La movilización, con consignas contra el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, estuvo encabezada por la filial Capital Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y contó también con el apoyo de las organizaciones Talleres Protegidos del Hospital Borda, la Junta Interna de Trabajadores del Hospital Garrahan, el Movimiento Asamblea del Pueblo, el MST y Las Rojas, además de legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires.

Marcelo `Nono` Frondizi, delegado Adjunto de CTA e integrante de la Junta Interna de Delegados de los Talleres Protegidos del Hospital Borda, dijo a Télam antes de iniciar la marcha que “pedimos el sobreseimiento de los trabajadores porque son víctimas de la represión ilegal y criminal del gobierno de Macri”.

“Los trabajadores no vamos a permitir la judicialización de la protesta social y vamos a seguir peleando por la reconstrucción del Taller Protegido”, aseguró Frondizi.

El dirigente gremial además señaló que “las políticas de Macri sólo hacen a la destrucción de la salud pública gratuita y solidaria” y remarcó que “hay 14 causas por la represión (en el Hospital Borda) en que las Macri quiso presentarse como querellante pero la Justicia lo rechazó, lo que significa que el gobierno porteño sigue siendo responsable de la represión a pacientes, trabajadores y periodistas”.

Sobre la denuncia del gobierno de la Ciudad contra los ocho trabajadores, Frondizi sostuvo que “es una de las cosas más graciosas que he escuchado porque nos acusan de resistencia a la autoridad cuando está claro y se ve en los videos que nosotros, que defendíamos el taller, fuimos brutalmente golpeados”.

En tanto, Ernesto Balbiano, secretario Adjunto de la Comisión Interna de ATE Talleres Protegidos, señaló en diálogo con Télam que “esta es una andanada del macrismo para tratar de aleccionar a los trabajadores para que no luchen”, pero aseguró que “igual vamos a seguir defendiendo la salud pública y a los compañeros”.

Por su parte, Horacio Melnik, uno de los trabajadores de los Talleres Protegidos del Hospital Borda que hoy se presentó a declarar, aseguró que “es una causa fabricada porque hay videos y fotos que demuestran la agresión salvaje de la policía metropolitana que sufrieron los trabajadores cuando ingresó la policía”.

“Vamos a presentar un escrito en común de los ocho imputados y después seguiremos los tiempos legales y administrativos que correspondan”, explicó Melnik a Télam sobre los pasos a seguir.

Por último, José Luis Matazza, titular de ATE-Capital, dijo a Télam que “pedimos la absolución de los compañeros y que en el banquillo de los acusados estén los responsables de la Policía Metropolitana, Montenegro (Guillermo, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño) y Macri porque esa brutal represión prodría haber terminado de la peor manera”.

“Nos apuntaron a las cabezas y las balas de goma matan”, recordó sobre la brutal represión de la policía Metropolina el pasado 26 de abril en el hospital Borda.

El conflicto

Aquella represión sucedió en el contexto del plan del Gobierno porteño para mudar a la zona de Barracas la administración porteña. Este plan, la creación de un nuevo Centro Cívico en el sur capitalino, estaba prevista para marzo de 2014 antes de que concluya el segundo mandato del PRO, con una inversión de 369 millones de pesos.

Las obras estaban previstas en inmediaciones a un predio que perteneció al Hospital Borda (actualmente el taller protegido 19). Sin embargo, esta iniciativa tuvo la resistencia de legisladores de la oposición y profesionales del neuropsiquiátrico, quienes argumentaron que “suponía un ataque al sistema de resocialización de los internos” y se trataba, en definitiva, de un presunto negocio inmobiliario. Es por ello que interpusieron un recurso de amparo ante el fuero en lo contencioso administrativo porteño.

La justicia dispuso frenar las obras, aunque en el mes de febrero se levantó la cautelar, que fue apelada por legisladores y profesionales. Es así que se llega al 26 de abril, cuando la administración del PRO decide comenzar los trabajos en el predio del taller protegido con la custodia de la Policía Metropolitana y, ante la protesta de los empleados, tuvo lugar la represión que derivó en 50 personas heridas y ocho trabajadores procesados.

Luego de los incidentes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo informó que la medida cautelar que frenaba las obras estaba vigente e intimó a la Ciudad a no proseguir con los trabajos hasta que la apelación fuera resuelta, situación que se mantiene hasta hoy.

Por esta demora en la justicia, comenzó a circular el rumor sobre el supuesto freno a la idea de mudar el Centro Cívico al sur de la Ciudad. Consultado por Diario Z, uno de los médicos de los hospitales neuropsiquiátricos que siguió de cerca los incidentes, indicó que la demora “es exclusiva responsabilidad del PRO, porque fueron políticamente torpes y lo quisieron hacer de la peor manera, sin escuchar a los trabajadores. Ahora, evidentemente, Macri se quedó sin tiempo para utilizar esta obra políticamente, como sí le redituó la construcción del Metrobus en la 9 de julio, pero eso no quiere decir que más adelante, si el Ejecutivo sigue en manos del macrismo, vuelvan a la carga con el proyecto”.

Por otro lado, desde el PRO aseguran que el Plan “tiene más vigencia que nunca”, y que esperan un aval de la justicia para proseguir con las obras. “Es más, el viernes, cuando Macri inauguró el auditorio de la sede del Banco Ciudad en Parque Patricios, señaló que, junto al fomentar las actividades en el distrito tecnológico, todos sus esfuerzos estaban orientados a mudar la administración al sur porteño”, confió a Diario Z un dirigente cercano al bloque macrista en la Legislatura.

Las obras fueron adjudicadas a la unión transitoria de empresas Teximco SA, EMA SA y Dal Construcciones SA, y estaba previsto utilizar como parte de la financiación el dinero de la venta del edificio del exMercado del Plata, situado en Pellegrini 211.