Durante varios meses durante 2013, el gremio de los trabajadores del IOMA fue recibiendo varias denuncias de afiliados a la obra social provincial, por irregularidades en la atención. En la mayoría de los casos, por prestaciones que figuraban como realizadas, pero que nunca se habían hecho, o por medicamentos que no habían recibido. Fueron acumulando el material, mientras la justicia investigaba en paralelo. En octubre, la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata decidió actuar, y detuvo a 10 personas, entre ellas un funcionario de la entidad. Fue la punta del iceberg que dejó al desnudo una fuerte trama de corrupción, que todavía n se sabe dónde terminará. Hasta el momento, hay decenas de denuncias presentadas, y un pedido para que el gobernador Daniel Scioli intervenga la obra social, que maneja un millonario presupuesto.

El escándalo del IOMA tiene una fuerte repercusión en el ámbito gremial, ya que algunos sectores de los estatales tienen lugares en el directorio cuestionado. Además, 2013 fue un año muy cuestionable en cuanto a las prestaciones (ver recuadro), lo que generó muchas protestas sindicales.

2014 comenzó con nuevas pruebas que comprometen a funcionarios y empresarios, que muestran una trama oculta que puede terminar con varios involucrados.

La causa judicial

En octubre del año pasado, el escándalo en el IOMA saltó a las primeras planas de los diarios. Por orden de un juez platense, fueron detenidas 10 personas, entre ellas Marcelo Piergiácomi —subdirector del área Farmacia y Bioquímica de la obra social provincial— y otras 9 personas. Los fiscales de Delitos Complejos Jorge Paolini y Esteban Lombardo los acusaron de falsificar historias clínicas, para poder hacer figurar la cobertura de medicamentos que luego eran vendidos en un circuito ilegal o en farmacias privadas.

Fue el comienzo de las denuncias. Casi de inmediato, el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (SUPTTIOMA) comenzó a recibir nuevas denuncias. Así, se inició un trabajo de hormiga con las más de 50 denuncias y, poco a poco, las fue entregando a la justicia. En diciembre, el gremio entregó 11 casos donde se constata corrupción, relacionada con el servicio de internación domiciliaria. En los expedientes figuran servicios por esta prestación (para pacientes que deben afrontar una rehabilitación en su hogar luego de algún accidente o enfermedad grave) que los propios afiliados negaron recibir.

Para esto, se usaron empresas tercerizadas, muchas de ellas “fantasmas”, que facturaban servicios por grandes sumas (entre 50 mil y 70 mil pesos), que cobraban al IOMA, sin que el afiliado fuera notificado. “Esta asociación se repite con otras internaciones domiciliarias, pagando elevados montos que son facturados sin asistir ni brindar las prestaciones”, dice una de las denuncias presentadas por el SUPTTIOMA.

En estos casos, los familiares de las personas involucradas denunciaron ante el IOMA la situación, cuando descubrían el ilícito. Sin embargo, como figura en una de las denuncias presentadas por el gremio en la Fiscalía, “el IOMA siguió liquidando el pago correspondiente por cada mes a la empresa”.

“Son más de 70 las denuncias concretas”, le confirmó a Política del Sur Idelmar Raúl Seillant, titular del SUPTTIOMA. Junto a su segundo, Oscar Chavero, firmaron las nuevas denuncias, que suman 11 en la Justicia. “Hemos llevado a la Justicia once casos por delitos complejos, con estafa millonaria. Para el resto se está recabando mayor información, que vamos a ir denunciando, todas de asociación ilícita”, remarcó Seillant.

Repercusiones

Ante los nuevos casos de corrupción presentados ante la Justicia, desde el SUPTTIOMA redoblaron los pedidos para que el gobernador Daniel Scioli intervenga la obra social, algo que comparten algunos dirigentes de la oposición, idea que intentarán instalar en la legislatura durante este año. Como el año pasado, el gremio entregó un proyecto en la Cámara de Diputados (en el 2013 lo había entregado ante el Senado provincial) para que el gobernador decrete “la intervención administrativa” y se aparte de sus cargos al titular del IOMA, Antonio La Scaleia, y al titular de la Dirección General Administrativa de la entidad, Alejandro Fernández. Además, quieren que renuncie el directorio en pleno, incluyendo los representantes de otros gremios.

“Solicitamos la renuncia de todos los directivos del IOMA, porque todo sigue igual o peor, por el temor de que se puedan ir, están profundizando todos los actos de corrupción”, afirmó Seillant. En este sentido, el dirigente gremial adelantó que ya le avisaron a los gremios de su pedido, que lo harán público y ante Scioli.

Este nuevo pedido de intervención se suma al realizado el año pasado, cuando se conocieron los primeros casos, recibiendo apoyo de varios bloques de la Legislatura. Ante las nuevas revelaciones, el SUPTTIOMA recibió el apoyo de la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien dijo que “es necesario profundizar la investigación y que no se acepte a los directivos del IOMA la pretensión de ser querellantes en la causa judicial”. Además, consideró que el gobernador Scioli “debería disponer la intervención del Instituto, exigiendo las renuncias a todos los directivos para que se sometan a la acción de la Justicia”.

Por su parte, desde el Frente Renovador (FR) buscan aglutinar a la oposición para llevar al recinto a los funcionarios. Así se lo adelantó a Política del Sur la legisladora Mónica López, quien dijo que buscan “interpelar al titular del IOMA, para lo que estamos uniendo a la oposición. Tienen que rendir cuentas”. Además, no descartó que el bloque proponga una comisión investigadora.

Pero para otros sectores, esta no es la solución al escándalo. Walter Martello, ex legislador de la Coalición Cívica, asegura que hay que llevar a la Legislatura a todo el directorio, incluyendo a los representantes de los sindicatos. “Lo que no puede ser es que no se les pregunte a esos representantes de los gremios por qué no vieron nada durante todo estos meses”, apuntó.

“Nos causa mucho daño el silencio de algunos gremios, que hablan del IOMA en tercera persona cuando tienen sus representantes”, se quejó Seillant. Cabe recordar que el directorio del IOMA está compuesto por directivos que representan a los gremios estatales, beneficiarios de la obra social. Entre los apuntados por el gremio de la entidad figuran Gustavo Seva (representante de los municipales), Patricia Nisembaum (de SUTEBA) y Luis Pérez (UPCN). Seva es del gremio municipal de San Isidro, un hombre cercano a Gustavo Posse. Para Martello, la diferencia entre intervenir como pidió su bloque e interpelar como dice el massismo es esta relación incómoda.

Un 2013 con serios problemas de atención

Los problemas del IOMA no solo están vinculados con las causas por corrupción, ya que durante 2013 hubo serias denuncias sobre el funcionamiento de la entidad. En concreto, la obra social emplea a unas 2550 personas, divididas en 178 delegaciones y en 14 direcciones regionales. En total, entre médicos, odontólogos y otros rubros de la salud, la oferta llega a 37.500 profesionales. Para esto, este año cuenta con un presupuesto de 8200 millones de pesos.

Durante todo el año, hubo quejas de los prestadores —farmacias, laboratorios, clínicas, entre otros— por los atrasos en los pagos, que llegaron a superar los 90 días. Incluso durante 2013 hubo varias amenazas de corte se servicios

Además, los gremios se quejan de deficiencias en la atención, que afectan a más de dos millones de afiliados estatales y sus familias. Ante esta situación de precariedad, el gremio docente SUTEBA creó en el conurbano sur una mesa de seguimiento de las prestaciones, que se reunió dos veces en el año, y abarca toda la Región VI, que incluye los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown y Esteban Echeverría, entre otros. “Desde el año pasado estamos diciendo que los fondos que se descuentan a los trabajadores para el IOMA no van a las prestaciones. Venimos denunciando el estado financiero de la obra social”, le dijo a Política del Sur Adriana Grandoli, titular de la seccional Lomas de Zamora.

Incluso, el gremio docente realizó una intensa campaña de firmas para que se regularice la situación, que afecta a todo el espectro estatal. Otros gremios también se sumaron a las críticas. “Hace rato que hay preocupación por parte de CICOP por la situación del IOMA, constantemente tenemos quejas de nuestros afiliados por la atención y la prestación”, le dijo a Política del Sur María Teresa Sosa, secretaria gremial de CICOP. La dirigente aseguró que en el gremio: “Teníamos alguna información sobre casos de corrupción, era un secreto a voces que podía pasar algo como esto”.