Por su parte, lo que la oposición ve es que la mandataria pretende acabar con la independencia de ese poder del Estado, en tren de lograr la hegemonía de la toma de decisiones, al contar ya con un Poder Legislativo mayoritario y adicto. Así, la discusión por la reforma judicial que planteara Cristina Fernández días pasados se encuentra en su “punto de ebullición”.

Muchos puntos de resistencia encontró esta iniciativa del oficialismo, entre ellos el de la Asociación de Magistrados, que manifiesta el posible cercenamiento de la independencia del Poder Judicial. En realidad, todos los fueros de la Justicia plantearon su desacuerdo a modo general, no sin antes reconocer que una reforma es necesaria, aunque no en el sentido elegido.

Asimismo, referentes de la oposición expresaron su disconformidad y se congregaron en torno a los edificios que posee el Poder Judicial en las diferentes ciudades del país para desarrollar un “abrazo simbólico”.

El jueves miles de argentinos salieron a las calles, cada uno en sus respectivas localidades, para expresarse en contra del Gobierno. La reforma judicial fue el punto común del reclamo; sin tecnicismos, la gente expresaba que la considera un atropello a la Constitución y al sistema de división de poderes; decían ver en la iniciativa presidencial una búsqueda de impunidad respecto de delitos de corrupción y un nuevo paso hacia la hegemonía del poder.

LA OPINION abrió sus páginas a voces representativas para que se ubiquen en el debate: a favor o en contra de la reforma. Se expresaron el intendente Héctor Gutiérrez, como político de la oposición; el máximo representante de los Magistrados, referentes del kirchnerismo y un abogado particular. Todos expresaron los “pro” y los “contra” de esta propuesta.

Gutiérrez

Días pasados en nuestra ciudad y en diferentes localidades del territorio nacional, ciudadanos autoconvocados se congregaron en las calles para dejar en claro su disconformidad para con esta medida.

El mentado “18 A”, el intendente de Pergamino Héctor “Cachi” Gutiérrez participó de la movilización que se desarrolló en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo junto a otros intendentes del arco opositor al Gobierno nacional.

“Los hechos de corrupción recientemente denunciados se suman, entre otras cosas, a las causas que tienen como principales responsables a Ricardo Jaime, Héctor Capacciolli, Juan Pablo Schiavi y Amado Boudou, entre otros. Esto permite comprender con mayor nitidez el objetivo de esta reforma judicial que apunta a garantizar la impunidad de los responsables de los diferentes actos de corrupción”, aseguró Gutiérrez, vinculando la iniciativa con una búsqueda de respaldo de la presidenta para una salida airosa de su mandato.

Para el jefe comunal “estamos viviendo y presenciando actos de terrorismo sin armas. En nuestro país hemos sido víctimas del terrorismo armado y ahora lo somos del terrorismo corrupto que corroe los cimientos de la democracia y la república.

Gutiérrez, como muchos, acuerda con que hay que reformar el Poder Judicial, pero sostiene que la que el Gobierno pretende “no es a favor de la gente sino a favor de ellos”.

“A la Justicia hay que exigirle como se nos exige a los políticos, como se le exige a la Policía, hay que exigirle algunas respuestas, hay que modernizarla”, dijo.

La hipótesis

El intendente plantea una hipótesis respecto del proyecto que refiere a las medidas cautelares que remite a un tiempo complicado de nuestro país: “No podemos aceptar esta decisión final de terminar con la independencia del poder judicial negándole el derecho a la gente de recurrir a medidas como las cautelares. Se han cansado todos de decirlo, que si no hubiese sido por las cautelares nadie hubiese podido recuperar su dinero del corralito. No vaya a ser cuestión que quieran echarle un zarpazo a los dólares que todavía quedan en los bancos y por eso estén modificando las leyes con el propósito de que el vecino, el ciudadano común, no pueda acceder y no tenga acceso a la plata”.

Magistrados al unísono

Los jueces hicieron conocer su oposición a la propuesta del Gobierno nacional. Lo expresaron claramente mediante el comunicado de la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial: “Para que en la República funcione la democracia es preciso que el Poder Judicial se encuentre en condiciones de producir decisiones imparciales, fundadas en prueba de Ley, respetuosas de la Constitución y con exclusión de injerencias de cualquier tipo.

“Los proyectos que modifican la forma de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura alteran su composición y la conformación de las mayorías para designar y remover a los jueces o limitan el ejercicio de medidas cautelares contra el Estado, lejos de lograr la pretendida democratización del Poder Judicial, aumentan el riesgo de dependencia.

“A nuestro entender, para lograr un mayor acercamiento al pueblo, son necesarios proyectos que contengan propuestas sistémicas y planificaciones estratégicas que conlleven a una mejor prestación del servicio de la justicia, por ello hemos impulsado propuestas para mejorar el acceso a la justicia, sobre todo de las personas vulnerables, la creación de Juzgados de pequeñas causas, de servicios de justicia barrial, para casos de salud ambiental, para consumidores o usuarios de servicios públicos, juicios por jurados para casos de corrupción en el ejercicio de la función pública, mediación u otros proyectos de participación ciudadana en la decisión de los conflictos.

“En síntesis propugnamos una reforma judicial que, evitando el peligro de la partidización política, asegure el acceso de las personas al servicio de Justicia, de modo tal de garantizar la tutela judicial efectiva, conforme los estándares internacionales.

“Se lesiona gravemente la independencia del Poder Judicial y por ende se violenta el Estado de Derecho si se aminora el poder de la Corte Federal de Justicia, último garante de la legalidad, neutralizando su independencia administrativa y económica y se debilita sus facultades de gestión”.

Burrone

En representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Pergamino, Guillermo Burrone expresó sus consideraciones respecto del proyecto, no sin antes aclarar que las reformas pretendidas afectan fundamentalmente al funcionamiento de la Justicia Federal y Nacional, no a la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura aparte”, expresó.

“Como ciudadano y como persona que trabaja en el ámbito judicial, la aplicación de estas nuevas medidas me causa preocupación. Poco tiene que ver el título de ‘democratización de la Justicia’ con el contenido.

“Es importante destacar que con la implementación de estos proyectos se afecta sensiblemente el funcionamiento del órgano y promueve la remoción de los jueces. A nuestro entender, se politiza demasiado la elección de los consejeros” consideró el magistrado

Para Burrone, se utiliza la palabra “democratización” porque tiene una connotación positiva en la gente pero en la realidad de la letra escrita en los proyectos, advierte que “hay otros objetivos, propósitos no confesados, que están encaminados, en el futuro, a manipular el funcionamiento y las decisiones del Consejo de la Magistratura”.

Nombramientos y poder

En cuanto al argumento sostenido por la presidenta respecto de que se trata con estas medidas de acercar la Justicia al pueblo, el magistrado señaló: “Lo que se genera es una superposición de representación sobre la base de la voluntad popular; necesariamente van a seguir los criterios que le indique quien lo incluyó en la boleta partidaria. Llegará el momento en que no se respetará el Sistema D’hont (cargos asignados a los partidos según la cantidad de votos obtenidos por sus candidatos en las elecciones), habrá muchas expresiones políticas que no van a poder acceder a un cargo, a un puesto en el Consejo de la Magistratura. Y a su vez se modifica el sistema de mayorías con el cual se toman las decisiones. Se advierte fácilmente que el nombramiento de los jueces quedará en manos de quien detente el poder de turno, la consecuencia es la pérdida de la independencia del Poder Judicial”, sentenció Burrone.

Otros aspectos

Respecto de las medidas cautelares, Burrone indicó que las modificaciones afectarán a los ciudadanos, mientras que la creación de cámaras de casación genera una instancia burocrática más que generará demoras en los juicios, sobre todo, en los laborales.

Necesaria

Muchos de los abogados han manifestado que es necesaria una reforma que agilice y tecnifique los procesos; incluso todos están a favor de la transparencia de que promueve la actual reforma a través de la publicación de las declaraciones juradas de los jueces. Es decir, nadie está a favor de un status quo, todos apuestan a un cambio, pero que éste surja de un profundo análisis, ajeno a la política. Por eso Burrone ve una contradicción al no permitir el Gobierno un tiempo más prolongado de debate al tratarse de una reforma tan importante: “Yo no veo impedimento para que se otorgue el tiempo de debate que este cambio merece, por eso volvemos a plantearnos el interrogante de si de verdad se quiere democratizar la Justicia”.

Volviendo sobre la denominación que ha recibido esta reforma, “democratización de la Justicia”, el magistrado recuerda que en su esencia, razón de ser y funcionamiento, al Poder Judicial no le es inherente la democracia: “El Poder Judicial, por definición, está para aplicar la Ley y la Constitución Nacional, no está para llevar adelante la voluntad popular, para eso están el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial sólo tiene que aplicar la Ley. Imaginen qué pasaría en un partido de fútbol, si el juez en vez de aplicar el reglamento, aplica lo que le dice la tribuna”, citó como claro y cotidiano ejemplo.

“Nosotros respetamos la voluntad popular en la medida en que ya está establecido con el voto, ampliar la base de representación y sobre la base de los partidos políticos es demasiado y necesariamente va a alterar la independencia e imparcialidad de los jueces”, considera el presidente del Colegio de Magistrados.