Horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil acogiera una demanda del oficialismo contra la pretensión de la derecha de someter a juicio político a la presidenta democrática Dilma Rousseff, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidió posponer hasta la semana que viene la decisión de darle curso o archivar el principal pedido de destitución de la jefa de Estado, presentado al Congreso por los sectores de la derecha e impulsado por los grandes medios de prensa.

Con el objetivo de disimular el revés sufrido con la resolución del STF, que calificó de “caprichosa” e “insólita” la forma inconstitucional dispuesta para tramitar el juicio político, Cunha dijo que adoptaba la decisión a pedido del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), impulsor de la campaña contra el gobierno. En la acción del “impeachment”, el PSDB ve la única forma de hacerse del gobierno después de que la vía democrática le fuera esquiva en las cuatro últimas elecciones ganadas por el Partido de los Trabajadores (PT), dos con Luiz Inácio Lula da Silva y las otras dos con Rousseff.

Con el respiro que significó la decisión del máximo órgano judicial, el gobierno insinuó una ofensiva política y, a través del ministro de Comunicaciones, Edinho Silva, le propuso a la oposición “evitar una guerra fratricida” y la convocó a “debatir ampliamente todas nuestras diferencias”.

El ministro Teori Zavaski, uno de los once miembros del STF, se mostró sorprendido por la modalidad que pretendía aplicar Cunha para aprobar el inicio del impeachment. El máximo tribunal emitió un fallo por el que obliga a que el pedido de juicio político cuente con el voto de los tres quintos de la Cámara de Diputados, menos de los dos tercios exigidos en las votaciones especiales pero más de la mitad y, obviamente, más que una mayoría simple. La disposición de Zavaski anuló así la caprichosa interpretación del reglamento hecha por Cunha y aplaudida por el PSDB, según la cual era necesaria sólo una mayoría simple.

Poco después de conocida la medida del STF, Cunha dijo que no se siente presionado, y aseguró que seguirá adelante evaluando los pedidos de impeachment que ya llegaron o que lleguen a su despacho. Por su parte, el ultraderechista Partido Demócrata señaló que la medida del juez “no afecta en nada” la estrategia para impulsar el impeachment. Por cierto, el juez Zavaski en ningún momento anuló la posibilidad de un enjuiciamiento, sino que rechaza la revisión del “rito procesal” –dijo en el más puro lenguaje jurídico– elaborada por Cunha.

Y esa revisión entraña consecuencias políticas, porque ahora Cunha no podrá dar curso al plan que había pactado con la oposición. Debe considerarse, además, que esta decisión del Supremo fue anunciada cinco días después de que la Procuraduría General de la República informara que había recibido documentos cursados por el gobierno de Suiza, que prueban que Cunha y su familia son titulares de cuatro cuentas secretas, y que en ellas el fanático adherente a una iglesia evangélica guarda más de 5 millones de dólares, una suma que jamás podrá probar que es el resultado de sus tareas habituales. Todo indica que son fruto de la corrupción. 

Apoyo de Morales y Maduro

Los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro, de Bolivia y Venezuela respectivamente, anunciaron ayer en La Paz que impulsarán consultas para combinar una acción conjunta de los países de la región en respaldo de la democracia brasileña, ante la posibilidad de un "golpe de Estado" promovido por la derecha política y empresarial y los grandes medios.

"Estamos viendo con preocupación y alarma lo que ocurre en Brasil... vamos a hacer una urgente ronda de consultas porque parece anunciarse en Brasil una nueva modalidad de golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff", dijo Maduro, que ofició de vocero tras un encuentro con Morales.

"Vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar a Brasil", agregó Maduro, que había llegado el lunes a Bolivia para acompañar a Morales en la clausura de la conferencia global sobre cambio climático, organizada por Bolivia y realizada en la central Cochabamba.

Los dos mandatarios resolvieron, además, relanzar el programa de cooperación venezolana a Bolivia que se diluyó tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013. En particular acordaron "fortalecer la Escuela de Defensa del ALBA" creada en Bolivia con apoyo de Irán para forjar una doctrina militar antiimperialista.