La Cancillería salió a aclarar que las declaraciones sobre Venezuela del embajador argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, no interfieren en el respaldo del Gobierno al lapidario informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos en ese país. 

"No corresponde a la OEA tomar una decisión", aclaró el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti, en otro cruce entre el Gobierno y el núcleo duro del kirchnerismo sobre Venezuela. 

Alicia Castro tuvo que aclarar que pidió congelar su pliego a Rusia por el coronavirus

El primero fue, justamente, cuando el Gobierno apoyó el pronunciamiento de Bachelet y fue repudiado por Alicia Castro, cercana al chavismo y candidata a embajadora en Rusia. Su pliego no fue tratado en la Comisión de Acuerdos y tuvo que aclarar que fue por pedido suyo, porque no está dispuesta a viajar a Moscú en medio de la pandemia.

Raimundi es el segundo embajador político de la Cancillería que se aparta de la línea del gobierno de Alberto Fernández de condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. la primera, fue la designada embajadora en Rusia, Alicia Castro.

En este caso, Raimundi abrió la polémica con una intervención en un plenario de la OEA en el que surgió el tema Venezuela y pareció apartarse de la postura oficial.  "Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo. Hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que han generado serias cuestiones de violación a los derechos humanos", fue una de sus frases, en las que en lugar de enfocar las denuncias de serias violaciones de derechos humanos que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro, pareció justificarlo recordado que Venezuela sufre un bloqueo económico.

Raimundi habló de "ciertos países" que ejecutan "una situación de bloqueo a la principal renta de recursos (de Venezuela) que es el petróleo y el bloqueo a sus reservas en Londres".  La oposición no tardó en reaccionar. 

Raimundi, en febrero, con los senadores Taiana y Fernández Sagasti, cuando expuso en la Comisión de Acuerdos. 

El diputado de la UCR, Facundo Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó de "vergonzoso" el discurso de Raimundi por su visión "sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países". Y alertó sobre un pronunciamiento similar por el representante argentina ante la ONU, que Tettamanti se apuró en descartar. 

El funcionario aclaró que los comentarios de Raimundi "más allá de la precisión o no del lenguaje en modo alguno puede o debe ser interpretado como un rechazo al informe, palabra que no fue utilizada en momento alguno por nuestro representante en la OEA".

Nuestro país entiende que el Gobierno de Venezuela tiene responsabilidad en el pleno respeto a los derechos humanos e incluso en hacer todo lo que está a su alcance para hacer que no sean violados ni por la acción propia ni por la acción de otros.

"Los informes de los derechos humanos están siendo considerados en estos momentos en la sede la ONU en Ginebra. Está previsto que las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos se tomen entre el 5 y el 6 de octubre. La Argentina está trabajando activamente en el seguimiento de toda la agenda incluyendo las resoluciones que tienen que ver con estos informes, elevados uno por la Alta Comisionada y el otro por los expertos independientes", puntualizó Tettamanti.

El vicecanciller explicó que en la sesión de la OEA en la que habló Raimundi,  el objetivo era que los expertos independientes presentaran la experiencia que habían tenido en la confección del informe de Bachelet y "una vez más la posición argentina con respecto a la situación en Venezuela es seguir apoyando la necesidad de que se restablezcan plenamente las instituciones democráticas, tener en cuenta la situación de la población, su sufrimiento, que ha generado una importante emigración de venezolanos que son también síntoma de una causa y que esa causa hay que tratar de revertirla, y que la situación económica no puede ser agravada por acciones que se puedan tener desde países terceros".

"En simultáneo, en consecuencia con la tradicional posición argentina sobre Derechos Humanos, nuestro país entiende que el Gobierno de Venezuela tiene responsabilidad en el pleno respeto a los derechos humanos e incluso en hacer todo lo que está a su alcance para hacer que no sean violados ni por la acción propia ni por la acción de otros", agregó.

"Y hemos manifestado -al igual que el Grupo de contacto del que formamos parte hace pocos días- nuestra gran preocupación por las graves violaciones de los Derechos Humanos que se reportan tanto en el informe de la Alta Comisionada como en el de los expertos independientes, y trabajamos con el Grupo de Contacto para fomentar en Venezuela elecciones libres, justas y creíbles", concluyó Tettamanti.

Raimundi fue votado como embajador en febrero, antes de la pandemia, y Cambiemos no lo votó porque en la comisión de acuerdos, cuando expuso, desconoció el gobierno autoproclamado de Juan Guaidó, posición que sostiene Alberto Fernández.