El gobierno nacional recordó ayer que la potestad de establecer políticas propias en materia de seguridad es competencia exclusiva de los gobernadores, ya que la seguridad es una de las facultades no delegadas por las provincias al Estado Nacional. Esta aclaración, realizada ayer por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, buscó poner el acento en el carácter independiente, soberano, de las medidas que han venido tomando algunos gobernadores en materia salarial. Se refería, puntualmente, a las decisiones del chaqueño Juan Carlos Bacileff Ivanoff y del entrerriano Sergio Urribarri, quienes anularon los acuerdos de incremento de haberes que habían firmado con los policías sublevados. "La decisión de (revisar) los acuerdos es autónoma de los gobernadores", señaló Berni. En diálogo con el programa de Jorge Rial en La Red, el número 2 de la cartera de Seguridad reconoció que, durante la crisis por los acuartelamientos, "algunos gobernadores negociaron bajo extorsión, o ni siquiera negociaron".

En la entrevista, Berni puso el acento en la necesidad de que la justicia profundice la investigación y la sanción de la participación policial en los saqueos. "Sabemos que muchos de los policías que estaban reclamando (aumento de sueldo) fueron autores materiales de los saqueos. Me parece que la justicia tiene que avanzar para saber quiénes fueron los autores intelectuales", remarcó. Cuando le consultaron por la decisión de desconocer el acuerdo salarial con los agentes sublevados, que ya tomaron Bacileff Ivanoff e Urribarri, y a la que podrían sumarse otros gobernadores, Berni dijo que la Casa Rosada no recibió ninguna comunicación oficial de parte de esas provincias. "Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Hasta ahora son rumores, porque comunicación de los gobernadores diciendo que lo comprometido no se iba a realizar, no hemos tenido", informó el funcionario.

La referencia de Berni a la acción (o inacción) del Poder Judicial y el Ministerio Público, que deben investigar, imputar y emitir las condenas cuando se producen delitos de acción pública, tiene mucha actualidad en este caso. En algunas provincias, como Chaco, la diligencia y el compromiso (o la falta de ambos) por parte de los Tribunales ante los hechos gravísimos de saqueos y cese del servicio de seguridad se convirtieron en motivo de fuerte controversia. En el caso del Chaco, el Superior Tribunal de Justicia llegó a decretar asueto administrativo para todo el personal justo cuando se registraban los saqueos y el acuartelamiento, que terminaron con un saldo de dos muertos. Tras esa decisión, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini (FPV), ex ministro de Gobierno y Justicia, dijo que presentaría un juicio político contra los miembros del máximo tribunal.

Distinto es el panorama en Entre Ríos, donde el jefe de los fiscales –Jorge Amílcar García– ya anunció que el primer día hábil tras la feria presentará una imputación colectiva contra el grupo organizador de la sublevación policial. "Nosotros comenzamos la investigación el mismo día de los hechos: el 8 de diciembre. En todo este tiempo hemos analizado las pruebas. La imputación con pedido de prisión preventiva se presentará el primer día hábil de febrero. Pero la causa ya se inició. Cuando yo digo que el acuerdo salarial con los sublevados fue inválido, entiendo que fue utilizado para apaciguar pero está claro, desde el primer momento, que no tiene ningún efecto en términos legales. Nunca puede tener validez un acuerdo que se logra a punta de pistola", aseguró el procurador en diálogo con este diario. «

Policía judicial en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, puso ayer en funciones a la Policía de Investigaciones provincial y aseguró que su creación ayudará a combatir la "diversidad del delito", ya que tiene por objetivo "cambiar las estructuras policiales".

La semana pasada, a través de la herramienta del veto propositivo, el gobernador socialista modificó 40 de los 57 artículos de la ley que la creaba, y según denunció la oposición, ejerció un cambio desde el Ejecutivo que diluyó la reforma policial votada por unanimidad en la Legislatura, en medio del escándalo por narcotráfico en el que está involucrada la cúpula policial santafesina.