Actualmente a cargo de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gonella fue propuesto por el Gobierno como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.

El Senado aprobó también, sin conflicto, los pliegos de otros 23 fiscales de tribunales porteños, de Santa Fe, Corrientes, Formosa, Salta, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco.

En la lista figuran Miguel Osorio, Rodolfo Domínguez, Guillermo Morosi, Martín Suárez Faisal, Diego Luciani, Susana Pernas, Patricia Quirno Costa, Diego García Yomha, Guillermina García Padin, Laura Belloqui, Santiago Vismara, Anselmo Castelli, Gabriela Baigún, Gabriel De Vedia, Mario Gambacorta y Carlos Schaffer.

Además, obtuvieron el visto bueno otros siete postulantes a ocupar fiscalías en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco, San Juan, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También el Senado avaló las designaciones de otros nueve postulantes a vocales para cámaras nacionales de casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal: Gustavo Bruzzone, Horacio Dias, Héctor Magariños, Luis Niño, Carlos Mahines, Luis García, Pablo Jantus, Daniel Morin y Eugenio Sarrabayrouse.

Asimismo, se aprobaron los nombramientos de 17 defensores públicos ante juzgados de la Capital Federal, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis y Santa Fe.

Gonella en la mira

La UCR y el FAP cuestionaron al titular de la Procelac por supuestas irregularidades cometidas en la causa que investiga al empresario Lázaro Báez.

La designación como fiscal del actual titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, volvió a ser cuestionada este miércoles por el bloque radical en el Senado.

El pliego de Gonella, propuesto por el Poder Ejecutivo como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, fue impugnado por la UCR a raíz de su actuación “irregular” en la causa que investiga al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.

En ese marco, le cuestionan no haber imputado a la familia de Báez tras las denuncias sobre presunto lavado de dinero difundidas por el programa Periodismo para Todos, y haber pedido investigar sólo a Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Asimismo, tildaron de “irregular” su designación como fiscal antilavado por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y por no haber incluido al ministro de Planificación, Julio de Vido, en la causa de lavado de dinero.

“Gonella tiene dos causas penales abiertas: la designación irregular en la Procelac y la que imputa a Lázaro Báez. Esa última no es menor”, advirtió el radical Luis Naidenoff, y añadió que “la Procelac no ha aportado nada en el esclarecimiento de la investigación”.

Por el FAP, Jaime Linares consideró que hay que retirar el pliego hasta que las causas se resuelvan. “Es la intervención innecesaria de un funcionario ilegítimo que hizo que se perdieran o no se tomaran pruebas, y eso remite a impunidad”, opinó, y agregó que Gonella “actúa en nombre de un gobierno circunstancial de turno y no en nombre de toda la sociedad”.

El candidato a fiscal se defendió de las acusaciones en su contra en la Comisión de Acuerdos, donde aseguró que no incurrió en ninguna “conducta disfuncional” y sostuvo que era “absolutamente imposible proceder porque el supuesto fáctico no tiene determinación de los elementos que la ley establece para avanzar”.