Hugo Alconada Mon

Los movimientos de fondos depositados en billeteras virtuales que se detectaron durante las últimas 48 horas encendieron las alarmas en Manhattan. Ante la evidencia de que el “empresario” Hayden Davis y otros protagonistas del “caso #LIBRA” activaron un protocolo de “anonimización” de activos, los abogados de la demanda colectiva (class action) que tramita en Nueva York solicitaron a la Justicia de Estados Unidos una medida de emergencia: plantearon que no buscan congelar el dinero, sino impedir la destrucción irreversible de la prueba del delito.

El requerimiento, presentado por el bufete Burwick Law ante la jueza Jennifer Rochon, advierte que los acusados están a un paso de apretar el “botón nuclear” de la evidencia digital: la conversión de fondos trazables a criptomonedas como ZCash, diseñadas matemáticamente para borrar cualquier rastro de origen y destino. Según la presentación, el monto en riesgo de desaparecer del radar judicial asciende a 94,5 millones de dólares.

La urgencia del pedido se sustenta en un peritaje forense que detectó una “prueba de concepto” ejecutada el pasado 16 de noviembre. Ese día, una billetera vinculada al equipo de $LIBRA realizó un test de fuga: convirtió 1,36 millones de tokens a la criptomoneda SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió a través del protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash. El resultado fue inmediato: “El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”, sentenció el perito David Goldman.

Javier Milei con Hayden Mark DavisLN+

La maniobra escaló drásticamente este martes 18. Según los documentos que presentó el bufete Burwick en Nueva York, las alarmas saltaron cuando la billetera rotulada como “Exit Wallet 1” y la del “Deployer” de $LIBRA comenzaron a liquidar posiciones masivas en la stablecoin USDC para pasarse a SOL, un activo de alta liquidez que suele usarse como paso previo a la fuga.

En cuestión de horas, la “Exit Wallet 1” ejecutó 37 transacciones para convertir 44,6 millones de dólares, mientras que la billetera del “Deployer” transformó otros 17 millones. Un dato expuesto por los peritos revela la coordinación detrás de la maniobra: la “Exit Wallet” es una billetera multi-firma, lo que significa que cada movimiento requirió la aprobación digital simultánea de al menos dos de los tres operadores autorizados del esquema.

Los demandantes argumentaron que esto constituye un caso de libro de “expoliación de evidencia” y sostuvieron que si los acusados logran mover esos 456.491 SOL acumulados hacia mezcladores o monedas de privacidad, será imposible reconstruir la ruta del dinero para probar quién se benefició del presunto esquema Ponzi de fraude.

La presentación judicial destaca además la conducta de la defensa. El martes, el abogado Max Burwick envió un correo electrónico a los letrados de Davis alertando sobre los movimientos: “Acabamos de observar una de las billeteras previamente congeladas intentando mover fondos a través de un servicio de anonimización”. La respuesta, según consta en el expediente, fue el silencio.

Ante este escenario, y dado que los protocolos descentralizados permiten completar el lavado de activos en “menos de 60 segundos” y sin intervención humana, los demandantes solicitaron una orden de restricción temporal (TRO) inmediata. No piden incautar los fondos para cobrar una indemnización futura, sino bloquear el uso de herramientas de ofuscación para que la blockchain siga contando la historia de la estafa.