Podrían ser las líneas de interacción entre el poder económico y los criminales con los que seducen las series estadounidenses en clave The Killing, pero son datos de la realidad en suelo argentino: la Unidad de Información Financiera (UIF) profundizó la investigación de la financiación del plan de los represores que se fugaron el 25 de julio y encontró relaciones sospechosas con nombres fuertes del establishment.

Una importante empresa multinacional del sector agropecuario y un estudio de abogados con altos contactos (y, al menos, un familiar de represores entre sus asociados) fueron titulares del fideicomiso con el que se cree que se facilitó la fuga.

"Nos pareció extraño que en el momento en que (el represor Jorge) Olivera estaba suprimido de su libertad, cumpliendo prisión, el fideicomiso cambia de titularidad, aparece una tercera sociedad controlante del mismo y esto es lo que hemos elevado a la justicia", dijo el ministro de Defensa Agustín Rossi cuando se realizó la conferencia de prensa para comunicar los avances de la investigación.

Según informaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino, esa sociedad que adquirió el fideicomiso financiero SJ2 en primer término fue una dependencia de la compañía Cargill que se dedica a inversiones financieras de alto riesgo. La operación se realizó cuando Olivera y su compañero Gustavo De Marchi ya estaban bajo la mirada del Poder Judicial por su intervención en la última dictadura militar y fue por 2 millones de dólares.

Es cierto que la relación no implica definiciones concretas sobre el papel que tuvieron los empresarios ligados a los insumos agropecuarios pero el hecho genera dudas. Los investigadores tienen muchas preguntas con respecto al comportamiento especial de los cobros del fondo tras la transferencia de la titularidad, ya que el dinero no generó ganancias para la compañía sino que fue claramente generador de una pérdida sin sentido económico.

"La estrategia de los represores fue bastante inteligente, en este momento de la investigación todavía no podemos decir si Cargill fue participe de la financiación o víctima de una estafa", señalaron las fuentes consultadas por este diario.

Olivera y su socio Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en la provincia de Entre Ríos, tenían un estudio de abogados cuyos honorarios totales se liquidaban en el fideicomiso.

El relato que los investigadores escucharon de administradores relacionados con las operaciones apuntó a que con Cargill en el escenario los cobros pendientes por causas de demandas salariales de varios militares –representados por los prófugos– empezaron a desviarse cuando en realidad todavía tenían que liquidarse en el interior del fideicomiso.

Se suponía que la metodología de recuperación de la inversión iba a desarrollarse a través de los juicios pendientes y la entrada a futuro de nuevos fondos, y la sospecha es que el cambio de lógica habría tenido el único objetivo de liberar dinero para que finalmente se concrete la fuga del pasado 25 de julio.

Cuando comenzó a convertirse en un tema judicial Cargill decidió desprenderse del fondo y se lo transfirió a un tercer actor que entró al juego: el estudio de abogados Nicholson & Cano, que en su propia página web señala que participó en "operaciones de compañías locales e internacionales líderes" como Cargill.

"Se plantea una situación judicial y tras el crecimiento de esa información se produce un nuevo cambio de manos, que otorga a la historia otra serie de datos sospechosos. Todo indica que el estudio adquirió el fideicomiso por un valor mucho menor que esos 2 millones de dólares originales, con lo que se oscurecen todavía más los negocios alrededor de este dinero", relató una persona que sigue muy de cerca la investigación.

Además, este estudio es el que actualmente estaría cobrando el dinero de juicios pendientes que había dejado de percibir el fideicomiso tras la adquisición de Cargill.

Otro detalle interesante es que Nicholson & Cano tiene entre sus asociados a Naldo Fabián Dasso, abogado hijo del militar homónimo que participó en dos juegos olímpicos como jinete y el año pasado fue juzgado por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, como el socio de Olivera.

"Una de las hipótesis, de común uso en varios casos de lavado de dinero, es que los represores impulsaron la compra ficticia del fideicomiso por un tercero que luego tuvo una pérdida también simulada. Así, el comprador podría haber servido de puente para liberar los fondos del fideicomiso para que financien la fuga de Olivera y de Marchi", señaló una persona que sigue la investigación muy de cerca. Sin embargo, todavía no hay una acusación al estudio de abogados ni a la empresa del agro, que como indicaron las fuentes también pueden haber ignorado toda la información.

Dado la importancia que se le da a los fondos dentro del caso, la Unidad de Información Financiera actuó con rapidez para congelarlos basándose en el artículo 306 del Código Penal.

El financiamiento del terrorismo le da amplias posibilidades de acción al organismo estatal que encabeza José Sbatella, que también procedió al congelamiento de todos los fondos de la primera línea de familiares de los represores para desactivar cualquier tipo de posibilidad de financiamiento del plan.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió los CUIL y los CUIT de ambos militares prófugos.

Así toda la atención del costado económico de la cuestión está puesta en cuáles fueron los pasos exactos que tuvo el dinero, ya que darían la respuesta sobre el lugar físico al que debería dirigirse la búsqueda.

En la UIF están convencidos de que muchas de las respuestas pueden salir de las cuentas y los números bancarios por los que hayan pasados de esos más de 10 millones de pesos (al tipo de cambio del momento de la operación) que pagó la empresa ligada a Cargill, aunque es cierto que una parte considerable de ese dinero se debe haber manejado directamente en efectivo.

Una de las líneas de investigación del Poder Judicial pone la lupa sobre la intención de abandonar el país y así salir de la vista de las autoridades locales, por lo que se puso la orden de captura internacional y se llevaron adelante allanamientos en Misiones y Corrientes ante los rumores de que se habrían escondido en estancias del lugar para luego hacia Paraguay. "El dinero que ahora manejan puede facilitarles mucho el cruce de la frontera", le indicaron a este diario.

El caso comenzó el pasado 25 de julio, cuando Olivera y De Marchi –ambos condenados en la provincia de San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura– se escaparon del Hospital porteño Cosme Argerich. Ambos represores habían sido trasladados al lugar por razones de salud y permanecían internados pese a contar con el alta médica para volver a la cárcel.

Por eso, también se comenzaron investigaciones a penitenciarios, personal médico y funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento de traslado. La sospecha es, así como pasa con Cargill y Nicholson & Cano en la concresión del costado económico de la operatoria, que hayan colaborado de forma consciente con el objetivo que tenían premeditado los ex militares. «

El dato

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Nicholson & Cano también tiene un Blaquier, y aunque no hay confirmada una relación directa el Ingenio Ledesma, muestra la relación con el poder económico.