María Cafferata

Patricia Bullrich no transpiró ni una gota para conseguir quórum. Minutos después de que sonara la chicharra, el Senado dio comienzo a la sesión para tratar la reforma laboral con la presencia de unos 40 senadores libertarios y aliados. Solo el peronismo y dos senadores santacruceños se negaron a dar quórum. Un espaldarazo para la jefa del oficialismo en el Senado que pretende hacer una más y aprobar, al mediodía, el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. 

Las primeras columnas sindicales estaban comenzando a llegar a la plaza del Congreso cuando el Senado, pasadas las 11 de la mañana, dio comienzo a la sesión para aprobar la reforma laboral de Javier Milei. El día anterior, Bullrich se había asegurado el número al introducir una treintena de modificaciones al proyecto oficial, barriendo con gran parte de la redacción que había introducido el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “El Gobierno escuchó a todos y equilibró el proyecto para que todos sientan que tuvieron una participación. Es la reforma más importante de los últimos 50 años de historia”, se jactó la senadora libertaria, antes de ingresar al Congreso. 

Bullrich había logrado negociar, con ayuda del radicalismo, un proyecto de ley que le permitiera garantizarse unos 40 votos cuando llegara el momento de la votación. Le había eliminado el artículo que bajaba las alícuotas del impuesto a las Ganancias, que los gobernadores habían cuestionado por desfinanciar a las provincias. Había pateado el desfinanciamiento del INCAA para 2028 y dilatado la derogación del estatuto del periodista para 2027. Prorrogó la obligatoriedad de las cuotas solidarias a los sindicatos hasta 2028 y dejó firme el 6% de aportes patronales para las obras sociales. Eliminó, a su vez, la posibilidad de depositar el sueldo en billeteras virtuales. 

Fue una negociación doble. Por un lado, con Luis Caputo y Sturzenegger, el ala más dura del Gobierno, y, por el otro, con los senadores aliados. Y se consiguió, así, el compromiso de que todos ellos votarían la ley a la medianoche, cuando se espera que finalice el debate. 

Pero no solo eso. Bullrich se siente tan confiada de tener el número que buscará incluir, sobre el final, el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto de reforma laboral incluye, en el artículo 91, que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia sólo hasta que se apruebe el acuerdo de transferencia de competencias y que, una vez aprobado, todos los juicios en trámite pasarán a la Justicia porteña. No solo los futuros. 

La Nación y la Ciudad firmaron, hace un par de días, un convenio en el que se habilita transformar las competencias de la Justicia laboral y está a la espera de que lo apruebe el Congreso. No existe, sin embargo, ningún proyecto de ley que proponga aprobar el acuerdo. No hay número de expediente ni trámite ingresado al Senado. Pero Bullrich está convencida de que no lo necesita: confía en que con presentar una nota será suficiente. “Tenemos los votos”, se jactan desde el bloque libertario. 

El traspaso de la Justicia laboral a la Justicia porteña es un viejo sueño de los estudios jurídicos ligados al sector empresario, que siempre se quejaron de que el fuero nacional fuera demasiado proclive a los intereses de los sindicatos. El traspaso a la Justicia local de CABA representa, para la oposición, una maniobra que apunta a dejarle al macrismo el control sobre todas las causas laborales de la Ciudad.