Mediante un escrito presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia, el abogado Marcelo Mazzeo solicitó el juicio político de Casal por "mal desempeño en sus funciones, falta de cumplimiento a los deberes a su cargo, y posible comisión de delito de acción pública".

El letrado hizo mención en su escrito a la investigación realizada por la comisión especial de senadores bonaerenses que analizó la investigación del crimen de Candela, en el cual recomendó al gobernador Daniel Scioli que exonere entre otros al jefe de la Policía, Hugo Matzkin, y pidió que se someta a jury a los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.

"Los mandatarios tienen ciertos deberes y controles que también están establecidos para hacer cumplir correctamente con su mandato, sin que ello sea en desmedro de la igualdad ante la ley, que los equipara con el resto de los ciudadanos", dice Mazzeo en su escrito.

Según señaló el letrado, la comisión del Senado observó a la cartera que conduce Casal por "falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo en el caso Candela" y "negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación".

Además, le reprochó la "deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso" y por "avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en el caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes".

Como se recordará, por el caso estuvieron detenidos Héctor "Topo" Moreyra (44), Hugo Bermúdez (53), Leonardo Jara (34), Guillermo López (31), Fabián Gómez (42), Alberto Espínola (31), Néstor Altamirano (55) y Gladys Cabrera (42), dueña de la casa de la calle Kiernan al 900, de Villa Tesei. A Cabrera se la señalaba por haber "cuidado" a la chica.

Encadenado

En ese marco, un comerciante de Hurlingham que declaró como testigo en la causa y que pide ser incluido en el programa de protección de testigos, se encadenó en las rejas de la gobernación bonaerense.

Se trata de Roberto Aníbal, quien señaló: "Ya no sé que más hacer... Lo que pido es algo que tendrían que haber hecho desde el primer día, algo que me prometieron cuando me presenté a declarar en la causa: incluirme en el programa de testios protegidos".

Según publica el portal Online911.com, el supuesto testigo contó que su familia es víctima de una persecución sistemática. "Mi hija está escondida en una villa por temor a que le pase algo", explicó.

Aníbal tenía un comercio en Hurlingham que tuvo que cerrar después de haberse presentado como testigo en la causa. "Mi vida cambió desde ese momento. Me balearon la casa, me secuestraron y hasta me pegaron tres tiros", denunció.

Según el hombre, se presentó ante la Justicia y aportó pruebas y nombres de los hombres que participaron del secuestro y posterior asesinato de la nena. "Cuando me presenté la nena estaba viva, y yo les dije todo lo que iba a pasar. Colaboré como ciudadano pero ellos no hicieron nada para protegerme", acusó.

Encadenado al portón que da a la plaza San Martín, y acompañado por su abogado defensor Rubén Carrazzonne, dijo que si no recibe una respuesta positiva se quitará la vida. "Hace más de un año que estoy luchando por esto. Destruyeron mi vida y mi familia. Yo aporté toda la verdad para esclarecer el hecho y no tengo la culpa que ellos (por la Justicia y la Policía) no sepan hacer su trabajo", enfatizó en entrevista con el ya citado portal.