El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos anunció anoche que llevará ante las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otras instancias el conflicto de la crisis fronteriza entre su país y Venezuela.

"Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible", afirmó Santos en un discurso por radio y televisión un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) descartara una reunión de cancilleres para abordar el caso.

"Lo hará la canciller (María Ángela Holguín) ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hará ante el secretario general de Naciones Unidas, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones", dijo.

El mandatario lamentó la decisión adoptada el lunes en Washington por la OEA y dijo que aunque Venezuela tiene derecho a cerrar sus fronteras y expulsar a extranjeros, no puede violar el derecho internacional en el caso de los colombianos deportados.

"Las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad. Las deportaciones no pueden ser masivas ni arbitrarias. Deben ser individuales previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades", dijo el jefe de Estado.

"Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela. Y no sólo eso. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado, se han violado toda clase de derechos fundamentales", expresó. El gobernante colombiano dijo que los militares venezolanos han marcado con la letra "D" las casas de los colombianos en la frontera, lo cual le hace recordar "los guetos nazis".

Al referirse al pedido de Colombia para que los cancilleres de la OEA debatieran el tema, Santos manifestó que su gobierno estaba confiado en que el organismo no iba a eludir la discusión. "Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. Es triste constatarlo, pero fue así. Ha sido un revés, claro, pero no nos sentimos derrotados", dijo.

Santos señaló que su gobierno ya descartó que una de las instancias internacionales para plantear el tema sea la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Asimismo, reveló que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, le dijo que considera "seriamente" la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional a "miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma".

Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores de Táchira y ordenó la deportación masiva de colombianos, con el argumento de que luchará contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.

El opositor Leopoldo López podría ser condenado a 14 años

La Fiscalía de Venezuela pidió que el dirigente derechista Leopoldo López y cuatro estudiantes encarcelados junto con él, sean condenados por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio por los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero de 2014 en Caracas. Podría recibir hasta 14 años de prisión. Esos episodios, acompañados de una persistente convocatoria a realizar acciones violentas –a lo que el sector extremo de la oposición llamó la opción de "La salida", el golpe de Estado– se prolongaron más de un mes y se cobraron 43 vidas.

"Las 30 pruebas periciales avalan claramente la comisión de los hechos punibles por parte de los cinco hombres, en especial López, quien queda acusado por los delitos de daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir", precisó el organismo. La defensa de López y sus cuatro aliados pidió la absolución de los cinco. Según el Código Penal, a la sanción correspondiente al delito de mayor entidad (en este caso asociación para delinquir, que merece hasta diez años de prisión) se le suma la mitad de las penas establecidas para el resto de los delitos.

Según la Fiscalía, está probado que López "hizo pronunciamientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que claramente incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al gobierno y a las instituciones del Estado venezolano".