Por Eugenia Muzio

La construcción en coma en la era Javier Milei. Entre enero y febrero, el ministro de Economía, Toto Caputo, no giró un peso a contratos de obras públicas en ejecución y al empresariado le dijo que la prioridad es el ajuste fiscal. El sector se cae a pedazos: peligran 100 mil empleos directos y el doble de indirectos.

 

Gran parte de las empresas del rubro están a un par de meses de entrar en estado de quiebra. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) hay 1.400 compañías asociadas. "Muchas de ellas pueden entrar en concurso de acreedores en los próximos meses", advirtió el titular de la entidad, Gustavo Weiss, en diálogo con Letra P.

En una reunión del Consejo Ejecutivo de la entidad, las constructoras plantearon un escenario donde la motosierra libertaria pulveriza a la obra pública y la recesión golpea a los privados, haciéndola caer a cerca de 30% por el desaliento de la inversión.

 

 

El empresariado lamenta haber perdido a su interlocutor principal, el expulsado ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, a quien conocían de la cámara. El diálogo continúa con segundas líneas del exfuncionario y Caputo los recibió recientemente para hablar de la situación sectorial.

La era del hielo de Toto Caputo

La administración libertaria tiene una deuda de $150 mil millones por obras que estaban en marcha. La versión del Palacio de Hacienda es que faltan designaciones formales para poder destrabar esos recursos. Recién esta semana se eliminó la cartera de Infraestructura y fuentes del quinto piso del Ministerio afirman que el funcionamiento del área, por ahora, no está amalgamado en términos prácticos con el resto del edificio.

Las obras públicas paralizadas en gran parte del país

Caputo no tomó nota de la urgencia. "Están tratando de analizar cuáles son las obras prioritarias", contó Weiss, pero aclaró que Economía no le puso plazo al análisis, por lo que la dimensión de la situación aún está por verse. De acuerdo con estimaciones de la cámara constructora, hay u$s 5.000 millones invertidos en obras no terminadas que, con el tiempo, perderán valor. Con los gobiernos provinciales el estado de las conversaciones es bueno, pero las cajas se achicaron y no alcanzan.

En enero, la partida de gastos de capital fue una de las que explicó el superávit financiero, ya que se desplomó 75,6% en términos reales. Hubo ausencia total de inversión en los programas Infraestructura y Equipamiento de escuelas públicas y Conectar Igualdad, ambos bajo la órbita de la Secretaría de Educación.

El fin de las obras públicas

Como contó Letra P, con la intención de eliminar fideicomisos, la gestión libertaria afectará principalmente a la obra pública: el más importante en términos de envío de dinero es el Sistema de infraestructura de transporte (FFSIT) que promueve el desarrollo de la infraestructura vial nacional. Días atrás, el Ejecutivo modificó la asignación específica de la coparticipación del impuesto PAÍS y podó de un 30% a un 1% el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) gestionado por las organizaciones sociales para la urbanización de barrios carenciados.

A principios de mes, Camarco se declaró en estado de emergencia. "De persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general", advirtió la cámara constructora en un comunicado.

"En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones", agregó.