uniformados que defraudaba a la administración pública mediante compras fraudulentas de repuestos y falsos arreglos mecánicos de patrulleros. Un caso que presenta similitudes con el que investiga ahora en Rosario el fiscal José Luis Caterina, pero mediante la adquisición de combutistible. Tanto la causa que llegó a juicio en Santa Fe como la que recién se inicia en esta ciudad, no tuvieron su origen en estrictos controles estatales que advirtieran las trapisondas, sino sendas denuncias anónimas que luego se judicializaron. El mandatario dijo a la prensa, luego de prestar declaración, que “cuando hay corrupción institucional, se tiene que denunciar”.

La declaración de Pullaro en el juicio fue breve. Acorde a su participación en el caso, que se circunscribió a presentar ante el Poder Judicial el texto anónimo que recibió sobre le presunto fraude, que ayer recordó como “un mensaje anónimo muy certero, porque lo que se me informaba era con números de móviles, tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia”.

Más extensa fue su exposición frente a la prensa al abandonar el tribunal. “Uno tiene que ser muy claro en estas cosas: cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”, dijo, para aclarar -por si hiciera falta- que el suyo no es un discurso crítico de la fuerza de seguridad: “La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la provincia de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta. Como en todos los ámbitos de la sociedad, ahí hay más buenos que malos, pero hay malos”.

“No hacerse los boludos”

En esa línea, el mandatario afirmó: “Cuando nos tocó, hicimos lo que teníamos que hacer, que fue no hacernos los boludos ante la corrupción. Y ahora, también, se hace lo que se tiene que hacer en cada ámbito del Estado, y eso es un mensaje claro”. Además, prometió que lo van "a seguir haciendo, porque el Estado puede ser mejor, más eficiente, y porque entre todos tenemos que mejorar las instituciones democráticas”.

La causa, conocida como D4 (por el Departamento Logística, encargado provisiones y suministros), ya tiene a varias personas condenadas por medio de procedimientos abreviados. Los jefes policiales de entonces (entre 2015 y 2016) Grau y Odriozola, llegaron a juicio y son asistidos por defensores oficiales. La de ayer fue la primera audiencia del proceso oral, que tuvo la testimonial del ahora gobernador.

En el diálogo con la prensa, el gobernador dijo que “nosotros no toleramos la corrupción institucional. Cuando esas cuestiones le llegan a la autoridad política, la autoridad política tiene que tener mucha ejemplaridad, y eso se da con los hechos que hace uno, pero también se da cuando hace lo que tiene que hacer”.

“Si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia de Santa Fe -continuó-, no puede permitir ningún tipo de corrupción”. Por eso, amplió Pullaro, “acá hay que hacer lo que uno tiene que hacer como funcionario público, porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales”. De actuar con ese temperamento, agregó, “parece que la cosa va derecha, pero en realidad va a torcida y cada vez se va torciendo más”.

Decíamos ayer

Otra causa iniciada como consecuencia de cuando el ahora mandatario fue ministro de Seguridad de la gestión de Miguel Lifschitz no corrió, hasta el momento, la misma suerte que la del “D4”. Se trata de una denuncia presentada el 4 de agosto de 2020 por el entonces titular de la cartera de Seguridad, Marcelo Sain, a raíz de un informe realizado por el área de Control Policial (hoy Asuntos Internos) durante la gestión 2015-2019.

Ese documento reveló el uso de gastos reservados “para el pago de honorarios profesionales de la defensa” de los policías y la “intervención de un funcionario político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia como defensor de agentes de Asuntos Internos imputados” en la causa por la desaparición seguida de muerte del joven bonaerense Franco Casco, visto por última vez en la comisaría 7ª de Rosario.

El informe de Asuntos Internos señala que “el aumento” de los gastos reservados que detectó la auditoría entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, “se debió a que la diferencia de la suma recibida (78.000 pesos) era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta unidad que se encontraba involucrado en el caso Casco”. La denuncia agregó que “esto fue a partir de una orden del secretario de Control”, que entonces era David Reniero, que al año siguiente fue imputado por el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, el mismo del juicio por el “D4”.

El entonces fiscal de Estado, ahora miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rubén Weder, presentó un escrito para que la provincia fuera querellante en la investigación, en el que retomaba el asunto del aumento de las partidas de gastos reservados destinadas a abonar, con recursos públicos, las defensas particulares de los policías.

“Este tipo de delitos atentan contra el patrimonio del Estado y ponen la provincia de Santa Fe como la parte perjudicada”, por la presunción del “obrar de los encargados de disponer y administrar los caudales y fondos del erario público, que en este caso se investigan”, sostuvo entonces Weder.