Mientras se desarrolla el primer juicio oral contra la actuación, en Mendoza, durante la la última dictadura cívico militar, de los ex camaristas Otilio Romano y Luis Miret, avanzan en el resto del país causas emblemáticas contra ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos ocurre en Resistencia, Chaco. Allí, el proceso contra el ex magistrado Ángel Córdoba y el ex fiscal Roberto Mazzoni está cerca de ser elevado a juicio oral. En tanto, en Salta, la semana pasada fue indagado el ex juez Ricardo Lona, símbolo de la impunidad en el norte del país. Además, en dos semanas, el suspendido juez marplatense Federico Hooft deberá enfrentar un postergado jury.

La causa contra Mazzoni y Córdoba es la que se encuentra más avanzada. Días atrás, los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amada y Diego Vigay pidieron la elevación a juicio del proceso en el que ambos están acusados por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos contra nueve personas.

"El método implementado por Córdoba y Mazzoni, en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer': no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", sostuvieron los fiscales en el requerimiento de elevación, que aún debe ser tratado por el juez federal Carlos Skideslki.

Y agregaron: "Su aporte a la organización criminal se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los demás integrantes de la asociación, en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares y en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas".

En Salta, el viernes pasado, Lona fue citado a indagatoria por el juez federal Fernando Poviña por su participación en la Masacre de Palomitas, como se conoció el asesinato de once presos políticos el 6 de julio de 1976, y por la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.

Lona se abstuvo de declarar el mismo día que recibió otra mala noticia: la Sala II de la Cámara de Casación dejó sin efecto una resolución que había declarado prescripta la investigación contra el ex juez por encubrimiento del secuestro de Víctor Apaza.

UN JURY DEMORADO. Hooft logró por ahora evitar la indagatoria con medidas dilatorias. Sin embargo, luego demorarla por ocho años, deberá enfrentar el próximo 17 de marzo un jury de enjuiciamiento, acusado por rechazar habeas corpus y haber garantizado la impunidad de las fuerzas represivas.

El juez marplatense fue suspendido, tiene prohibido salir del país y el 40 % de su sueldo es embargado cada mes. Sin embargo, conserva sus fueros y ha logrado desde 2012 evitar cinco veces la indagatoria.

En Neuquén, días atrás, el fiscal Adrián García Lois pidió la indagatoria de nueve ex jueces y fiscales federales y provinciales de Neuquén y de Río Negro para investigar su rol en la última dictadura.

En complicidad con las fuerzas represivas, los ex funcionarios judiciales "habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de policía local y federal, como asimismo penitenciario, para la comisión de delitos tales como detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con presunta eliminación física". «