Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

 

El Gobierno nacional viene celebrando el superávit fiscal alcanzado desde el inicio de año y este lunes -según lo anticipó el presidente Javier Milei en Llao Llao- daría a conocer por cadena nacional el resultado también favorable de marzo, de cara al objetivo de “déficit cero” para este año. Sin embargo, si se pone el ojo en cómo se logra tal resultado, sobresalen los fuertes recortes en jubilaciones, pensiones, asistencia social y alimentaria, obra pública y recursos a provincias que tiene repercusiones concretas en las condiciones de vida de la población. De hecho, en estos días se confirmó el ajuste en partidas de educación y salud que profundizan el achicamiento del Estado en un contexto donde diferentes sectores alertan por el crecimiento de la pobreza: más de tres millones de personas cayeron en la pobreza durante el primer trimestre de 2024 al tiempo que la pobreza infantil escalaría al 70%, afectando a generaciones de argentinos.  

El resultado fiscal de estos meses se financió a partir de un ajuste de, al menos, 40% del gasto público, devaluación del 118% y una inflación arriba del 50% en solo tres meses, a la vez que más de 20.000 personas ya fueron despedidas, muchas con más de 25 años de servicio. Un caso reciente es el del programa ENIA que, según datos oficiales, redujo a la mitad el embarazo no intencional en la adolescencia, y que la gestión libertaria confirmó que desmantelará a partir de dejar sin efecto la contratación de más de 600 personas que aseguraban su funcionamiento a nivel federal desde 2017. Esto se suma además a los ajustes en educación: la financiación universitaria registra su nivel más bajo desde que se tiene registro (1997), el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo que en 2023, y la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria trepó al 34,4%.

Esta situación genera un estado de alerta y movilización en diferentes actores sociales que advierten, a su vez, por la profundización de desigualdades sociales existentes, aumento del desempleo, y mayor desprotección en el acceso a servicios y derechos por parte de la ciudadanía. Esto en un marco donde el gobierno prioriza cumplir con las exigencias del FMI en el marco del préstamo que acordada Mauricio Macri en 2018, aunque con un ajuste que -resaltan- es mayor que el pedido por el propio organismo internacional, que a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, exige priorizar el gasto en pagos de deuda por sobre la calidad de vida de la mayor parte de la población.

Ajuste y desmantelamiento del Estado

"En el marco de las auditorías que está llevando adelante el gobierno, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación. Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan ENIA", indicó recientemente el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus habituales conferencias de prensa. De esta manera, el Programa de Embarazo No Intencional en la Adolescencia que la propia información oficial confirma que permitió reducir un 50% de los embarazos adolescentes en seis años, ahora se queda sin médicos, psicólogos, administrativos y diversos profesionales que aseguraban su implementación, en tanto que tampoco está claro cuánto será el presupuesto asignado para una política que llegó a más de diez provincias, respecto de las que el gobierno nacional espera que “si quieren seguir con las contrataciones” lo hagan por su cuenta. Esto último es poco probable su se tienen en cuenta los números en rojo de las jurisdicciones, con impacto de los recortes en las transferencias corrientes y de capital desde Nación (-62% y -96% en términos reales en el primer trimestre del año, en cada caso, según ASAP).

El programa del que participaron a lo largo de los dos gobiernos anteriores diferentes organizaciones de la sociedad civil, buscaba al mismo tiempo que garantizar el derecho a la salud sexual e integral, promover mejores oportunidades de estudio y futuros laborales para esa población, evitando que se agraven las desigualdades de género y sociales más arraigadas en la sociedad. “Al ajuste no lo paga la casta sino las niñas, adolescentes y mujeres. Todos los días conocemos la noticia de nuevos despidos en diversos organismos y reparticiones del Estado. En medio de un escenario de ajuste y colapso sanitario a raíz de la epidemia de dengue, el gobierno no asume ningún compromiso en el cuidado de las personas, mientras recorta tratamientos de enfermedades crónicas, vacía programas destinados a la ayuda a comedores y a pesar de dejar sin efecto contratos a millas de trabajadores y trabajadoras que diariamente garantizan la continuidad de políticas que han demostrado ser eficaces y que responden a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra población”, señalaron desde el espacio de Católicas por el Derecho a Decidir, que trabaja hace décadas con otras organizaciones y el Estado por el acceso a derechos básicos de la población. 

En esa línea, recordaron que 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia son no intencionales (de jóvenes entre 15 y 19 años) mientras que en menores de 15 años esa proporción asciende a 8 de cada 10 embarazos, no obstante “desde el lanzamiento del Plan ENIA se logró reducir el número de embarazos en jóvenes entre 15 y 19 años un 53%, y un 57% para el caso de menores de 15 años”. Al respecto, subrayaron que “el embarazo en la adolescencia afecta no sólo las trayectorias escolares, también amplía la brecha salarial y de género al reducir las posibilidades de inserción de las mujeres en el mercado laboral”. En lo concreto el 62% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia no pudieron terminar la secundaria. 

A su vez, el ajuste en partidas clave no se limita a tal programa, sino que un relevamiento llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que desde que asumió el actual gobierno nacional “más de la mitad de políticas de cuidados fueron desmanteladas”. El primer monitoreo de “La Cocina de los cuidados” reflejó que, de 43 políticas de cuidado de alcance nacional, 21 fueron desarmadas, 15 están en estado de alerta y solo 7 se encuentran vigentes. “La administración Milei, en sus primeros 120 días instaló una ofensiva contra las condiciones de vida, la organización y gestión de los cuidados en toda la sociedad. Esto significa menos presupuesto, menos incidencia y un efecto rebote en municipios, organizaciones y todos los sectores de la sociedad porque aumenta las tareas de cuidado en la casa y la demanda en las organizaciones territoriales”, detallaron en el informe..

También se dio cuenta que las tres políticas de infraestructura que estaban destinadas a ampliar salas y jardines infantiles tienen ejecución cero en lo que va del año. Por otro lado, el monto del programa estudiantil Progresar quedó licuado, la ejecución del Plan de crianza Mil Días cayó en un 74%; y se suspendió el envío de alimentos a la mayoría de los comedores comunitarios y escolares. Además, las políticas de formación, formalización y remuneración de las trabajadoras del cuidado están siendo suprimidas. Un caso concreto es la derogación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el programa Potenciar Cuidados, del que eran parte 143.000 cuidadoras comunitarias, también en desarme.

 

 

En la misma sintonía, una investigación reciente realizada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) sobre las brechas de género y el impacto del presupuesto ejecutado en el primer bimestre del 2024 en relación con igual lapso del 2023, destacó que “el gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad fue un 33% más bajo que el año pasado”. Puntualmente, se produjo una fuerte caída en la ejecución de los programas del sistema previsional: cayó 45,5% lo destinado a Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y 38,5% para Moratorias (6 de cada 10 mujeres que están jubiladas, lo hicieron a través de la moratoria). En vinculación, también observaron significativas bajas en las políticas destinadas a fortalecer los ingresos laborales. El programa Potenciar Trabajo (hoy modificado en dos programas diferentes) tuvo una reducción del presupuesto ejecutado del 71%, y dos tercios de las personas beneficiarias son mujeres jefas de hogar. Asimismo, el programa Registradas diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares fue eliminado y también se redujeron los recursos para el Programa de asistencia económica Acompañar en un 69% (más de 350.000 mujeres de todo el país invirtieron los modestos recursos en una vivienda segura y retomar sus estudios). 

El desmantelamiento de los diferentes programas y políticas públicas tiene su contraparte en la ola masiva de despidos estatales y la confirmación de parte del presidente, Javier Milei, quien celebró que la “caída” podría llegar a “70.000 contratos”. Esto sucede bajo argumentos que se trata de “vagos/improductivos” y de “gastos innecesarios”, pero lo cierto es que se trata de frases estigmatizantes que no tienen sustento directo en los datos duros. En detalle, los empleados públicos representan el 18% de la población total ocupada, con mayor presencia de mujeres sobre todo en Educación, Salud y Servicios comunitarios, y en un 51% cuentan con título terciario o universitario. Predomina el ámbito provincial, donde el peso sobre el total del trabajo varía entre el 13% y 40% según cada región, y según estiman consultoras y el sector gremial, el impacto del salario estatal en el presupuesto se ubica entre el 1,5% y 2% del PBI.

Mayor desigualdad y pobreza 

Las consecuencias directas de un ajuste que tiene como epicentro recortes en partidas sociales, de educación, salud y seguridad social, sumado a ingresos pulverizados y a la desregulación de los precios, se traducen en una mayor informalidad y pobreza social. 

“Los despidos en áreas clave del Estado nacional ponen en peligro avances y políticas que han significado un faro para la región en materia de derechos y acceso a la salud integral”, indicaron desde Católicas por el Derecho a Decidir, y agregaron que “el gobierno de Milei ha construido la idea de que el problema central de la crisis económica reside en la estructura del Estado y en las políticas públicas que despliega. Montado en esa falacia y decidido a beneficiario a los grandes grupos del poder concentrado, avanza desmantelando ministerios, secretarías, direcciones, programas, para ‘ahorrar’”. Por su lado, el informe del CELS, destacó que casi el 70% de los niños de sectores populares están haciendo una sola comida por día poniendo el foco en “la suspensión del envío de alimentos a los 44.000 comedores y el recorte del alcance de la Tarjeta Alimentar, que, aunque está vigente, no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de quienes la necesitan”. 

Este panorama agrava los problemas estructurales del país que hacen que cada vez sean más las familias que viven en condiciones de pobreza. Según datos de la UCA, en la última década, la cantidad de trabajadores ocupados pobres se triplicó pasando en del 11,5% en 2012 al 32,5% en 2023. El porcentaje es mayor incluso si se tienen en cuenta condiciones laborales más precarizadas, ya que escala al 44,2% en el caso de empleo informal y al 78% si se considera puntualmente a quienes son destinatarios de programas de empleo. Con datos a marzo 2024, una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad necesitó $773.000 para cubrir una canasta básica, es decir que, solo considerando alimentos de primera necesidad y si se le suma alquiler y cuidados indispensables una familia necesitaría, de mínima, $1.500.000, y a esto habría que sumarle costo de servicios (luz, gas, agua) y transporte. El salario promedio formal apenas toca los $600.000.

Un informe reciente que estimó la incidencia de la pobreza para el primer trimestre de 2024, señaló en ese sentido que, considerando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC junto a proyecciones de la canasta básica total (CBT) y el IPC, la pobreza alcanzó en tres meses de 2024 al 51,8% de la población, lo que implica 3.2 millones de nuevas personas pobres comparado con diciembre pasado. Así lo indicaron desde la Universidad Torcuato Di Tella, al relevar “una tasa de pobreza estimada en 44,9% para el cuarto trimestre de 2023 y 51,8% para el primer trimestre de 2024″. Y la situación empeora en el caos de la pobreza infantil que desde hace décadas no logra perforar el piso del 30%. Considerando los actuales recortes presupuestarios y a partir de estimaciones macroeconómicas desde UNICEF señalaron que “la pobreza ascendería en el primer trimestre de 2024 al 71% y la indigencia a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes”. En ese mismo sentido se advirtió también que “se estaría frente a una crisis profunda con grandes repercusiones en el bienestar no sólo actual sino también de largo plazo, a través de la denominada transmisión intergeneracional de la pobreza”.