Ayer la justicia de segunda instancia criticó duramente al magistrado al considerar que su método para la inclusión de bonistas a reclamos colectivos por una causa por títulos argentinos en euros en default, y el monto que debía calcularse fue “exasperante”. La defensa argentina podrá reforzar su postura contra los argumentos de Griesa y lograr que el cálculo del monto de los “me too”, que el juez estableció en 5.400 millones de dólares, sea menor. El punto principal que la Corte de Apelaciones critica sobre el dictamen de Griesa es la difi cultad de determinar qué tenedores de bonos pueden formar parte del reclamo. Para la Cámara, estarían habilitados sólamente los que mantuvieron una continuidad como tenedores desde el momento en que se presentó la demanda hasta que el juez emitió el fallo. Griesa había dado lugar a que todos aquellos tenedores de bonos argentinos en euros en cesación de pagos desde 2002 se puedan presentar como partícipes de la demanda contra el país por más que se hayan desprendido de esos títulos en el mercado fi nanciero.

El juez Richard Wesley explicó, en un dictamen de diez páginas, la difi cultad para establecer una acción de clase en el caso de bonos que se operan en el mercado secundario, tal como ya se lo había dejado en claro al juez en un fallo de segunda instancia del caso Seijas. Así descarta el argumento por el que Griesa clasifi ca a la acción de clase y con el que calcula los daños que Argentina debe pagar.

Si Griesa no puede determinar de una manera “razonablemente precisa, no especulativa” cuáles tenedores de bonos pueden ser incluidos y cuáles no con las instrucciones que da la Corte de Apelaciones, los reclamos y el cálculo de los daños debería realizarse de manera individual.

Los magistrados advierten además a Griesa que esta es “la cuarta vez” que la Corte aborda los métodos a través de los cuales los daños deben ser calculados y la forma en que la clase es defi nida en este caso.

Esta corte anteriormente falló a favor del Banco Central de la República Argentina y rechazó la demanda realizada por los fondos buitre que buscaban determinar a la entidad monetaria como un “alter ego” del Estado argentino con el fi n de embargar sus reservas. Pero además ya había decidido acotar el alcance de la acción judicial colectiva que habían iniciado los tenedores de bonos en default. Esto implica que la limitación del universo de quienes tendrán derecho de sumarse al fallo de Pari Passu. Si bien el cálculo inicial de Griesa fue de 5.400 millones de dólares, es una cifra que está en discusión y que la defensa argentina intentará, con este nuevo rechazo de la justicia segunda instancia a los argumentos de Griesa, aminorar.