Un amplio debate mereció en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las áreas dentro de los inmuebles designados para la ejecución de la obra "Evacuación de excedentes hídricos locales e interjurisdiccionales de la localidad de Realicó".
Por su parte Martín Berhongaray (Frepam) y Darío Casado (PRO), por su parte, revelaron que se habían reunido con productores de la zona afectada y que les dijeron que autoridades de la Administración Provincial del Agua y del INTA les manifestaron que era posible alguna modificación en el proyecto original.
Casado expresó no entender por qué expropiar, dentro de las mil hectáreas del proyecto, 600 hectáreas que jamás tuvieron agua -aún cuando hubo lluvias importantes-, y son tierras altas. El diputado de Realicó se preguntó "qué hará el gobierno con esas tierras aptas para al producción, ¿las alquilará?".
Mariano Fernández expresó que de ser necesario se convocará a autoridades de la Administración Provincial del Agua y al propio ministro Varela para que informen sobre el alcance y los motivos de la iniciativa.
El mismo diputado se refirió a la posibilidad de pedir una postergación en la aplicación de la ley de mediación penal, indicó que convocarán a Laura Diva, una de las que más trabajó en la elaboración del proyecto, para conocer los motivos de esa solicitud de prórroga.
Derechos Humanos.
Brevemente también se reunió ayer la Comisión de Derechos Humanos, oportunidad en que se emitió un despacho unánime aconsejando la aprobación del proyecto de Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli (PJ-La Cámpora) de repudio a declaraciones del ex dictador Jorge Videla a la revista española Cambio 21. "Pudieron haber perdido trascendencia mediática pero no trascendencia simbólica como apología a la desestabilización y terrorismo de estado", expresaron.
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