Alejandro Horvat

Luego de dos años de la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal, algunas tendencias en las compras públicas de alimentos para niños y adolescentes escolarizados, comenzaron a cambiar. Sin embargo, solo siete provincias adhirieron a la ley.

La información surge del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en la Argentina (etiquetadoenargentina.org), una herramienta creada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar, que fue presentada hoy en la jornada inaugural del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en la Argentina.

De las 24 jurisdicciones, solo siete avanzaron en el dictado de normas complementarias o leyes de adhesión. De las cuales, cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance sobre todo en los mecanismos de implementación. pero no respecto a componentes principales de la ley.

Se llevó a cabo hoy el 1° Congreso de Políticas Alimentarias en la Argentina, impulsado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación SanarGentileza: Fundeps

Es decir, de las siete que avanzaron, ninguna dictó normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos, tampoco otras que detallen cómo desde las compras públicas se garantizará una mejora de la calidad alimentaria. En cuanto al componente de publicidad, promoción y patrocinio, la vía pública y los puntos de venta (dos ejes en donde las provincias cobran mayor relevancia) tampoco se han pronunciado. “Esto implica una dilatación sobre la plena implementación de la ley a nivel federal”, indica el informe.

“La implementación de normas locales son de gran importancia ya que dan posibilidad de adaptar la normativa a la realidad de cada jurisdicción y mejorar su implementación a nivel local. Además, permite avanzar sobre aspectos de competencia exclusiva de las jurisdicciones que la ley nacional no alcanza. A su vez, la implementación de normas locales da cuenta de un importante acto de voluntad política y representan una oportunidad para elevar el piso mínimo que establece la normativa nacional”, detalla el texto enviado por Fundeps.

Cambio de hábitos

Sin embargo, como parte del mismo trabajo, Fundeps realizó una investigación en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán y Mendoza, que muestra que, a pesar de no haber adherido a la ley, iniciaron procesos de cambios en las compras públicas de alimentos en escuelas primarias y secundarias.

De la encuesta que realizaron surgió que, a partir de la sanción de la ley, comenzaron a implementarse modificaciones en los criterios de selección de los alimentos tendientes a mejorar su calidad. Algunas jurisdicciones adoptaron alternativas para cubrir los menús del desayuno, merienda y almuerzos. Las opciones fueron desde el reemplazo de alimentos con sellos de advertencia hasta la incorporación de pequeños comercios de cercanía para proveerse de productos no industriales.

Para llegar a estas conclusiones, ambas fundaciones realizaron un total de 10 entrevistas a actores clave que participan en la gestión de las compras públicas para comedores escolares de esas cinco provincias, como autoridades del área de compras y de programas alimentarios, nutricionistas, trabajadores sociales y los proveedores.

Uno de los puntos más destacados que detecta la investigación, es el reemplazo de productos industriales por proveedores que entreguen mercadería realizada con productos saludables. Sin embargo, allí se abre la incógnita sobre si un producto no etiquetado, necesariamente es más sano que uno industrial.

“Por un lado, los productos caseros tienen menos aditivos que los ultraprocesados. Por otro lado, en la investigación que realizamos desde Fundeps, en el caso de compras a panaderías locales, estas se realizan en el contexto de una prueba piloto donde la receta del pan la realizaron nutricionistas del Ministerio de Educación de una provincia, incorporando cereales integrales”, explica María Laura Fons, abogada del área de salud de Fundeps.

A su vez, Fons resalta la importancia de que la ley de etiquetado haya marcado el inicio de un proceso de transformación en los alimentos que se ofrecen en los comedores y kioscos escolares.

“En este proceso es fundamental que los ministerios nacionales y de las provincias acompañen a las comunidades educativas para que los productos ultraprocesados con sellos no sean reemplazados por otros productos sin sellos pero que no son nutritivos. Y que en cambio se aproveche esta oportunidad para dar un salto de calidad en los alimentos que se ofrecen en escuelas. Es decir, que estos alimentos sean nutritivos, variados, de producción artesanal y mayormente frescos, como frutas y verduras”, agrega Fons.

La ley de etiquetado frontal prohíbe que los productos que tengan al menos un sello de advertencia sean ofrecidos, comercializados o publicitados en las escuelas, Y, además, plantea educación alimentaria nutricional.

“Al implementarse la ley, quedó en evidencia que muchos productos que se ofrecían como saludables en realidad no lo eran. Y también planteo la pregunta de qué es una alimentación saludable. Además, hay que tener en cuenta que la ley de etiquetado no se reduce solo a los sellos de advertencia en los productos (que nos informan sobre exceso de grasas, azúcares, sodio, etc). Se trata de una política pública integral que incluye una serie de medidas que buscan promover hábitos y entornos saludables”, explica Fons.