“Lo que hacen es secuestrar la democracia y poner los fondos de los argentinos al servicio de sus intereses personales”, le dijo a Hoy el diputado nacional del Pro Federico Pinedo, quien a pocos días de las elecciones en Catamarca presentó una denuncia penal por sospechosas transferencias de fondos (ver aparte).

Esta maniobra aumenta en tiempos electorales de la mano de quienes han sabido acumular poder y el manejo de los planes sociales. Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, ya no ostenta un cargo, pero sí detenta el manejo de muchos funcionarios provinciales y nacionales y, fundamentalmente, el reparto de millones y millones en planes sociales.

El líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D’Elía, perdió acciones en los últimos tiempos, pero no todas. En los últimos meses volvió a su discurso ultra K y se alineó con el diputado nacional Martín Sabbatella, ambos de sinuosa trayectoria. Eso le permitió volver a ganar terreno en la administración de planes sociales. Ellos son los nexos imprescindibles de los funcionarios.

Un plan sospechoso

El plan Argentina Trabaja es un emblema de la gestión de la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para terminar con el desempleo. Sin embargo, la realidad muestra que el objetivo final poco tiene que ver con devolverle la dignidad a la gente con un trabajo. Para ello, el Gobierno invertiría más de 50 mil millones de pesos al año, según estimaciones.

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que entre 2001 y 2006 se registraron casi 7 mil nuevas cooperativas, mientras que en toda la década del ‘90 se inscribieron sólo 1.500, según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

“El plan Argentina Trabaja se señala como si fuera un empleo formal, pero es un programa asistencial, similar al Plan Trabajar o al Jefes y Jefas”, explicó, en diálogo con Hoy, el economista Jorge Colina, uno de los autores de la investigación.

No obstante, el Argentina Trabaja tiene una diferencia sustancial con los otros programas: el dinero que obtienen los beneficiarios. El mal llamado plan de empleo otorga entre 1.300 y 2.500 pesos a cada cooperativista.

“Los salarios que esta gente podría tener en el mercado formal son más bajos que eso. Por eso se va a hacer difícil desarticular el programa. Se trata de gente de bajos recursos que por sí sola no tiene la posibilidad de conseguir un empleo formal mejor. Allí es cuando el Estado debería tomar medidas y hacer reformas para ir solucionando el problema de fondo, que es la falta de empleo. Pero no se ve que tenga intenciones de hacerlo, y apela a este plan asistencial”, remarcó Colina.

De las 12.700 cooperativas existentes en 2008, el 60% es de trabajo. “Quienes forman parte de estas cooperativas de trabajo se toman en los índices como si estuvieran ocupados, pero en realidad esta es otra forma de asistencialismo”, remarcó Patricio Millán, director del Instituto Valsecchi, de la UCA, al tiempo que Colina añadió que lo que se gesta allí es “empleo en negro encubierto”.

Una práctica que se alimenta de manera constante

La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso nacional le dio más libertad a la presidenta Cristina Fernández para disponer de fondos a su conveniencia. Si bien ante esta situación anómala se replica de manera automática el presupuesto del año anterior, apenas comenzó el año, mediante un decreto, se realizó una jugosa reasignación de partidas que tuvo al Ministerio de Desarrollo Social como principal beneficiario.

En total, Alicia Kirchner contará con 1.100 millones de pesos extras. Pero no es una maniobra nueva. Cerca del final del año pasado, en una reasignación de similares características, el Gobierno nacional le dio el manejo de 1.900 millones de pesos adicionales, de los cuales 800 millones fueron al pago de pensiones no contributivas, 300 millones a programas sociales y otros 800 millones a gastos corrientes.

El control de esos fondos es difícil llevarlo a cabo, pues desde la salida del fiscal Manuel Garrido de la Fiscalía Anticorrupción hace más de dos años, ese puesto está vacante.

Denuncia penal en Catamarca

El triunfo de Lucía Corpacci en las elecciones de Catamarca se erigió como la gran victoria del kirchnerismo, cuando todo hacía indicar que Eduardo Brizuela del Moral iba a lograr mantenerse durante otro mandato. Y así fue, pero eso no implica que los manejos sucios de la política hayan estado exentos en el triunfo.

Los diputados Federico Pinedo (Pro), Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal) presentaron una denuncia penal en la Justicia catamarqueña debido a que constataron que “se había entregado una millonada de ATN (Adelanto del Tesoro Nacional)”, que es un fondo a disposición del Ministerio del Interior previsto para ser distribuido discrecionalmente en ocasiones de emergencia, según contó a Hoy Pinedo. “Se lo dieron a los municipios para la elección. Me parece patético que se hagan semejantes transferencias de dinero en un año electoral”, denunció el legislador del Pro.

Administradores de los millones

nCarlos Castagneto

El secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional es el virtual viceministro de Desarrollo Social. Sus cualidades como exarquero de Gimnasia no le sirvieron para “atajar” las denuncias que cayeron en su contra por el reparto de electrodomésticos con fines electorales, lo que le valió un procesamiento judicial.

Castagneto se postuló para la intendencia de la capital provincial y tiene la intención de repetir en octubre, aunque tiene varios competidores.

nPatricio Juan Griffin

Es el titular del Inaes y quien debería ejercer el control de las cooperativas. Sin embargo, hay varias denuncias acerca de la falta de control del organismo, lo cual beneficia las prácticas clientelares y el dominio de las cooperativas por parte de punteros políticos. Llegó al cargo por su estrecha relación con Alicia Kirchner.

nSergio Berni

Es el secretario de Gestión y Articulación Institucional y uno de los principales operadores de la cartera. Su nombre tomó trascendencia tras el conflicto en el Parque Indoamericano, donde, según se dijo, se encargó de repartir fondos y prometer viviendas a allegados para desarticular la toma.

nMarcela Paola Vessvessian

Llegó de la mano de Castagneto, luego de estar implicada en la misma causa que el exarquero. Es la encargada de distribuir las pensiones no contributivas, uno de los elementos que permiten “bajarles” fondos a los intendentes del Conurbano de forma discrecional.

Los repartidores

nEmilio Pérsico

El titular del Movimiento Evita tuvo que abandonar su cargo en Desarrollo Social cuando detuvieron a su hijo con una camioneta de la cartera transportando plantas de marihuana. Sin embargo, mantiene su influencia y coloca gente de su riñón en cargos de relevancia. Es un punto de referencia en la administración de los planes.

nLuis D’Elía

Sus polémicas declaraciones, especialmente sobre política exterior, motivaron su salida del Gobierno y su alejamiento durante algún tiempo. Sin embargo, el titular de la FTV se acercó en los últimos meses con un discurso ultra K y ya lanzó, con el aval oficial, su propio espacio político que colecta voluntades a fuerza de millones.