La administración macrista gastará casi $ 200 millones durante tres años para albergar cinco ministerios en la ex fábrica Canale, frente al Parque Lezama. Pero ese dinero no servirá para realizar una obra pública o comprar una nueva sede, sino que se destinará a pagar un alquiler. Hoy, las mismas reparticiones que desembarcarán en La Boca pagan en arriendos menos de la mitad de lo que ya cuesta su nueva locación.

Según Tiempo Argentino, en pocos meses Mauricio Macri comenzará a cumplir su viejo anhelo de instalar a todos sus ministros en la zona sur. En su caso, cambiará el despacho de Bolívar 1, que aloja a los alcaldes porteños desde 1893, por una serie de luminosas oficinas en el edificio que el célebre arquitecto británico Norman Foster diseñó originalmente para el Banco Ciudad, en el barrio de Parque Patricios. Dentro de ese ambicioso plan, la mudanza de cinco carteras a la ex fábrica de bizcochos tendrá un costo de 198 millones de pesos por tres años, es decir, 66 millones cada 12 meses.

El monto de la operación resulta mucho mayor a los 28,4 millones que desembolsa actualmente el estado porteño para alojar a esas mismas reparticiones. Así, el cambio de un alquiler por otro bajo el signo de una mayor presencia en el sur, arrojará un saldo que representa un aumento anual del 232 por ciento.

INQUILINOS. A partir del 1º de agosto pasado comenzó a regir el contrato que el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta firmó con la empresa AB Consultora. Gracias a ese compromiso, el macrismo gastará hasta 2017 un promedio de $ 5,5 millones por mes para alquilar el nuevo alojamiento estatal. La cifra se antoja excesiva, sobre todo porque la Ciudad cuenta con el Edificio del Plata, una locación de características similares ubicada a dos cuadras del Obelisco. Desde hace tiempo que el Ejecutivo capitalino aspira a vender esa mole inaugurada en 1941, por la que espera obtener entre 60 y 80 millones de dólares que se utilizarían para construir el Centro Cívico en los terrenos del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda, en Barracas.

Los trabajos en el nuevo emplazamiento aún no están terminados. Ante ese obstáculo, el traslado se realizará recién a fines de este año y el Tesoro deberá pagar hasta diciembre próximo $19 millones por un lugar que no ocupará. "Es llamativo que el Estado, teniendo una gran cantidad de inmuebles propios, haga un gasto millonario en un alquiler", reprobó el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo.

En enero de 2015, la administración porteña dejará la histórica sede de Bolívar 1 con un argumento repetido en distintas marquesinas mediáticas: combatir el abandono del sur. No desembarcará con el Centro Cívico propio que el líder del PRO quería, sino que el Ejecutivo funcionará en el edificio construido para el Banco Ciudad. Junto a él llegarían Rodríguez Larreta, la vicejefa María Eugenia Vidal, el súper secretario Marcos Peña y el jefe de la cartera de Gobierno, Emilio Monzó, entre otros.

El resto de las reparticiones que se instalen en una de las franjas menos favorecidas del distrito más rico de la Argentina tendrá su lugar frente al Parque Lezama, histórico límite de San Telmo con La Boca, barrio originario del PRO y a la vez  uno de los más postergados.

BIZCOCHOS. Según puede leerse en la resolución 671 MJGGC/14, el terreno en cuestión se levanta sobre la calle Martín García, que cuenta con 31.505 metros cuadrados cubiertos y otros 2834 descubiertos. Las cifras son diferentes a las expresadas por la inmobiliaria Toribio Achával, que hasta hace pocos días ofrecía la propiedad en su sitio web y pedía una cifra bastante menor por el arriendo: 300 mil dólares que, al precio oficial, equivalen a 2,5 millones de pesos. En la página de uno de los más grandes jugadores del real state argentino se especifica que las oficinas tienen una superficie de 24.700 metros. La diferencia de podría surgir del alquiler de un edificio aledaño, conectado a la vieja fábrica de Canale por una pasarela.

El Boletín Oficial (BO) debería haber despejado esa incógnita, pero fue imposible dar con la información, a pesar de que en un anexo se hacen varias referencias a los planos del inmueble. "Es bastante sospechoso que no se pueda acceder", criticó un opositor que prefirió la reserva.

Tiempo Argentino intentó obtener precisiones, pero desde la Jefatura de Gabinete de Ministros explicaron que iba a ser imposible obtener una respuesta, al menos hasta la publicación de la nota.

Hasta ahora, y según informó el diario La Nación en julio pasado, los ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público, y de Modernización, Desarrollo Económico, así como la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, serán las carteras que ocupen la vieja factoría de bizcochos.

NÚMEROS ROJOS CON DINEROS PÚBLICOS. El contrato suscripto por el gobierno y AB consultora, una empresa de servicios inmobiliarios, se extiende desde el 1 de agosto pasado al 31 de julio de 2017 y contiene varios puntos al menos llamativos. El total del dinero destinado al alquiler será de $ 197,870 millones con cuotas que se actualizarán cada seis meses. El primer semestre el macrismo pagará $ 3883 millones y la cifra aumentará a $ 4419 millones para las cuotas siete a la 12. Luego, el Estado porteño desembolsará $ 5028 millones, $ 5722 millones y $ 6512 millones, en tanto que los últimos seis pagos serán de $ 7411 millones. "El PRO es excesivamente generoso con el locador y la inflación", analizó Di Filippo en relación con el cálculo de más de 90% de inflación acumulada en 3 años. "La subestimación de recursos a la hora de elaborar un Presupuesto da mayor discrecionalidad en el manejo de esos recursos. La mejor prueba es el 24,5% de inflación que calcularon en el Presupuesto y el más de 30% anual que utilizaron para firmar el alquiler de la fábrica", explicó la legisladora de UNEN Paula Oliveto Lago.

Más allá de que la ley indica que el ABL corresponde al dueño de la propiedad, por contrato, la Ciudad se compromete a hacer las tratativas para eximir a la propiedad del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, algo que generará un importante ahorro a los locadores.

Si el PRO decide adquirir el inmueble recién podrá hacerlo luego de haber pagado las 30 primeras cuotas del contrato, unos $153,4 millones que no se restarán del precio de venta. "En ningún caso y bajo ningún concepto los importes abonados en concepto de alquiler podrán ser imputados a cuenta del precio de compra", se estipula. En otras palabras, en caso de compra todo lo pagado por la Ciudad se habrá fugado de las arcas públicas. Para Di Filippo, el arriendo de la ex fábrica "va de la mano de la política que tiene el macrismo respecto del sector inmobiliario: poner en valor la zona sur de la ciudad con un fin netamente comercial". El ex legislador advirtió sobre los problemas que podría generar esta política si no viene acompañada con un control estatal sobre los precios de los alquileres. "Se revaloriza el valor de la tierra y tiene un correlato con el precio de los alquileres. Se da un proceso de 'gentrificación': al aumentar el valor de la propiedad, el negocio inmobiliario va expulsando a la población que históricamente habitó la zona", aseguró el dirigente del Partido Social.

Según datos que aportó el ex legislador Eduardo Epszteyn en 2013, la administración PRO gastó $ 140.399.845 en alquileres, mientras que recibió apenas 62 millones por concesiones y alquileres de inmuebles propios a terceros, cifras que en algunos casos, como en el del Buenos Aires Design, resultaron irrisorias. "Si el gobierno porteño utilizara para alquilar bienes ajenos los mismos criterios que utiliza a la hora de alquilar los bienes propios no necesitaríamos endeudarnos y seríamos más felices", chicaneó Epszteyn, uno los representantes del FPV dentro del colegio de auditores de la Ciudad.

El dato

BOLÍVAR 1. En el caso del jefe de gobierno, mudará sus oficinas al barrio de Parque Patricios, donde se levanta un edificio construido originalmente para alojar al Banco Ciudad.

Cifras que hablan

Números en rojo: En 2013, la Ciudad de Buenos Aires pagó $ 140.399.845 en concepto de alquileres, mientras que recibió apenas $ 62 millones por concesiones y alquileres de inmuebles propios en manos de terceros.

Inquilino PRO: $ 28,412 millones paga el gobierno porteño actualmente para alojar las reparticiones de los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Modernización, Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

Un aumento de más del 230%: $ 66 millones por año durante tres años destinará el Ejecutivo que lidera Mauricio Macri para alquilar el edificio de la ex Canale, lo que representa un aumento del 232% en relación con los montos pagados con anterioridad.

Inflación calculada: 30% es la inflación anual calculada en el contrato firmado por el macrismo como el privado que le alquila el edificio.

Cero impuestos: Cero pesos es lo que ingresará a las arcas del Estado porteño por pagos de ABL, ya que como locatario se comprometió a eximir al inmueble de la tasa municipal.

Letra chica: Si la Ciudad decide adquirir el inmueble, recién podrá hacerlo luego de pagar 30 cuotas. Esos importes, "en ningún caso y bajo ningún concepto (...) podrán ser imputados a cuenta del precio de compra", subraya el contrato.