A través de un comunicado de prensa, más de cien organizaciones civiles reiteraron su apoyo a la reforma tributaria presentada recientemente por el Gobierno de Gustavo Petro en la que se incluye el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Los firmantes del texto, que vienen promoviendo esta acción desde hace varios años, señalaron que el aumento de los costos de estos productos podría ayudar a frenar su consumo y por ende los niveles de obesidad y diabetes en el país.

“Las organizaciones y personas firmantes manifestamos nuestro apoyo a la inclusión de un impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas en la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Consideramos que esta es una medida necesaria para detener el aumento de las enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de estas bebidas, garantizar el derecho a la alimentación adecuada y avanzar en materia de justicia fiscal”, aseguran los firmantes del comunicado.

Las organizaciones aseguran que mientras gran parte de la población sufre de hambre, la obesidad crece “dramáticamente”. Señalan que esto lo evidencia los hallazgos científicos que no tienen conflicto de interés.

Particularmente, sustentan su declaración en los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) del 2015 que señalan que en Colombia el exceso de peso afecta al 56,5 % de los adultos y al 24,4 % de niños y niñas de 5 a 12 años. Explican que La obesidad y el sobrepeso facilitan la aparición de otras enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más allá de los efectos en la salud, las organizaciones también exponen que el alto consumo de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados también tiene efectos en la soberanía alimentaria.

“Cada vez nos invaden más estos productos dañinos para la salud, mientras se dejan de lado las bebidas saludables tradicionales y sostenibles, provenientes muchas veces de economías locales y campesinas. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas ayudaría a incentivar el consumo de alimentos reales, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medio ambiente”, explican.

Así las cosas, sostienen que “una política fiscal justa” ayuda a cerrar brechas de desigualdad y también contribuye a “desincentivar conductas nocivas para la población”.

Hay que resaltar que en el comunicado se propone un impuesto a estos productos del 24 %. Esto es un porcentaje alto y muy por encima de las estimaciones del Gobierno que pretendía gravar estos productos solo con un 10 % y a la tarifa sería definida por el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida.

“Desde la sociedad civil proponemos un impuesto del 24% a las bebidas ultraprocesadas endulzadas. Según estimaciones hechas por los investigadores Andrés Vecino y Daniel Arroyo, esta medida tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5 % a un 10 %. Nuestra propuesta incluye la destinación del recaudo a inversiones sociales para mejorar el acceso a agua potable y en políticas de prevención en salud pública”, proponen en el documento.

Cabe anotar que el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas ya existe en más de 70 países. Estudios han demostrado que esto no genera menos ingresos a la tienda y almacenes que venden estos productos, pues cuando bajan las ventas de las bebidas ultraprocesadas endulzadas, aumentan las ventas de otras bebidas, como el agua embotellada.