En las últimas semanas el Gobierno reforzó el esquema de controles sobre el sector privado para tratar de frenar la inflación. Con un alza de precios de 12% en el primer trimestre, las presiones para evitar las remarcaciones se convirtieron en la receta favorita del Frente de Todos.

La cara de estos controles es Paula Español, secretaria de Comercio Interior. La funcionaria -cercana al Instituto Patria- centraliza las conversaciones con los empresarios. Desde el punto de vista de los ejecutivos, la funcionaria escucha sus reclamos pero no les da respuestas.

Estas son las cinco medidas con las que el Gobierno avanza en medio de las quejas de los privados.

SIPRE

El Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) obliga a las grandes compañías de consumo masivo a detallar precios, cantidades vendidas y stock de todos los artículos. 

La norma fue cuestionada por la COPAL, la entidad que agrupa a los productores de alimentos, con el argumento de que implica mayor burocracia en momentos en que las empresas cuentan con menos personal en funciones por el impacto de la pandemia.

Un punto adicional de los cuestionamientos es que al requerir precisiones sobre cantidades vendidas y stocks se mete en "áreas sensibles" de la estrategia productiva de cada compañía.

Normas de etiquetado

Hace dos semanas la Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que promueve cambios en los etiquetados de los productos. Y el jueves pasado intimó a tres grandes empresas a realizar modificaciones en sus envases.

Con esto se intenta frenar una estrategia cada vez más difundida de parte de las empresas para "sortear" los controles. Lo que las marcas hacen es lanzar nuevos formatos de envases o aplicar pequeñas variaciones, para así poder sacarlos de los programas de Precios Máximos o Cuidados.

El nuevo control que fija el SIFIRE es de carácter obligatorio e implica que todos los bienes de las categorías alcanzadas deben fiscalizarse antes de salir al mercado.

Salarios vs. precios

Intimaciones

El viernes pasado la Secretaría resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras dure la emergencia sanitaria. Si las empresas no cumplen podrían recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento

La intimación llegó a las 1.000 firmas de mayor facturación. La lista incluye a los principales fabricantes de productos de consumo masivo, entre ellos Mastellone, Molinos, Fargo, Unilever, P&G y Paladini.

Precios Máximos

El Gobierno prolongó hasta el 15 de mayo el acuerdo de Precios Máximos que vencía hace quince días y que se viene extendiendo desde hace más de un año. Esta vez la extensión se hizo sin autorizar subas ni reducir la cantidad de artículos incluidos en ese listado.

Para COPAL estas medidas implican un nuevo avance sobre el sector. "Vamos a proceder conforme a las vías legales administrativas y judiciales que tenemos. El SIPRE, el SIFIRE y los precios congelados constituyen cuestiones de suma trascendencia y negativo impacto para la industria de alimentos y bebidas", dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

Ley de góndolas

Se instauró esta semana un nuevo código de Buenas Prácticas Comerciales que es complementario de la Ley de Góndolas. Uno de los principales cambios que deberán hacer los supermercados de acuerdo al nuevo código es que todos los productos deberán exhibirse de manera uniforme.

Además, los plazos y las modalidades de pago deberán ser las mismas en condiciones, prácticas y situaciones similares. Debe haber trato igualitario sin importar el tamaño de la empresa.

Otra novedad es que se "prohíben" las exigencias que las grandes cadenas de supermercados les hacen a los proveedores y que suponen la entrega de mercadería gratuita o la obligación de  dar bonificaciones para poner los productos en exhibición.