La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad analizó en su reunión de este miércoles el proyecto de ley recién ingresado para la creación de la Fiscalía Especial de Investigaciones Administrativas que tendrá a su cargo el control de todos los funcionarios del Ejecutivo porteño a fin de evitar actos irregulares o de posible corrupción. La iniciativa regirá tanto para el gobierno de Mauricio Macri como para las sucesivas administraciones.

"Este organismo de similar estructura ya existe a nivel nacional, pero el gobierno kirchnerista lo desmanteló. Por el contrario, nosotros, y a pesar de ser oficialismo en la Ciudad, planteamos la necesidad de crear una fiscalía que investigue a los funcionarios públicos", dijo el presidente de la Comisión, Francisco Quintana (PRO), quien ha impulsado la iniciativa presentada por la diputada de la Coalición Cívica ARI Paula Oliveto, que cuenta con el respaldo político del macrismo y del interbloque UNEN.

Por tal motivo, será aprobado en el recinto tras su tratamiento en comisiones, antes que finalice el presente ciclo ordinario de sesiones, adelantó Quintana.

Cabe consignar  que con esta ley se busca "promover la investigación de la conducta administrativa de los funcionarios, empleados y personal contratado, cualquiera sea el régimen y el nivel jerárquico en que se incluyan, que desempeñen actividades o funciones en nombre o al servicio de la Administración Pública del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, Comunas, empresas, sociedades, bancos, entidades financieras oficiales y todo otro ente en el que el Gobierno de la Ciudad tenga participación".

"En todos los supuestos las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía Especial de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad de la Ciudad lo disponga", se fundamenta.

El proyecto prevé además sancionar a "cualquier funcionario jerárquico que obstaculice las investigaciones de la  Fiscalía Especial de Investigaciones Administrativas, se niegue al envío de los informes requeridos o impida el acceso a expediente o documentación necesaria para la investigación, ya que incurrirá en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme a lo previsto en el Código Penal de la Nación".