A la espera de que se defina cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, la Federación de Comercio e Industria (FECOBA) se reunirá este martes con autoridades del gobierno porteño para evaluar medidas que mitiguen el impacto económico provocado por la pandemia de coronavirus.

La incertidumbre entre comerciantes y empresarios de pequeñas y medianas empresas va en aumento a medida que se continúa prorrogando la cuarentena en la Capital Federal o se da marcha atrás en flexibilizaciones concedidas semanas atrás. Debido al preocupante aumento de casos de COVID-19 que se registraró en el territorio porteño en los últimos 15 días, el Gobierno limitó la actividad comercial en 29 zonas con el objetivo de evitar las aglomeraciones de gente en procura de disminuir las probabilidades de contagio. Dicha decisión provocó que locales vuelvan a cerrar sus puertas, mientras que la situación es aún más dramática en rubros como el de indumentaria que directamente no están habilitados en ninguna parte de la Capital.

En este contexto, hoy a las 9 de la mañana autoridades del gobierno porteño recibirán a representantes de FECOBA para analizar medidas para mitigar el impacto económico. También se abordará el tema de la competencia desleal generada por supermercados de grandes cadenas que venden productos no esenciales como indumentaria y calzado, lo que consideran que afectará aún más las ventas de los comercios que se dedican a esos rubros cuando estén habilitados para la reapertura.

Desde FECOBA denuncian competencia desleal por parte de las grandes cadenas de supermercados (Maximiliano Luna)

Desde la Federación de Comercio e Industria insistirán en la necesidad de que el Gobierno acompañe con medidas como diferimientos impositivos, alivio fiscal, y acceso al crédito. “FECOBA reitera el compromiso de los comerciantes en el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios al tiempo que insta a la instrumentación de medidas inteligentes y urgentes que permitan retomar la actividad económica”, manifestaron a través de un comunicado.

En tanto, ayer la Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC) solicitó al Gobierno de la Nación “la protección de la trama empresaria” mediante la adopción de medidas destinadas a “reducir la judicialización” que puede enfrentar el sector frente a una eventual “imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones”.

El reclamo fue elevado por la entidad a través de una nota dirigida al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Resulta fundamental contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad”, expresó la CAC en un comunicado al solicitar “una normativa que establezca procedimientos de emergencia”.

De esta forma la entidad apunta a preservar la operatividad de las unidades productivas y evitar la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias. Por ello, planteó la creación de una instancia administrativa especifica con facultades conciliatorias que funcione como espacio alternativo de solución de controversias previo a la judicialización del conflicto.

También se solicitó la suspensión temporal de medidas cautelares, embargos. inhibiciones, ejecuciones, basadas en obligaciones incumplidas en el curso o como consecuencia posterior de la aplicación de las medidas de emergencia dictadas por los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales.

Desde la CAC insistieron en la necesidad de una regulación normativa del proceso de regularización del endeudamiento con los fiscos, para permitir recuperar la recaudación sin destrucción de empresas. Y finalmente la adecuación de la legislación aplicable en materia concursal en relación con la situación de emergencia pública sanitaria, y la determinación de esquemas de financiamiento de los pasivos con el sistema financiero, incluyendo a las tarjetas de crédito.

"La múltiple y bienvenida asistencia estatal al sector privado (en materia laboral crediticia e impositiva) en muchos casos no ha logrado evitar el incumplimiento de obligaciones asumidas por las empresas, lo que da lugar a una conflictividad latente que las expone, especialmente a las mipymes a su potencial extinción”, detalló la CAC.