María Eugenia Vidal giró al Senado bonaerense un proyecto para transformar en ley el decreto con el que se obligó a sí misma, a sus funcionarios y a los cargos jerárquicos de la policía y del Servicio Penitenciario a publicar sus declaraciones juradas de bienes. Pero el proyecto de la gobernadora no se detiene allí: invita a los intendentes, legisladores y jueces a que adhieran a la norma y den a conocer su patrimonio, luego de años en los que el sciolismo y La Cámpora bloquearon las iniciativas que buscaban transparentar la situación patrimonial de funcionarios provinciales y municipales.

El proyecto será girado mañana a comisiones. Desde Cambiemos dan por hecho que los legisladores se sumarán a la obligación de presentar sus declaraciones juradas. "No tengo dudas de que los senadores van a adherir expresamente a la ley", afirmó a LA NACION el vicegobernador y presidente del Senado, Daniel Salvador (UCR), quien ya firmó un decreto para que sus funcionarios en la Cámara alta presenten sus declaraciones juradas.

En el mismo sentido se expresó el presidente de Diputados, Jorge Sarghini (Frente Renovador), que espera coordinar acciones esta semana con Salvador. "No imagino que esta Cámara pueda generar un proyecto de ley que exija la presentación pública de las declaraciones juradas a otros sin exigírselo a sí misma", señaló, a tono con el vicepresidente de Diputados, Manuel Mosca (Pro), que en diálogo con LA NACION afirmó: "Estamos seguros de que todos los sectores políticos con representación en la Legislatura van a estar en sintonía con la gobernadora".

De todos modos, en el oficialismo creen que en el corto plazo no están dadas las condiciones para imponer esa obligación al Poder Judicial y a los municipios. Dejarán abierta una "invitación" para que la Suprema Corte y los intendentes adhieran a la norma. "Difícilmente podremos imponerles por ley que se sumen, pero sí los invitaremos", aclaró Salvador.

A tono con el decreto que anunció al abrir las sesiones legislativas, el proyecto que Vidal envió al Senado impone la obligación de presentar las declaraciones juradas al gobernador y vice, sus ministros, secretarios y directores, así como a los funcionarios jerárquicos de las empresas y sociedades del Estado. Pero también al personal de la policía y el Servicio Penitenciario, a partir del grado de subcomisario.

También define que los funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas al ingresar y concluir su cargo, que deberán renovarlas anualmente e incluir los bienes de sus cónyuges. Además, establece que los documentos podrán ser consultados "por cualquier persona".

Hasta ahora, el sistema que regía en la provincia se basaba en dos decretos de la última dictadura militar y un tercero del gobierno de Antonio Cafiero, tan arcaicos que no sólo contribuían directamente a mantener oculta la evolución patrimonial, sino que incluían una serie de contrasentidos que favorecían el ocultamiento, como la renovación de las declaraciones cada cinco años (los mandatos son de cuatro) y la habilitación para depositar esos documentos en escribanías de confianza de los funcionarios.

Pese a que se trataba de decretos, ningún gobernador peronista quiso tocarlos en los últimos 25 años. El último mandatario, Daniel Scioli, apeló a esos decretos para negar tres pedidos de acceso a la información presentados por LA NACION.

El kirchnerismo hizo su parte para mantener en secreto el patrimonio de Scioli: la diputada Rocío Giaccone, de La Cámpora, que presidía la Comisión de Reforma Política, mantuvo paralizados durante años los proyectos sobre la temática. La misma suerte corrió un proyecto del GEN que obtuvo media sanción en el Senado cuando la relación entre Cristina Kirchner y Scioli pasaba por su peor momento. Cuando mejoró, Giaccone dejó que el proyecto perdiera estado parlamentario.

Acuerdo con EE.UU. contra la corrupción

La Unidad de Información Financiera (UIF) firmará hoy en la Casa Rosada un memoránum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), con su par estaounidense, la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen).

El evento, que tendrá lugar hoy a la mañana, buscará restablecer el intercambio de información en materia de inteligencia financiera con Estados Unidos con el objetivo de sumar una herramienta más en el combate contra el crimen organizado y la corrupción.

Según fuentes del Gobierno, el MOU representa un "voto de confianza" de Estados Unidos con la Argentina y reparará "un daño heredado que causó mucho perjuicio al país y a sus intereses locales e internacionales" .