El Ministerio de Ambiente apeló, ante la Cámara Federal de San Martín, la revocatoria al fallo del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordenó frenar el cierre del basural a cielo abierto más grande del país y la continuidad de la obra del centro ambiental que avanza en el Predio Sucre, en el Partido de Luján.

En ese marco, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, expresó que intentarán “recuperar la posibilidad de terminar la obra que ya tiene un 70% de avance, que beneficia a la totalidad de las y los vecinos de Luján y que elimina de manera definitiva uno de los focos de contaminación y deterioro que padecen hace 50 años”.

“No hay nada que justifique que el juez federal haya frenado el avance de esta obra”, completó.

El funcionario agregó que con la construcción del centro ambiental “más de 200 recuperadores y recuperadoras urbanos que trabajan en condiciones medievales van a ver beneficiado su trabajo, y contarán con una guardería para sus hijas e hijos”.

El Ministerio de Ambiente presentó ante la Justicia toda la documentación que demuestra que se realizó el estudio de impacto ambiental y las instancias de participación ciudadana.

“Se cumplieron todos los pasos, además está refrendado por el Banco Interamericano de Desarrollo”, concluyó Federovisky.

En diciembre de 2022, la cartera de Ambiente apeló otra medida cautelar impuesta por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que también dispuso la prohibición para continuar con las obras del centro ambiental en Luján, medida que fue revocada en 24 horas.

Trabajadores del basural más grande del país, “La Quema” de Luján, junto a vecinos de la zona habían realizado el jueves pasado una protesta y corte de la Ruta 192 en contra de la medida cautelar que dictó el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien ordenó frenar la obra de reconversión del basural que ya lleva un 70% de avance, según confirmó el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.

La reconversión incluye la construcción de una planta integral de tratamiento de residuos y el Centro Ambiental, y la mejora de las condiciones de trabajo para los y las recuperadoras, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

En la resolución, que “deja sin trabajo a 200 familias”, según afirmó la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), el juez ordenó “la prohibición de innovar respecto de la situación del basural (...) debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado nacional y Municipalidad de Luján, y se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el Predio Sucre del Partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo”.