La Corte mira con reservas la candidatura de De Narváez

La Corte mira con reservas la candidatura de De Narváez
El diputado, nacido en Colombia, contrató abogados para pedir una habilitación
Francisco de Narváez anunció que presentará una demanda ante la Justicia para que lo habilite a postularse como candidato a presidente. Sin embargo, en la Corte Suprema y en algunos tribunales inferiores creen que el empresario deberá salvar escollos muy difíciles para poder convencer a los jueces.

El diputado del Peronismo Federal todavía no hizo la presentación judicial. "Aún no tiene una decisión plena de ser candidato y hay que ver cómo evoluciona el escenario político", dice el diputado Gustavo Ferrari, su colaborador más estrecho. Pero De Narváez ya contrató varios constitucionalistas para estudiar una presentación judicial que se haría a principios de 2011.

De Narváez no reúne los requisitos que establece el artículo 89 de la Constitución: no nació en territorio argentino ni es hijo de ciudadanos argentinos. Por el contrario, es hijo de padre colombiano y madre checoslovaca, y nació en Colombia, aunque ingresó en la Argentina cuando tenía un mes de vida, aquí se radicó y estudió, y su hermana es argentina.

¿Es justo que un extranjero que optó por la nacionalidad argentina, es diputado y vota quede excluido de alcanzar la presidencia? Esa pregunta se hacen los jueces, en conversaciones informales. Pero también se hacen otra, casi contradictoria: ¿se le puede hacer decir a la Constitución algo distinto de lo que expresamente dice? Los abogados de De Narváez creen que sí, porque los tratados de derechos humanos permiten hacer una interpretación amplia de los derechos.

Un antecedente

En 2007, cuando planeaba ser candidato a gobernador, De Narváez pidió a la Corte Suprema que resolviera el caso como instancia originaria, sin pasar por otros jueces inferiores. Pero el alto tribunal, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, resolvió que la Corte era incompetente. De Narváez tuvo que ir a la Corte bonaerense y allí sí fue habilitado.

Ahora su estrategia será echar mano a los antecedentes otorgados por la Corte bonaerense, cuando el tribunal de La Plata lo autorizó a ser candidato sobre la base de que los tratados internacionales no permiten discriminar entre distintas categorías de nacionales.

También, en 2004, la Corte nacional admitió que el juez Hooft, de origen holandés, pudiese ser candidato a camarista.

"Ser candidato a presidente es mucho más importante que postularse a gobernador, diputado o juez. No parece que el camino más elegante para emprender la transformación del país sea forzar un fallo de la Corte, tal vez dividido", evalúan funcionarios del alto tribunal en la intimidad. "Si pensando en De Narváez como un caso excepcional se admite que la Constitución dice algo distinto de lo que realmente dice, más adelante, tal vez, deberíamos admitir que Michelle Bachelet o Lula, con altísima popularidad, se nacionalicen argentinos y ganen una elección", razonan en esos encumbrados despachos, donde todavía no hay un criterio definitivo.

Las decisiones de la Corte siempre tienen una lectura política y es posible que lo que ahora piensan algunos jueces, en frío y sin el caso a la vista, cambie con el resultado de las encuestas y a medida que la campaña avance. "Por ahora, todo parece un globo de ensayo, para testear el ambiente y reposicionar a De Narváez", especula un funcionario judicial.

Pero, más allá de lo que, por ahora, se dice en la Corte, hay toda una escalerita judicial para recorrer en las instancias inferiores.

Paso a paso

Entre varios jueces supremos parece haber consenso en cuanto a que De Narváez debería presentar una acción declarativa de certeza ante un juez federal de primera instancia cuando falten pocos meses para las internas abiertas, previstas para agosto de 2011.

En junio pasado, los jueces federales de primera instancia fueron muy permeables cuando aprobaron el artilugio electoral de las candidaturas testimoniales y la Cámara Electoral, por dos votos contra uno -votó en disidencia el constitucionalista Alberto Dalla Via-, lo convalidó.

Sin embargo, nueve meses después, ni la Procuración General ni la Corte se pronunciaron sobre el tema.

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