La presidente Cristina Fernández de Kirchner cumplió el anuncio efectuado el jueves: ayer envió al Congreso nacional el proyecto de ley que establece límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, Corrientes cuenta con restricciones aún más prohibitivas desde el 2007, año en que se reformó la Constitución provincial. Y las experiencias locales, en este último periodo, son de lo más variadas.

No fue fácil el debate en Corrientes. La maratónica sesión de la Convención Constituyente del 1 de junio de 2007 comenzó a las 13 y culminó a las 1:45 (ya del 2 de ese mes). Tampoco todos estuvieron de acuerdo. La incorporación de los artículos contra la “extranjerización de la tierra” tuvo posiciones divididas. Finalmente, la votación terminó 21 a 15 (una abstención, un ausente - el ex gobernador Arturo Colombi - y uno que se retiró del recinto - el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani -) a favor de incluir, en la Carta Magna provincial, la prohibición de venta de bienes inmuebles a personas que no hubieran nacido en suelo argentino.

El jueves pasado, una vez conocida la decisión presidencial, época consultó al ministro de Producción, Jorge Vara. El funcionario del gabinete de Ricardo Colombi comentó que la Constitución provincial es mucho más restrictiva que la iniciativa de la Administración de Cristina Fernández de Kirchner.

“¿Cuál es la experiencia en Corrientes?”, le pregunto este medio al ministro Vara. El titular de la cartera productiva, tras señalar que se trata de una respuesta personal que no involucra la posición gubernamental, dijo que la prohibición establecida en la Constitución generó la pérdida de inversiones de capitales internacionales. Luego apuntó que está a favor de un debate “técnico” del proyecto pero no de “estériles discusiones ideológicas” alrededor de la iniciativa.

Vara dijo, siempre sin involucrar la visión política del Gobierno provincial, que respalda las inversiones extranjeras en suelo correntino siempre que esos capitales se vuelquen en producción e industrialización “no así en aquellos que adquieren tierras sólo para especular”.

El “freno constitucional” dejó varias experiencias, algunas no del todo positivas. Por ejemplo, hace pocos meses un industrial brasileño pretendió adquirir un campo en Mercedes destinado a la producción arrocera. El terreno ya tenía una represa, para el riego, y otra a medias con un agropecuario vecino.

La idea del inversor brasileño era construir una tercera represa e instalar una planta destinada al secado, al almacenamiento y un molino industrial, generando mano de obra directa e indirecta en la zona.

Sin embargo, ante la prohibición de la Constitución provincial, el inversor extranjero optó por no “buscar alternativas” para volcar sus capitales en Corrientes.

El sector que más rechaza la oposición de la Carta Magna correntina es el forestal. Es que dicho emprendimiento productivo necesita, casi con urgencia, de capitales extranjeros que se vuelquen a la industrialización de la madera, especialmente a una fábrica de pasta de celulosa.

Es que prácticamente no existen capitales nacionales que pudieran enfrentar una inversión de mil millones de dólares necesaria para la construcción de una pastera.