La oposición defenderá en la sesión del miércoles en el Senado los proyectos para crear un servicio cívico voluntario, controlar la tenencia de armas y el de salideras bancarias, que ya tiene media sanción de Diputados. También está en danza una iniciativa para combatir el robo de autos, prohibiendo los desarmaderos. Es la única propuesta que acepta apoyar el oficialismo porque uno de los proyectos es de su jefe de bloque, Miguel Pichetto.

En cambio el kirchnerismo decidió rechazar el resto del paquete contra la inseguridad que alumbró primero con augurios de coincidencias entre las partes. Pero a medida que avanzó el debate se perfilaron las diferencias. Tanto que el dictamen que crea el servicio cívico voluntario toma una propuesta de José Pampuro , presidente provisional de la Cámara alta y espada kirchnerista. Los otros tres proyectos sobre el tema son del puntano Adolfo Rodríguez Saa, y los mendocinos Laura Monterio y y Ernesto Sanz. Pero Pampuro no firmó el dictamen (ningún oficialista lo hizo) y Cristina los subió al avión que despositará hoy a la delegación oficial en Nueva York. Volverá el miércoles a la mañana y no se sabe como votará Pampuro -que de todos modos le hizo saber a Clarín que sigue apoyando el proyecto-, si llega a la sesión.

El servicio cívico voluntario está dirigido a una política de inclusión de jóvenes en situación social de riesgo . Por eso se considera una medida “preventiva” desde la perspectiva de la seguridad. Consiste en capacitar durante un año a personas de 14 a 24 años en oficios diversos, al tiempo que se los prepara para que finalicen sus estudios, utilizando instalaciones desocupadas e infraestructura de las Fuerzas Armadas . Los beneficiados recibirán una beca de 540 pesos mensuales . Esta propuesta fue llevada adelante con éxito en Mendoza (se capacitaron unos 4.000 jóvenes) cuando Julio Cobos era gobernador de Mendoza. Fue durante la presidencia de Néstor Kirchner y con el respaldo de Pampuro, entonces ministro de Defensa. Sin embargo, una versión dice que es la actual ministra del área, Nilda Garré, la que le bajó el pulgar a la ley, porque no quiere involucrar a los militares en asuntos civiles. También se sabe que el Gobierno quiere evitar que Cobos lo utilice como vidriera electoral: fue promotor del proyecto y lo defendió en las comisiones.

La norma contra las salideras, que dispone colocar pantallas visuales en las cajas e inhibidores de celulares en los bancos, fue sancionada por unanimidad en Diputados. Pero el oficialismo considera innecesario convertirla en ley porque el Central dispuso medidas similares la semana pasada para ganarle de mano al Congreso. Por el contrario, los bloques opositores quieren aprobarla. Y luego empujarían otra para que la bancarización que promovió esta semana Cristina salga por ley. Por el momento no avanza la declaración de emergencia que pregona Chiche Duhalde.