La obligatoriedad de los trabajadores que retomen su actividad de tener activa en sus teléfonos la app CuidAr comenzó a generar revuelo por el uso de información personal por parte del gobierno.

 

 

 

Esa aplicación permite a la Jefatura de Gabinete controlar de manera online dónde está la gente a través de mecanismos de localización, un punto que algunos especialistas ven como un avance sobre los datos personales por parte del Estado.

 

 

 

No se trata de una discusión que concierne sólo a los argentinos. En algunos países de Europa y México se generó en los últimos días un debate similar por la utilización aplicaciones similares como herramienta de control en la etapa pos aislamiento.

 

 

 

La app ya la usan 1,5 millón de personas que pueden elegir si permiten que el gobierno pueda geolocalizarlos. Desde la Rosada sostienen que la geolocalización permite enviar esa información a los comités de emergencia de las provincias.

 

 

 

El problema es que cuando una persona se instala la aplicación, el sistema le pregunta al usuario si permite que el gobierno acceda a su ubicación solo al usar la app, siempre o no permitir. Según el sistema, conocer la información de geolocalización del usuario permite al gobierno tener mejores estadísticas para controlar la pandemia.

 

 

 

El profesor Jean-Philippe Derosier (Universidad de Lille, Francia) asegura que el gobierno francés de contar con una ley votada por el Parlamento para recurrir a una aplicación de rastreo de contactos durante el desconfinamiento

 

 

 

En Francia, la app lleva el nombre de StopCovid y el gobierno sostiene que cumple los criterios que permiten su despliegue por simple decreto: funcionaría sobre la base del consentimiento del usuario y acumula los datos personales de forma anónima, sin que sus titulares puedan ser identificados.

 

 

 

Derosier sostiene que aplicaciones como Waze, Uber, WhatsApp o Facebook también almacenan una gran cantidad de datos personales, de manera no anónima, pero totalmente consentida por sus usuarios. Sin embargo -argumenta-, la diferencia notable es que "se trata de operadores económicos privados, no del Estado, que se introduciría de esta manera en nuestras vidas".

 

 

 

El francés sostiene además que tal consentimiento libre por parte de los ciudadanos puede convertirse rápidamente en forzado debido a la presión social e incluso gubernamental. Según explica, algunas personas, en particular los equipos sanitarios, sufrieron presiones por el hecho de estar en contacto con enfermos y correr el riesgo de contagiar a sus vecinos. "¿Qué ocurrirá mañana con aquellos que se nieguen a utilizar la aplicación o que no puedan hacerlo porque no tienen un smartphone? ¿Se puede descartar totalmente la idea de que los jefes impongan a sus empleados, de manera totalmente ilegal, la instalación de la aplicación?", se pregunta.

 

 

 

En Argentina, diputados de la oposición presentaron un pedido de informes por los datos personales que recolecta la app. Al frente del expediente estuvo la diputada Karina Banfi y acompañaron Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Alberto Assef, Martín Berhongaray, Ezequiel Fernández Langan y Jorge Vara.

 

 

 

Los diputados solicitaron al gobierno información respecto de cómo se administran los datos personales de los usuarios y de qué manera se informa a los usuarios sobre la protección de la información personal.

 

 

 

"Nos preocupa el uso que el gobierno pueda darle a esta enorme cantidad de datos sobre los ciudadanos a los que tendrá acceso", explicaron a través de un comunicado.

Además, aseguran que el gobierno sabrá la ubicación geográfica de cada usuario en todo momento, sus datos sanitarios (provistos por cada usuario) y tiene autorización para compartir algunos datos con redes sociales como Facebook.

 

 

 

El sistema fue desarrollado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en conjunto con la Secretaría de Innovación Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Sadosky y el Conicet.