Durante este año, la construcción pasó de ser el sector estrella y el principal motor de la recuperación de la actividad y el empleo en 2017 a quedar en el ojo de la tormenta por la causa de los cuadernos y las dificultades para llevar adelante los proyectos de Participación Público Privada (PPP).

Al provenir el presidente Mauricio Macri de una familia que hizo su fortuna como contratista del estado, el razonamiento lógico era que durante su gestión se iba tratar de una de las actividades más favorecidas.

Sin embargo, la reactivación del año pasado después del derrumbe de 2016 demostró que no se trataba más que un mero rebote y el rubro se derrumbó apenas se cortó el financiamiento para el déficit público como para los emprendimientos del sector privado. Es que el crecimiento de 2017 había venido de la mano del boom de los préstamos hipotecarios en UVA y el gasto en obra pública de cara a las elecciones legislativas.

Tras los comicios, el Gobierno comenzó a recortar los gastos de capital, que en el acumulado de los once meses de 2018 muestran una contracción del 33% en términos reales. A eso se le sumó la “tormenta” financiera que dis- paró el tipo de cambio un 100% en un mercado dolarizado, y el traslado de la suba de tasas para contener la corrida, dos factores que volvieron prohibitivos los créditos, hasta ese momento una de las variables de mayor dinamismo de toda la economía.

Por otro lado, con el inicio de la corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el recorte en los gastos de infraestructura se profundizó, al que luego se sumó el escándalo de los cuadernos, que levantó un manto de sospecha sobre todos los empresarios de viven de la obra pública justo cuando debían empezar a tomar impulso los proyectos de PPP.

La investigación destapada por el diario La Nación cayó como una bomba neutrónica sobre los hombres del rubro, que por primera vez en su historia levantaron la tradicional convención anual organizada por la cámara de la construcción.

En ese sentido, también sobre el final del año la Camarco debió renovar autoridades. El cambio en la composición del directorio reflejó la crisis que atraviesan los dirigentes del sector: los apellidos más conocidos quedaron fuera de la mesa, o debieron ceder el lugar a las nuevas generaciones. En tanto, se eligió como presidente al abogado Julio Crivelli, un histórico asesor del sector pero que no es dueño de ninguna constructora.

Mientras tanto, las iniciativas de PPP con la que el Gobierno planeaba desarrollar ambiciosos proyectos de infraestructura vial, energética y social sin incrementar el gasto ni el endeudamiento, quedaron heridas de muerte.

Apenas pudieron licitarse seis corredores en la zona núcleo, que todavía no tienen cerrado su financiamiento.

Es que por un lado, la disparada del riesgo país encareció de manera estratosférica los fondos que las compañías debían salir a buscar al exterior, volviéndolos inviables. Por otro lado, las empresas que figuran en la causa de los cuadernos que tenían acordado préstamos por parte de bancos norteamericanos debieron desistir por las políticas de “compliance” que aplican las entidades estadounidenses.

Ante ese escenario, el Gobierno anunció la creación de un fideicomiso con aportes del Banco Nación y el BICE, pero hasta ahora no hubo mayores avances concretos.